Lunes  06 de Abril de 2020

Para tributaristas, el impuesto al blanqueo que analiza el Gobierno sería inconstitucional

Sectores del oficialismo impulsan un nuevo tributo para recaudar sobre los activos declarados en el Sinceramiento Fiscal de 2016, pero expertos cuestionaron el eventual respaldo legal y comentaron que persigue fines políticos.

Para tributaristas, el impuesto al blanqueo que analiza el Gobierno sería inconstitucional

Especialistas en impuestos manifestaron sus dudas sobre la constitucionalidad  del nuevo impuesto que parte de la coalición de Gobierno sugirió crear, destinado a aquellos contribuyentes que blanquearon activos que tenían en el exterior sin declarar, al considerar que se trataría de un tributo que afectaría el derecho de propiedad y la igualdad contributiva.

"Hay que ver qué es lo que quieren gravar. Si establecieran que el que blanqueó en 2016 tiene que pagar una alícuota de Ganancias incrementada eso no tendría ninguna razonabilidad porque discriminarían entre contribuyentes que blanquearon y que no blanquearon", señaló Sebastián Domínguez, Socio de SDC Asesores Tributarios, a El Cronista, y agregó: "Esto afectaría el principio de igualdad, porque el haber blanqueado no significa mayor capacidad contributiva."

En ese sentido, Domínguez planteó que el blanqueo de hace cuatro años no puede ser parámetro dada la variación que pudo haber tenido la cotización de los bienes declarados en ese período de tiempo, además de no constituir una prueba de mayor capacidad contributiva.

"El patrimonio blanqueado puede ser mayor o menor a día de hoy. Las inversiones en el exterior bajaron, así que el que blanqueó puede tener mucho menos dinero, también pudo haberlo perdido o gastado, no es parámetro para poner un impuesto", indicó, por lo que calificó la iniciativa como "no razonable". "¿Por qué sería para el último blanqueo y no para los anteriores? Es algo político, no es razonable", dijo.

Además, Domínguez remarcó que los contribuyentes que ingresaron al blanqueo preveían una alícuota de Bienes Personales muy inferior a la actual, por lo que el impuesto anularía cualquier posibilidad de un nuevo sinceramiento fiscal en el futuro.

"A los que blanquearon ya se les cambió las reglas de juego. La alícuota de Bienes Personales había quedado en 0,25%, lo que fue un incentivo. Pero el gobierno anterior lo aumentó y este también, con lo cual estos contribuyentes ya tributan más que lo que tenían previsto. Esto haría que ningún blanqueo sirva en un futuro. No es de las mejores herramientas porque incentiva la evasión, pero a veces puede ser necesario", destacó.

Por su parte, César Litvin, de Lisicki, Litvin & Asociados, sostiene que se trataría de una iniciativa "inconstitucional" debido a que, al ser retroactiva, violaría el derecho de propiedad del artículo n° 17 de la ley de leyes.

"Aunque eventualmente pase el Congreso y se convierta en ley pero la Corte Suprema lo declararía inconstitucional. Lo es porque la retroactividad afecta el derecho de propiedad", señaló a este medio Litvin, que además citó las causas Insúa y Navarro Viola de Herrera Vegas como dos antecedentes importantes.

En ese sentido, el tributarista resaltó que el contribuyente que blanqueó, al pagar el impuesto, "generó un efecto liberatorio" de toda carga jurídica posterior que puedan buscar aplicarle. "La Constitución Nacional protege los derechos de los contribuyentes y pone un dique de contención contra el avance del Estado", remarcó.

Además, Litvin consideró que "es posible" que la difusión de la iniciativa tenga un componente político, incluso dentro de la coalición de Gobierno.

En tanto, Ezequiel Passarelli apuntó que los efectos recaudatorios del eventual impuesto no serían significativos y coincidió en que la difusión de la iniciativa tiene fines políticos.

"Yo creo que es más para marcar la cancha, todos saben que Bienes Personales es un impuesto que no tiene una gran recaudación. De hecho, es uno de los impuestos que menos recauda", dijo.

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