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Ministerios renegociarán los contratos de obras y servicios públicos

El gobierno nacional dio ayer un nuevo paso hacia la normalización de los contratos con las concesionarias de obras y servicios públicos, al derogar las normas que encargaban ese proceso a la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos). En este sentido, se delega en los ministerios correspondientes continuar con cada renegociación, y se los autoriza a realizar "las adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarias para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación contractual y la realización de la Revisión Tarifaria Integral".
La decisión busca formalizar el régimen tarifario de las empresas y autorizar las nuevas fórmulas de actualización, a fin de "recomponer su ecuación económica financiera" y cerrar el proceso iniciado en enero de 2002, cuando la ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Aquella norma dejó sin efecto las pautas de ajuste según la variación del dólar u otras divisas, las cláusulas basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Mediante el decreto 367, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, se derogaron el decreto 311, de julio de 2003; y la resolución conjunta 188 de los ex ministerios de Economía y Producción y 44 de Planificación Federal, de agosto de aquel año. A los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos se instruye ahora a los ministerios a cuyas órbitas correspondan, que prosigan los procedimientos actualmente en trámite ante la Uniren. Cada cartera podrá, en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, suscribir acuerdos parciales de renegociación contractual.
Del mismo modo los ministerios podrán disponer "adecuaciones transitorias de precios y tarifas" a fin de garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, hasta que se suscriban los acuerdos integrales de renegociación contractual, a cuenta de lo que resulte de la Revisión Tarifaria Integral.
Los acuerdos integrales serán enviados a la Procuración del Tesoro y se someterán a consideración de la Sindicatura General de la Nación en forma previa a su firma por el ministro con competencia específica. A su vez, en el marco de la revisión integral que surja de esos acuerdos se contempla la convocatoria a audiencias pú blicas que posibiliten la participación ciudadana.