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Obra pública: el Gobierno pagará a 60 días y la deuda de la gestión K, en bonos

El pasivo generado entre mayo y diciembre sería saldado en títulos, pero no hay fecha. También preparan nuevo sistema de ajuste de costos acorde con inflación real

La parálisis de la obra pública por falta de pago y las consecuencias que trajo sobre los trabajadores –con 30.000 obreros ya despedidos entre noviembre y diciembre pasado– podría comenzar a revertirse en los próximos dos meses, ya que el Gobierno definió que las obras retomadas o iniciadas en diciembre tendrán un plazo de pago de 60 días. Además, estudia la modificación del sistema de redeterminación de precios, que también representó un problema en los últimos años para las constructoras porque los contratos se ajustaban por índices medidos por el cuestionado Indec, que ni se acercaban a los costos reales.
La gestión de Mauricio Macri quiere reactivar el sector de la construcción y comenzar a pagar las obras rápidamente para que las que están paradas se retomen y las nuevas, arranquen. Pero el Gobierno de Cristina Kirchner dejó una deuda con las empresas muy importante que sólo de vialidad asciende a los $ 10.000 millones. Del Plan Federal de Viviendas, alcanza a los $ 5000 millones. Todas las deudas por obras serán pagadas en bonos, según les adelantó el Gobierno a los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), aunque desde las propias dependencias oficiales precisaron que eso "aún está verde", ya que la prioridad es hacerse cargo de los pagos correspondientes a las obras realizadas a partir de diciembre, cuando asumió Macri.
Hasta el cambio de Gobierno, todo lo que era obra pública dependía del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido. Ahora, dependen de tres carteras. Las obras viales, ferroviarias, portuarias y del rubro aerocomercial están bajo la órbita del Ministerio de Transporte, que dirige Guillermo Dietrich. Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, tiene a su cargo las obras de Aysa, Recursos Hídricos, Enosa, hospitales y escuelas. Y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, define y controla las obras de su rubro. En todas existen deudas y en todos los casos la promesa es que la deuda generada entre mayo y diciembre de 2015 sea abonada en títulos y la nueva, a 60 días.
La ralentización de los pagos comenzó a ser cada vez peor desde septiembre del año pasado. En viviendas, por ejemplo, ese mes giraron $ 2500 millones; en octubre, $ 1200 millones; en noviembre, $ 800 millones y en diciembre, cero. En enero, apenas $ 500 millones. Este contexto se agravó de mal forma que el consejo ejecutivo de la cámara, que debía reunirse el miércoles próximo, se realizó a comienzos de febrero, con una gran preocupación de todas las provincias. En el interior, el 75% de las constructoras hacen viviendas. Con el Procrear, sin embargo, no está habiendo problemas.

Readecuación de precios

El sector de la construcción no sólo sufre el problema de la falta de pagos, sino también la falta de redeterminación de los precios de las obras de acuerdo a los índices de inflación reales. El sistema de ajuste hoy ni siquiera funciona, ya que el Indec se tomó su tiempo para dar a conocer cifras confiables.
Pero igualmente las empresas venían reclamando al Gobierno cambios en ese esquema para mejorarlo y poder cubrir, en el menor tiempo posible y con índices certeros, los ajustes por inflación que van sufriendo las obras. Hasta ahora, y tal como fijaba el decreto 1295 del 2002,
la obra continuaba con los mismos precios hasta que no se produzca un aumento del 10%. Recién ahí se determinaba el valor. Y además, no se les pagaba sobre el 100% de la variación, sino sobre el 90%.
Ahora el Gobierno evalúa aplicar el mismo sistema que adoptó la ciudad de Buenos Aires para reajustar las obras porteñas, que gatillaría el cambio de precio una vez que aumente el 4% en lugar del 10% actual y se les pagaría el 100%. El problema que tienen ahora en el Gobierno es que como el Indec tiene sus índices de inflación en revisión, deben acudir temporalmente a otros índices para ajustar los costos de las obras.
"Hace cuatro años que le veníamos pidiendo al Gobierno que cambie el sistema porque era injusto, inequitativo de las variaciones de los costos reales y además no tenía fecha de pago cierta. Por eso las obras empezaron a paralizarse", indicó el presidente de la cámara, Juan Chediack. Ahora, agregó el empresario, esperan una rápida normalización para poder retomar las obras y poder recuperar el empleo perdido.
A este contexto se suma la presión que llegará por parte del gremio para negociar paritarias en torno al 30% a partir de marzo.