Jueves  14 de Noviembre de 2019

Pacto social, una herramienta más en la lucha contra la inflación

Pacto social, una herramienta más en la lucha contra la inflación

La posibilidad de enmarcar la política económica del próximo gobierno dentro de un pacto social fue material de debate durante las últimas semanas. Típicamente, este tipo de arreglos busca que la institucionalización del dialogo, en una amplia mesa de debate en la que participarían los actores sociales más importantes, logre ser una plataforma sobre la cual se discutan temas económicos centrales, entre los que se destaca la inflación. Para aquellos que entienden que un fenómeno tan complejo como la inflación debe ser atacado desde muchos frentes, la posibilidad de sumar al set de herramientas un pacto social es visto con buenos ojos.

Lidiar con una inflación acotada, como la que suele encontrarse en buena parte del mundo, no requiere de políticas que vayan más allá del manejo monetario y fiscal. Si bien algunos países desarrollados han mostrado problemas para mantener la inflación por encima del margen inferior de su meta, lo cierto es que han logrado sostenerla por debajo del máximo sin mayores dificultades. Es posible que mantener una inflación baja impacte negativamente en el nivel de actividad (“costo de sacrificio"), pero difícilmente ese costo sea realmente elevado o ponga en riesgo la desinflación.

Hemos aprendido (por las malas) que para frenar un proceso inflacionario que se reproduce a si mismo vía inercia se necesita coordinar expectativas y difícilmente esto se logre trabajando solamente sobre la política monetaria y fiscal. Sin dudas las expectativas de los distintos agentes dependen de su creencia acerca del equilibrio intertemporal de las cuentas públicas, pero no es esta la única ni la principal variable a tener en cuenta. ¿Cómo pueden hacer los hacedores de políticas públicas para convencer al resto de los agentes de que la inflación realmente bajará? En este contexto es factible que un pacto social sirva como una valiosa herramienta de coordinación.

Este tipo de acuerdos busca discutir la nominalidad futura generando un juego cooperativo entra las partes involucradas en dónde todos concuerdan en aumentar precios a una determinada velocidad. Si las empresas creen que los salarios y el tipo de cambio no se moverá más que x% entonces se comprometerán a no aumentar sus precios más que y%. A su vez, si los sindicatos creen en la promesa de las empresas, no exigirán aumentos mayores a x%. Incluso de cumplirse, este juego generaría externalidades negativas (dejaría poco espacio a los cambios en precios relativos que toda economía necesita) pero este sería un efecto de segundo orden en relación a los beneficios asociados a reducir la nominalidad (o por lo menos no aumentarla).

Es lógico suponer que este tipo de acuerdos no pueden darse en el vacío. A ambas partes les gustaría saltar juntos a una situación de menor nominalidad, pero ninguna de las dos lo hará si la otra no lo hace primero. Lo razonable en este juego es no cooperar, es por esto que para que funcione se debería contar con un gobierno capaz de convencerlos de jugar y de hacerlo de forma cooperativa. Tal gobierno debería involucrar a ambas partes en la confección de esas metas y no imponerlas, al mismo tiempo que debería brindar consistencia macroeconómica a su política. Lamentablemente, por complejo que sea, esto no es suficiente porque para coordinar el futuro se necesita primero saldar el pasado.

La tarea más difícil del gobierno que desee llevar adelante este arreglo institucional estará en negociar la distribución de las perdidas observadas en los últimos años. Supongamos que el gobierno plantea que los aumentos de salarios y precios sean similares, ¿cómo reaccionarán los sindicatos ante este congelamiento de su salario real luego de haber perdido cerca de 20% del mismo en los últimos dos años? Si se plantea una mejora del salario real como parte del pacto, ¿de cuánto sería? ¿Cómo responderían las empresas, acorraladas por los aumentos tarifarios, los incrementos de sus costos importados y por una demanda anémica? ¿qué dinámica tomarían las tarifas de servicios públicos? ¿en qué estaría dispuesto a ceder un sector público que necesita, por lo menos, no profundizar el déficit actual?

Repartir perdidas, coordinar, convencer y hacer todo esto en el marco de un programa fiscal y monetario consistente serán tareas muy complejas si el gobierno quiere estructurar un pacto social exitoso. La fuerza política con la que cuenta el gobierno entrante (control sobre las principales cupulas sindicales) será un activo importante, pero que se puede evaporar rápido si no se encuentran resultados en el corto plazo.

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