Miércoles  06 de Febrero de 2019

Modificaron reglamentación clave para definir los aumentos de gas

Lopetegui les comunicó a directivos de las distribuidoras algunos de los cambios que se publicarán en los próximos días. La licitación es clave para definir el aumento de tarifas a partir de abril.

Modificaron reglamentación clave para definir los aumentos de gas

Tal como adelantó el martes El Cronista, el Gobierno citó a los ejecutivos de las empresas distribuidoras para comentarles que hizo lugar a algunos de sus pedidos y modificó las condiciones de las subastas para el abastecimiento de la demanda prioritaria (hogares).

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, recibió en el salón Belgrano del Palacio de Hacienda a directivos de Camuzzi, Metrogas, Naturgy (ex Gas BAN), EcoGas, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) con las novedades que había anticipado este diario: cambio de plazo de pago y licitaciones divididas en dos días.

En lugar de la fecha original del lunes 11, serán el jueves 14 y viernes 15, esta última solamente para la Cuenca Norte, que carece de producción local suficiente para abastecer al consumo.

Fuentes de las distribuidoras comentaron que "hubo satisfacción en el sector después de la reunión" porque "se sintieron escuchados" por el Gobierno.

La licitación es clave para definir el aumento de tarifas que se aplicará a partir de abril, ya que el precio mayorista del gas representa cerca de un 50% de la boleta final.

El 9 de enero, Energía había publicado un texto que fue sometido a consulta pública hasta el 25 de enero para que los interesados participaran y ayudaran a mejorar las condiciones de la subasta. Tras casi dos semanas, el Gobierno le dio el visto bueno a algunos requerimientos.

En una resolución que se publicaría el próximo lunes -si es que no se llega a pulir el texto para este viernes-, se determinará que el plazo de pago en el que las distribuidoras tendrán que cancelar la factura por el gas a las productoras (YPF, PAE, Total, Tecpetrol, Pampa Energía, CGC y Wintershall, entre otras) no será de 30 días, como se propuso en el borrador, ni tampoco de 75, como venía siendo hasta ahora. Más bien, se buscará un punto medio, que esté en torno a los 60 días e intente ser ecuánime ante las demandas de las petroleras.

Las distribuidoras cobran de sus usuarios el gas unos 75 días después de entregar el gas.

En un comunicado de la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), el sector rechazó el adelantamiento de los plazos de pago, que le hubiera generado la necesidad de salir al mercado financiero para contar con un capital extra de unos $ 31.000 millones a tal efecto, con un costo financiero calculado en $ 9532 millones.

Del otro lado, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (Ceph, que agrupa a las petroleras) expresó su respaldo a la medida, y advirtió que continuar con los plazos de pago vigentes generaría que el costo financiero lo asuman ellos, lo que resultaría en precios más caros en la subasta del gas.

Las distribuidoras demandan alrededor de un 30% del gas que se consume en el país. Para las licitaciones que se realizarán la semana que viene a través del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA) podrían contar con Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) como oferentes solamente para la Cuenca Norte y los usuarios subsidiados (en la Patagonia, la ciudad mendocina de Malargüe y la Puna), aunque sobre esto último hay diferencias en el Gobierno.

Otro punto álgido era el plazo de los contratos, que originalmente se iban a extender en tres años y finalmente se cerrarían en un año, por los riesgos macroeconómicos intrínsecos a la Argentina.

Es que de ocurrir una nueva devaluación, como sucedió el año pasado, las distribuidoras no podrían trasladar a las tarifas los mayores costos en pesos asociados a sus contratos en dólares.

Ese fue el nudo de la compensación a las petroleras (por las Diferencias Diarias Acumuladas, previstas en la normativa de 1992, cuando regía la convertibilidad) por unos $ 21.000 millones que generó un escándalo político en octubre del año pasado y saldó el Estado con la decisión de entregar un bono a 30 meses a partir de octubre de este año para desactivar la polémica.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), a su vez, tomó participación en el asunto, y recomendó a Energía mecanismos para evitar la cartelización entre empresas.

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