Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
U$D
/
MERVAL

Por primera vez, la Justicia avaló la suba en la tarifa de electricidad

El juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu rechazó un amparo presentado por un grupo de diputados bonaerenses y el Defensor del Pueblo de la provincia.

Por primera vez, la Justicia avaló la suba en la tarifa de electricidad

El juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, avaló hoy la suba en la tarifa de electricidad de las empresas Edenor y Edesur, al rechazar un amparo presentado por un grupo de diputados bonaerenses y el Defensor del Pueblo de la provincia.

Este es el primer pronunciamiento contrario a este tipo de pedido que se conoce en el fuero federal, ya que jueces de otros puntos del país venían fallando a favor del pedido de suspender la suba de tarifas.

El juez Ziulu rechazó de esta forma el pedido de no innovar, presentado contra el Estado Nacional y el Ente Nacional Regulador de la Electricida (ENRE), con el fin de que se decretara la nulidad de las resoluciones n° 6/16 y 7/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

La medida había sido solicitada en una acción de amparo iniciada por un grupo de diputados de la Provincia de Buenos Aires a la que adhirieron el Defensor del Pueblo bonaerense, el partido justicialista bonaerense y un club social y deportivo.

En los fundamentos, Ziulu sostuvo que “no corresponde sustraerse a la realidad de una grave crisis energética y las eventuales consecuencias que derivarían de una medida cautelar con los alcances que pretenden los accionantes”.

También graficó que “la producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica constituyen instrumentos estratégicos para el progreso del Estado y el bienestar de sus habitantes, generando un derecho en éstos de un acceso digno, sin el cual se afectan derechos sustanciales como la salud, la educación y la cultura”.

Consignó que el control de legalidad por parte del Poder Judicial de los actos estatales debe ejercerse “con extrema prudencia evitando que una decisión apresurada y carente de una sólida información técnica pueda tener la disvaliosa consecuencia, no sólo de obstaculizar la solución de la crisis, sino, incluso de agravarla”.