Pese al malestar empresario, avanza el Senado para aprobar el impuesto a las grandes fortunas

Tras recibir a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la comisión de Presupuesto y Hacienda dejó listo el texto para ser tratado en el recinto. 

Pese a los intentos por parte del sector empresarial, el impuesto a las grandes fortunas avanza en el Senado sin retocar el texto que ya recibió media sanción en Diputados. Esta tarde, la comisión de Presupuesto y Hacienda que lidera el cordobés Carlos Caserio recibió a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y pasó a la firma el dictamen. Juntos por el Cambio anticipó que, al igual que en Diputados, rechazará la iniciativa que busca morigerar los efectos de la pandemia de Covid-19.

Al presentar los puntos salientes del proyecto con el que el Gobierno prevé recaudar cerca de $ 307.000 millones y que fue impulsado por el diputado Máximo Kirchner, Marcó del Pont aseguró que los fondos recaudados "van a ser aplicados a estos destinos tan sensibles y van a ampliar la capacidad del Estado Nacional para seguir desenvolviendo las políticas activas centrales de nuestra gestión durante el 2021 .

Dicho esto, la funcionaria detalló que el número de personas físicas alcanzadas por este impuesto será mayor a los algo más de 9000 que se habían estimado durante el tratamiento en Diputados. "Los datos preliminares  y las primeras estimaciones sobre las declaraciones juradas que estamos procesando, en este momento, nos están dando que 11.855 contribuyentes son los que deberían hacer el aporte , detalló la funcionaria.

Asimismo, Marcó del Pont subrayó que la iniciativa “grava a los empresarios y no a las empresas al tiempo que explicó que del total de contribuyentes a bienes personales, este impuesto extraordinario solo afecta al 1,2% . En tanto, añadió que el aporte "va a estar en cabeza del 3,2% de los y las contribuyentes".

En otro tramo de su exposición, la funcionaria destacó que, “en la composición de las declaraciones juradas de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera y cuando uno analiza ese patrimonio, casi el 93% está fuera de la Argentina". Sobre este punto, opinó que es "importante" que la iniciativa sea más exigente para los que tengan activos en el exterior .

Es que, vale recordar que la iniciativa alcanza a aquellas personas físicas que posean una riqueza declarada superior a los $ 200 millones establece que las personas humanas que tengan bienes declarados en el exterior deberán pagar un diferencial del 50% en cada escala. Y, si deciden repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior, quedarán exceptuados de ese diferencial y serán igualados con el resto de los aportantes.

Por otra parte, Marcó del Pont hizo alusión a los aportes provenientes del sector rural para especificar que la normativa "no" grava capital de trabajo de las empresas. Asimismo, aclaró: "No es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos para hacer frente a este aporte solidario .

Según los datos que arrojó la funcionaria, “solamente el 17% declara que tiene inmuebles rurales y solo el 2,4 % estaría afectado a este aporte .

El radical Julio Cobos anticipó que Juntos por el Cambio no acompañará la medida. Al tiempo que señaló que se trata de un impuesto "igual al de Bienes Personales", para luego reprochar que la iniciativa carece de "progresividad" y de "proporcionalidad".

"Este no es el camino adecuado. Va a estar lleno de impugnaciones y cuestiones judiciales", advirtió el mendocino, para luego rematar: "No me gusta cómo está planteado este impuesto que va sobre todos los bienes". 

 

El destino de los fondos

El proyecto de ley redactado por el diputado Carlos Heller establece que los más de $ 300.000 millones que se recauden tendrán cinco destinos específicos:

  • Comprar equipamiento de salud para atender la pandemia (20%).  
  • Apoyar a las pymes con subsidios y créditos (20%).
  • Urbanizar los barrios populares con obras que empleen a vecinos de cada barrio (15%).
  • Hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar GAS Natural (25%).
  • Financiar un relanzamiento del plan Progresar para que los jóvenes puedan seguir estudiando (20%).

Sobre este punto, el texto plantea además que “el Poder Ejecutivo deberá garantizar una distribución federal .

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