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Nuevo intento en Diputados para convertir en ley el régimen penal empresario

La oposición anticipó diferencias pero como el texto ya fue discutido en la Cámara baja, no se podrán hacer cambios. Se debate la prórroga a la suspensión de desalojos indígenas

Nuevo intento en Diputados para convertir en ley el régimen penal empresario

En trámite exprés, las comisiones de Legislación Penal y General de la Cámara baja le dieron luz verde ayer al proyecto que crea un régimen penal para empresas involucradas en delitos de corrupción. Los diputados, que ya habían tratado el tema hace cuatro meses en una sesión bochornosa en la que aprobaron artículos que se contradecían, avalaron sin más la redacción que rearmó casi integralmente el Senado. El texto se discutirá en el recinto hoy mismo, con el apoyo de Cambiemos, algunas disidencias del Frente Renovador, y los rechazos del PJ-FpV y el FIT.

Por Cambiemos, los presidentes de ambas comisiones valoraron el aporte de los senadores. Para la radical Gabriela Burgos, titular de Legislación Penal, en algunos puntos "el texto que propone la Cámara de Senadores es mucho más claro". El macrista Daniel Lipovetzky, por su parte, valoró que esta es "la mejor ley posible".

Como el texto ya fue aprobado por los diputados y revisado por los senadores, en la sesión que comenzará este mediodía los legisladores sólo podrán aceptar o rechazar la nueva redacción. No podrán hacer cambios. Por eso, el Frente Renovador anticipó que expresará disidencias parciales en varios artículos. "Lamentamos cómo quedó establecido el cálculo de la sanción y que se haya eliminado la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, que son delitos que lleva muchos años investigar y esclarecer. Eso es un beneficio para los que delinquen", detalló Juan Brugge. Esa fue una de las principales modificaciones del Senado: la prescripción de las penas para estos delitos quedó fijada en seis años.

Brugge además subrayó la velocidad del trámite y la relacionó con el "apuro del oficialismo para quedar bien con un organismo internacional", en referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Argentina es miembro, junto a otros 40 países, del Grupo Antisoborno de ese organismo y hace 16 años que debe un régimen penal para personas jurídicas acusadas de corrupción.

Para el PJ-FpV, en tanto, el artículo más cuestionable es el 9, que habilita a que las personas jurídicas sean eximidas de las penas si cumplen tres requisitos simultáneos: denuncia espontánea del delito como consecuencia de una investigación interna; adhesión a un programa de integridad cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de quienes delinquieron; y devolver el beneficio indebido obtenido. "Las tres condiciones son demasiado contemplativas de la actividad ilícita de una compañía", dijo Rodolfo Tailhade.

Por el FIT, Pablo López anticipó que mantendrán el rechazo al texto porque "los intereses de la ley" propuesta por el Ejecutivo "no han sido cambiados en el Senado".

La sesión está convocada para las 11.45 e incluye como otro de los temas salientes la prórroga de la ley 26.160 que mantiene suspendidos desde 2006 los desalojos a comunidades indígenas. Ese texto, ya aprobado por el Senado, propone extender las suspensiones hasta 2021 para darle tiempo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a terminar un relevamiento sobre esas comunidades en todo el país. La discusión tendrá el trasfondo de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.