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Nuevo sistema de Participación Pública Privada permitiría resolver juicios en el Ciadi

La alternativa fija sanciones por incumplir, causales de extinción y abre la posibilidad de acudir a arbitraje externo como método de solución de controversia

En la senda de conseguir inversiones privadas que lleguen a la Argentina, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que regula el régimen de participación público-privada (PPP).
La norma era muy esperada tanto por el sector público como por el privado que busca en esta herramienta un instrumento para facilitar la llegada de inversiones para obras.
El proyecto consta de 26 artículos y el último es uno de los más importantes ya que en su inciso A establece que las "contrataciones, sujetas a la presente ley, no les serán de aplicación directa, supletoria ni análoga" al régimen de obra pública (Ley 13.064) y la ley de Concesiones (nº 17.520); abriendo la puerta para que el Ejecutivo pueda cerrar contratos sin pasar por los filtros que establecería la norma de transparencia que mandará el Ministerio de Interior.
Asimismo, otro punto que llamó la atención en la confección de la norma es que en el Capítulo VI "solución de controversias" en su artículo 23 establece la posibilidad de "determinar la posibilidad de establecer mecanismo de avenimiento y/o arbitrajes", abriendo la puerta a acudir a organismos internacionales de solución de controversias.
El texto de la norma, que publicó La Política Online, incluye el reparto de riesgos, la determinación de las obligaciones, riesgos y aportes asumidos, así como las sanciones por incumplimiento, los procedimientos de aplicación y las formas de ejecución. Además limita la potestad del Estado de disponer "unilateralmente" la variación del contrato, las causales de extinción y los procedimiento de compensaciones así como métodos para determinar el pago.