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Oficina de Presupuesto del Congreso, reforma que aporta valor institucional

El jueves pasado, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Este hecho, que pasó casi inadvertido, representa en realidad una reforma necesaria y un avance muy importante en términos de calidad institucional y de mejora del funcionamiento del Estado.
Actualmente, pese a que la norma que sanciona el presupuesto de cada año es denominada la ‘Ley de leyes’, existen enormes asimetrías entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el análisis de la información correspondiente. Mientras que el primero cuenta con cientos de técnicos que se dedican a analizar el comportamiento de las principales variables económicas, realizar proyecciones y cálculos, cruzar los datos de ejecución financiera y física, definir límites de gasto y distribuir los créditos de cada repartición pública, los legisladores solo cuentan, en el mejor de los casos, con un asesor que debe ocuparse de analizar la enorme cantidad de información presentada en un plazo cada vez más corto.
En consecuencia, las discusiones suelen concentrarse sobre algunas cuestiones particulares, como los supuestos macroeconómicos, y sobre los temas específicos que dominan ciertos legisladores, degradando el sentido original de la discusión presupuestaria, ya que la idea es que en ella participen y realicen aportes todos los sectores representados en el Congreso, de manera tal que el proyecto aprobado sea representativo de toda la sociedad.
Para resolver esta situación, en los Estados Unidos se creó en 1975 la Congressional Budget Office que permite a los legisladores contar con una dependencia ajena al Poder Ejecutivo, compuesta por profesionales destacados del ámbito de las finanzas públicas, que genera reportes sólidos técnicamente y ajenos a cualquier injerencia partidaria, que pueden contrastarse con los que produce el gobierno y proporcionan a diputados y senadores una base sobre la cual sostener el debate presupuestario.
Como consecuencia del éxito que se registró en esa primera experiencia, la Oficina de Presupuesto del Congreso se replicó en cerca de 40 países, en los que se comprobaron sus múltiples ventajas. Entre las principales, estos organismos permiten reducir la asimetría de información que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, evitan que cada legislador tenga que hacer un estudio propio de los principales números del presupuesto, realizan análisis mediante series de tiempo y comparaciones interdimensionales, permiten tener una síntesis objetiva de los aspectos centrales del proyecto de presupuesto presentado al Congreso y realizan un seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Al mismo tiempo, cubren otro aspecto importante de la discusión legislativa, como es la proliferación de proyectos presentados que no tienen en cuenta el impacto de las acciones que se proponen sobre el presupuesto público. Para evitar tales situaciones, una de las funciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso es la de realizar una evaluación del costo fiscal de cada proyecto de Ley que se presente, evitando así la aprobación de normas que generen un desfinanciamiento del Estado.
Desde ASAP celebramos que este tema, en el que venimos trabajando desde hace años con diputados y senadores de todos los partidos políticos, se instale en la agenda pública y esperamos que pronto pueda recibir una sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Creemos que en la medida en que todos los actores tengan mayor y mejor calidad de información habrá más transparencia, mayores elementos de análisis y más participantes en la discusión pública, elevando así el nivel del debate sobre el presupuesto y la política fiscal. En ese sentido, nos parece fundamental que el proyecto se haya aprobado por unanimidad, ya que ello muestra la madurez del sistema político argentino a la hora de encarar una reforma que puede mejorar sensiblemente la discusión sobre qué hace el Estado con los recursos que nos pide a todos los ciudadanos.