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Para el Gobierno, Gils Carbó debería "pedir licencia" tras su procesamiento

Lo dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien confirmó además que el juicio político a la procuradora general será "un tema central" en el Congreso tras las elecciones.

Para el Gobierno, Gils Carbó debería

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, pidió hoy que procuradora Alejandra Gils Carbó "se tome licencia" hasta que se resuelva su situación judicial, un día después de que procesaran a la procuradora por administración fraudulenta, y confirmó que su proceso de destitución será "un tema central" en la agenda parlamentaria tras las elecciones legislativas.

“La decisión del juez federal Julián Ercolini, de procesarla por fraude al Estado, crea por primera vez en el país una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina", señaló el funcionario en diálogo con radio Mitre.

Y continuó: "Por la situación que ella atraviesa, no debería poder llevar bien adelante su tarea así que sería lógico que pida, al menos, licencia".

El ministro recordó que Gils Carbó ya tiene una denuncia por proteger al empresario vinculado al kirchnerismo, Lázaro Báez, y "ahora ha sido procesada por un hecho grave, un hecho de corrupción por la compra de un edificio", en referencia a las irregularidades que se le imputan por la adquisición del inmueble destinado a la Procuración General de la Nación en el microcentro porteño.

 

En esa línea, Garavano puntualizó el proceder que la propia funcionaria tuvo cuando intentó remover al fiscal José María Campagnoli, mediante un jurado de enjuiciamiento.

“Ella escribe que la situación que estaba atravesando Campagnoli lo afectaba en su espíritu de modo de no poder llevar adelante su tarea y que por eso debía ser suspendido. Esas mismas palabras que ella dijo se le podrían aplicar perfectamente ", manifestó.

Ayer, el juez Ercolini procesó por primera vez a una jefa de fiscales, en este caso por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos, junto a otro cuatro imputados que participaron de la operación de la compra del edificio de la Procuración.

Destitución

Consultado sobre cómo influiría una derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, frente al proceso de destitución de la procuradora que impulsa el Ejecutivo, Garavano indicó que "la importancia que tiene la elección tiene que ver con la composición del Congreso".

“Lo que ha tenido hasta ahora el kirchnerismo es una minoría que ha bloqueado su juicio", afirmó. ”Es el Congreso, más allá de los avances de la Justicia, el que va a tener que decidir sobre el futuro de la procuradora, será ‘un tema central’ en la agenda parlamentaria para después de los comicios del 22.”

Y concluyó: “El Gobierno tiene serios cuestionamientos a la Procuradora por su desempeño, más allá de las consideraciones políticas que uno pueda hacer por su militancia y su cercanía a la ex presidenta Cristina Kirchner” .