Miércoles  03 de Enero de 2018

Polémica por el ascenso de un gendarme imputado en el caso Maldonado

La decisión de promover al subalférez de Gendarmería, Emmanuel Echazú, generó el inmediato repudio de los parientes del artesano, que consideró que “podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación”.

Polémica por el ascenso de un gendarme imputado en el caso Maldonado

El Gobierno ascendió hoy al subalférez de la Gendarmería Nacional Emmanuel Echazú, el único imputado por su participación en el operativo de agosto pasado en el que falleció ahogado el joven Santiago Maldonado en el río Chubut.
 
La decisión del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich generó el inmediato repudio de parte de la familia del artesano, que consideró que “podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación”.
 
A través de la Resolución 1473-E/2017 de la cartera de Seguridad, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio a conocer el listado de los miembros de esa fuerza que fueron promovidos “al grado inmediato superior”.

 En el texto, el Ministerio consideró que “personal superior de la citada fuerza de seguridad, que se encuentra en condiciones de ascenso al 31 de diciembre de 2017, fue considerado por el respectivo organismo de calificación, no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior”.

“Que, además, Personal Superior mantenía su promoción supeditada a causas o situaciones que al presente se encuentran superadas y, habiéndose evaluado los resultados obtenidos por la Junta de Calificación respectiva, no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior del mismo, a la fecha que para cada caso se especifica‘, agregó la resolución.
 
En el anexo publicado se incluyó al subalférez Echazú como uno de los ascendidos y a partir de ahora ostentará el rango de alférez.
 
El gendarme, integrante del Escuadrón 36 de El Bolsón, había sido el uniformado de mayor rango que participó del operativo de desalojo de la Ruta Nacional 40, que se encontraba cortada el pasado 1 de agosto por integrantes de la comunidad mapuche de Pu Lof, en el departamento chubutense de Cushamen.
 
En ese marco, falleció el joven artesano de 28 años, quien fue encontrado muerto 78 días después, el 17 de octubre, sumergido en las aguas del río Chubut: si bien las pericias concluyeron que murió ahogado, la Justicia no pudo establecer aún las circunstancias en las que se produjo el deceso.
 
Durante el operativo, Echazú fue herido en el rostro, lo que le provocó doble fractura en el pómulo: declaró bajo juramento que había recibido un piedrazo de los mapuches al borde de la ruta 40, en la entrada a la comunidad, aunque en las imágenes genes se lo captó a la vera del río Chubut ensangrentado, por lo cual había quedado en la mira de los investigadores.
 
Echazú, incluso, se presentó espontáneamente  en el Juzgado a los fines de ponerse a disposición de la investigación, por lo cual se le dio intervención como imputado con acceso a la causa penal y luego fue aceptado como querellante: su defensa argumentó que por la herida había dejado de trabajar para afrontar un largo proceso de recuperación.
 
“Si lo hubiéramos visto ahogándose  (a Maldonado) lo habríamos auxiliado. Si se hubiera entregado, lo habríamos aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. Estaría vivo”, manifestó en diciembre pasado el gendarme.
 
Tras conocerse la noticia de su ascenso, la familia del joven criticó la decisión del Gobierno y evaluó que resulta “impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas”.
 
“Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago”, sostuvieron los familiares en un comunicado.
 
En el texto, titulado “Impunidad en ascenso”, reclamaron finalmente que la resolución del Ministerio de Seguridad sea “revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación”.
 
En declaraciones a Radio 10, el hermano del artesano Sergio Maldonado afirmó que la decisión adoptada por la ministra Bullrich “es una falta de respeto, sobre todo cuando est n siendo investigados”.
 
“Esto es premiar. ¿Qué van a hacer con los que tiraron gas pimienta o le pegaron palazos a jubilados? ¿Van a ascenderlos también? Me pone muy triste. Esto es darles rienda suelta”, remarcó.
 
La fiscal que interviene en el caso, Silvina Vila, había solicitado el cambio de carátula  de la causa de “desaparición forzada” a “muerte dudosa” pero el planteo fue rechazado en los últimos días de diciembre pasado por el juez federal Gustavo Lleral. 
 

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