DE $ 68 MILLONES PRESUPUESTADOS PARA RECUPERAR INCLUSIÓN, AÚN NO SE USÓ NADA

Mientras Servini le apunta a la Rosada, el plan contra las drogas está parado

Anunciado en marzo, prevé la creación de centros asistenciales en todo el país, pero todavía no se ejecutó. En paralelo, la jueza amenaza con allanar la Casa de Gobierno

La verdad que si tuviéramos que definir el día de hoy sería tal cual lo ha bautizado el Padre Juan Carlos, el titular de la Sedronar, Recuperar Inclusión. Así comenzó el discurso del 31 de marzo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que lanzó oficialmente un programa asistencial para la prevención de las adicciones, que estipulaba una inversión global de $ 2.000 millones. Cinco meses después, del programa para el que Presidencia calculó un gasto anual de $ 68,80 millones no ha salido un sólo centavo según consta en el índice de ejecución presupuestaria.
La llegada del padre Juan Carlos Molina a la Sedronar, a fines del año pasado, representó una fuerte movida del Gobierno por reactivar un organismo salpicado por constantes sospechas de corrupción y que en las últimas semanas ha estado bajo la lupa de la jueza federal María Servini de Cubría, quien tramita una causa que investiga el tráfico de efedrina y en la que están involucrados varios ex funcionarios de la Secretaría, entre ellos Ramón Granero, ex titular y recientemente procesado por Servini de Cubría.
La jueza sorprendió el viernes pasado declarando en una entrevista en radio Mitre que existen cruces de llamados entre teléfonos de la Rosada con algunos narcos y advirtiendo que le está dando tiempo a Presidencia para que informe sobre los números que aparecen en las pericias, antes de ordenar lo que sería un inédito allanamiento a la Casa Rosada.
La Sedronar comenzó el año con un presupuesto de apenas
$ 128 millones, pero sobre el transcurso del mismo tuvo una inyección de otros $ 61 millones, totalizando un global de
$ 189 millones de los cuales por ahora pagó solamente $ 91 millones, menos de la mitad. No obstante, a partir de la puesta en marcha de Recuperar Inclusión se dispuso que se ejecutaran otros $ 68,8 millones para ese programa, el número 17 de la Secretaría. Al 31 de agosto, no se reportó ningún aporte al mismo, según datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
Más allá de que los números por ahora no lo grafiquen, desde la Sedronar continúan firmando convenios en todo el país. Según reseña la web oficial del ente, el viernes pasado Molina firmó convenios en Corrientes y Chaco para la construcción de un Centro Preventivo Local de las Adicciones (Cepla) y de una Casa Educativa Terapéutica (CET). Según había asegurado Cristina en el discurso de marzo, las CET funcionarán como espacios de contención y acogimiento para mitigar el consumo de drogas y/o alcohol, y las Cepla serán espacios de contención donde se realizarán actividades de recreación, formación y concientización.
Con la problemática del narcotráfico en pleno auge, las últimas noticias judiciales más los recientes dichos de Servini, han generado señales de alerta en el kirchnerismo. La semana pasada, también en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a cinco empresarios a penas de entre 2 y 11 años de prisión por el tráfico ilegal de cerca de 13.000 kilos de efedrina, que fue autorizado por Granero, el procesado ex funcionario. Entre ellos se encuentran Augusto Abraham, dueño de Farmacéuticos Argentinos y Guillermo Manfredi, gerente de ese laboratorio. Según consignó el diario Perfil en su edición de ayer las comunicaciones entre narcos y la Rosada a las que refirió Servini fueron con ellos.
La jueza investiga en dicha causa a Miguel Zacarías, ex secretario privado de Granero, por las presuntas triangulaciones con la Casa Rosada y con los narcos. Zacarías tiene tres hermanos investigados: Máximo, ex empleado del PAMI; Rubén, ex jefe de Protocolo de la Casa Rosada, y Luis, empleado de la secretaría privada de Presidencia de la Nación.

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