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"No vamos a debatir la baja de la imputabilidad durante la campaña"

A cargo de la confección de la iniciativa, la define como una propuesta "moderada", que se aplicará sólo en caso de delitos graves. Sería llevada al Congreso luego de las elecciones

Martín Casares, jefe de Política Criminal, uno de los artífices del proyecto

Martín Casares, jefe de Política Criminal, uno de los artífices del proyecto

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el armado de un proyecto de ley para reformar el régimen penal juvenil y reducir la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años agitó el avispero político en la primera semana de un 2017 que se había despachado, principalmente, con noticias trascendentes desde lo económico. Fueron variadas las repercusiones dentro del frente Cambiemos y la iniciativa generó cuestionamientos sobre todo desde el kirchnerismo, pero también de parte de la titular del GEN, Margarita Stolbizer (ver aparte). Uno de los principales impulsores de los cambios, Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano, dialogó con El Cronista sobre los motivos de la reforma.

–¿El crimen de Brian Aguinaco hace dos semanas fue el motivo de esta iniciativa del Gobierno para reformar la ley penal juvenil?
–No. Esta reforma la veníamos planeando desde el año pasado y fue incluida entre los principales puntos de gestión que lanzamos dentro del plan Justicia 2020. Por eso, y existen documentos que lo prueban, la habíamos ideado para el último cuatrimestre de este año.

–Hubo dirigentes que la definieron como una medida demagoga en un año electoral...
–Todo lo contrario. Quedó demostrado en las últimas horas por el propio ministro Garavano. La idea que tenemos es que el debate no se produzca en la campaña para que no se desvirtúe. Por eso se previó para la última parte de este año, e incluso puede tratarse en el Congreso en 2018 si no se llega a tiempo. Pero de ninguna manera vamos a debatir la baja de la imputabilidad durante las elecciones legislativas.

¿Cómo van a ser los pasos previos al envío del anteproyecto al Congreso de la Nación?
–Será un período largo durante todo el año, que comenzará en unos diez días con la confección de una comisión interdisciplinaria que estará integrada por especialistas de distintos sectores. Se irá debatiendo con organismos internacionales y tras ello llegarán a una conclusión que luego será elevada al Ministerio de Justicia para que se confeccione un proyecto de ley posterior.

–Aun en caso de ser sancionada, la constitucionalidad de la ley puede ser cuestionada en la Justicia, como sucedió en otros casos. ¿Prevén que esto pueda pasar?
–Más allá de la cuestión dogmática de fondo que implica el debate, hicimos un análisis de constitucionalidad del tema y creemos que, al convocarse una comisión con opiniones diversas, lógicamente debería surgir una propuesta que reúna esos requisitos constitucionales.

El régimen penal juvenil actual es de 1980, tiempos de dictadura militar. ¿Cómo hay que adecuarla a otros países de la región?
–La mayoría de los países de Sudamérica fijaron la edad de imputabilidad en 14 años y se demostró que era constitucional hacer el cambio. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela lo ratifican.

–¿Existen datos sólidos sobre la cantidad de jóvenes que delinquen y los que están presos?
–Los datos empíricos en este sentido, en la Argentina, son muy pocos. Existe una fotografía general sobre la cantidad de detenidos que tienen entre 16 y 18 años, que se calcularon en 1142, pero hay muchos más, incluso menores de esa edad, que delinquen y no son tenidos en cuenta en las estadísticas. Al no haber una ley nacional, te encontrás con situaciones bien diferentes en todas las provincias.

–¿De qué manera se va a medir qué delitos pueden ser imputables a menores?
–No se va a meter preso a un chico por un hurto común. Sino que se va a tener en cuenta para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas. Y la idea es que de concretarse una nueva ley sirva para reinsertar a esos jóvenes. Por eso planteamos reformular los institutos de menores, dotándolos de un presupuesto acorde a esas necesidades.

–En caso de prosperar, ¿esta iniciativa puede derivar en otros cambios en leyes trascendentes?
–Sí, dentro del proyecto Justicia 2020 siempre estuvieron contemplados los cambios, entre los que se destacan el tratamiento de un nuevo Código Penal. Existe una situación de inseguridad muy fuerte en el país, y para mejorarla es que decidimos encarar los cambios que estamos proponiendo.