Nación negocia con las provincias cómo cubrir el salario de docentes de 17.000 escuelas privadas

Con la perspectiva de un regreso escalonado a clases recién en agosto, los ministerios de Educación de la Nación y de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires trabajan a contrarreloj para definir un esquema de compensación salarial para unas 17.138 escuelas de gestión privada que en todo el país afrontan dificultades para el pago de salarios a su personal docente y no docente.

La cartera educativa nacional, a cargo de Nicolás Trotta, negocia con los ministros de las jurisdicciones el mecanismo a establecer para la cobertura sueldos según el rango de ayuda y las particularidades de cada escuela y el nivel de asistencia dispuesto a ceder por cada distrito. En términos generales, los gobernadores destinan aproximadamente el 12,5% del presupuesto educativo a financiar establecimientos escuelas privadas, siendo que la recaudación viene en caída en todos lados.

Según estadísticas que manejan en el Palacio Pizzurno, el 68% de las escuelas privadas  -más de 11.000 en todo el país- recibe ya algún tipo de subsidio destinado cubrir todo o parte de la masa salarial del personal que cada jurisdicción ha reconocido indispensable para su normal funcionamiento y la instrucción de los contenidos obligatorios. Esto quiere decir que hay escuelas con 100% de subsidio, pero docentes cuyas asignaturas, por ser extracurriculares, no son cubiertas.

Al interior del grupo de escuelas privadas subvencionadas, el 58% percibe aportes estatales equivalentes al 100% de sus costos en salarios docentes. En momentos en que la recaudación cae en picada a nivel nacional y provincial, la disputa por la cobertura de los sueldos no es menor, y de allí que las cámaras que agrupan a los colegios pidieran ser incluidas en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que se les cubra el 50% del salario de bolsillo.

La intención oficial es determinar qué porcentaje del salario de cada maestro tiene origen en recursos tributarios nacionales o provinciales, y solo empardar las contribuciones hasta el 50% del sueldo de bolsillo para aquellas escuelas con menos soporte estatal. Para ello trabajan entrecruzando la información disponible en las bases de datos de la AFIP.

La realidad de la educación privada varía sensiblemente en cada distrito. Por caso, la ciudad de Buenos Aires tiene más escuelas privadas que públicas (56% del total); la provincia de Buenos Aires le sigue con 34% y luego Mendoza, con 29%. Las provincias con menor participación de este sector de gestión son Catamarca y Santiago del Estero (ambas con 7%).

Las jurisdicciones que más subsidian la educación privada Santa Fe, Catamarca y Entre Ríos, con cerca del 90% de las instituciones percibiendo alguna asistencia económica, mientras que las que menos otorgan son Chubut y Jujuy, con aportes para una de cada tres escuelas.

Al comienzo del aislamiento, la cartera de Educación había emitido una serie de sugerencias para que los establecimientos difirieran el pago o bien descontaran ítems no vinculados al mantenimiento del servicio educativo, de una manera de ayudar a las familias que vieron afectados sus ingresos.