Martes  02 de Julio de 2019

Mercosur-UE: el Gobierno salió a retrucar “mitos” sobre el acuerdo

En un nuevo documento, de 15 páginas, dedica las últimas cinco a contestar reclamos, observaciones y preocupaciones de sectores que sostienen que habrá perjuicios para el país en ciertos rubros, como consecuencia de asimetrías y otras desventajas.

Mercosur-UE: el Gobierno salió a retrucar “mitos” sobre el acuerdo

El Gobierno, a través de un extenso texto difundido por la Cancillería, salió hoy a retrucar las críticas que, desde distintos sectores, se le están haciendo al acuerdo o proto acuerdo (aún no se ha firmado y falta definir aspectos cruciales de la letra chica) que estableció el Mercosur con la Unión Europea (UE), calificado como “histórico” por la administración de Cambiemos. 

El documento, de 14 páginas inicialmente pero que luego llegó a 15 con una actualización hecha durante la misma tarde, dedica las últimas cuatro (luego cinco) a “desmitificar” ciertos aspectos del acuerdo, en alusión a reclamos, observaciones y preocupaciones de sectores que sostienen que habrá perjuicios para el país en ciertos rubros, como consecuencia de asimetrías.

En su resumen, en los puntos A,B,C, D, F, G y H el Gobierno asegura, por ejemplo, que “no se expondrá inmediatamente a la industria local a la competencia europea; “no implica una apertura sin red de contención; “no modifica la legislación en materia de patentes y datos de prueba”; “no elimina los regímenes de importaciones temporales libre de aranceles (admisión temporaria y drawback)”; “no obliga a modificar la legislacion ambiental y laboral” y “no afecta las compras gubernamentales como politica de desarrollo”.

 

No es el primer documento que elabora el Gobierno sobre el acuerdo. El viernes, con la firma misma del entendimiento, el Ministerio de Producción envió un primer resumen de las caracteristicas del convenio, que ayer amplió en otro envío. Ayer también se conoció el documento que la Comisión Europea elaboró al respecto, que fue subido, en inglés, a la página del organismo. 

En la introducción al documento difundido hoy, el Gobierno reafirma que se trata del acuerdo "más amplio y ambicioso alcanzado por ambos bloques en toda su historia, creando un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores que se beneficiarán de una oferta más diversa y de mayor calidad a precios más competitivos".

En línea con esta defensa, casi todos los funcionarios macristas, sin excepción, han salido a reivindicar a coro el acuerdo con la UE, pese a la observación de que aún falta mucho para que su concreción se torne una realidad, sea por los puntos que faltan negociar, como por el hecho de también se debe atravesar el paso de las ratificaciones parlamentarias de los países que integran tanto el bloque del Mercosur, como los que componen la UE.

En ese sentido, justo hoy Francia salió a bajarle el tono a las declaraciones a favor que salieron de la boca de su presidente, Emmanuele Macron, al señalar que el país aún no está maduro para ratificarlo. En tanto, en la Argentina, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann (PRO), estimó hoy que el acuerdo del Mercosur-UE podría ingresar “en dos o tres meses” al Congreso para su tratamiento.

Los puntos controvertidos, las críticas y las aclaraciones

El tema de las contrataciones públicas, un filón codiciado desde hace tiempo por las empresas extranjeras, fue un punto sensible en los debates que originó el anuncio de la firma del pacto. En ese  sentido, el Gobierno advirtió hoy que "cada año 250 mil autoridades europeas efectúan compras públicas en servicios y bienes por un equivalente al 16% del PBI europeo (aproximadamente €2,7 billones)" y que "el acuerdo permite a nuestras empresas participar de ese mercado, al tiempo que preserva nuestro propio sistema de compras públicas para PyMEs argentinas".

Señaló, además, en el punto F del capítulo dedicado a rebatir lo que considera son "mitos", que "el acuerdo no obliga al Estado argentino a adquirir bienes o servicios europeos", al tiempo que explicó que "los compromisos se limitan a garantizar la transparencia en los procesos de contratación, así como la no discriminación entre oferentes nacionales y extranjeros".

Según el documento que envió Cancillería, "las firmas europeas sólo podrán competir con las empresas argentinas en aquellas licitaciones que superen el umbral mínimo de USD 1.200.000. Adicionalmente, se mantuvo la posibilidad de aplicar requisitos especiales a las empresas extranjeras por un período de 16 años y sin límite de tiempo para los Ministerios de Defensa y Seguridad". Agrega que "se excluyó de la aplicación del capítulo de contrataciones públicas a los programas de contratación pública destinados a favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (preferencias de precios y el derecho a mejorar la oferta original) y la innovación".

Otro punto sensible es el de las patentes. En este punto, el Gobierno salió hoy a explicar, escuetamente, que "el acuerdo no implica aumentar los niveles de protección en materia de patentes, datos de prueba o variedades de plantas".

El trabajo dedica algunos párrafos a la cuestión muy meneada de la protección a la industria nacional. 

Así, en los puntos A y B, del capítulo dedicado a rebatir “mitos”, el Gobierno advierte que “no se expondrá inmediatamente a la industria local a la competencia”, punto en el que aclara: “Los plazos de desgravación arancelaria asimétricos, sumados al tiempo que demorará el acuerdo para entrar en vigor, permitirán al gobierno y al sector privado seguir avanzando con las reformas competitivas para mejorar la estructura productiva y adaptar así a la industria a los nuevos estándares de competitividad”.

Y también dijo que “no implica una apertura sin red de contención”, tras lo cual señaló que “además de los plazos de desgravación más lentos incluidos en el acuerdo para el Mercosur, se adoptaron una serie de mecanismos para luchar contra el fraude en materia de origen y en materia comercial, protegiendo al país importador de daños adicionales”. 

En cuanto a medidas de defensa Comercial subrayó, entre otras cosas, que las mismas “permiten proteger a la industria nacional de prácticas comerciales desleales".

"El acuerdo establece un Mecanismo de Salvaguardias Bilaterales que permite suspender temporalmente las preferencias arancelarias o reducirlas, cuando las importaciones de productos bajo tratamiento preferencial se incrementan de manera tal que amenazan o dañan a un sector de la industria local o a una región.  Este mecanismo es aplicable a todos los sectores sin distinción (industriales o agrícolas). Podrá ser utilizado por 12 años desde la entrada en vigor para los productos que desgraven en menos de 10 años y por 18 años desde la entrada en vigor para los productos que desgraven en 10 años o más”, señala.

En la actualización del documento, el Gobierno incluyó un punto más entre las  "desmitificaciones", el H, donde advierte que el acuerdo con la UE "no desconoce indicaciones geográficas". El punto es visto con sensibilidad, entre otros, por la industria del vino y la de los quesos, temerosos de que sea desigual la posilidad de poder usar marcas de origen para los productos, con especial preocupación en muchas economías regionales.

Sobre el esto, el anexo informa que "la UE reconocerá al Mercosur 220 indicaciones geográficas (IG) que tendrán exclusividad en el mercado europeo. En el caso argentino se trata de 104 nombres, muchos de los cuales corresponden a vinos. Respecto de las indicaciones geográficas europeas, Mercosur dará protección a 355 IG".

El documento explica que "en todos los casos en que dichas denominaciones constituían una marca o parte de una marca existente en los países del Mercosur, se acordó su coexistencia, sin tener que abandonarse el uso marcario".

"Cuando la Indicación Geográfica era usada en la comercialización de productos en territorio de Mercosur se resguardó el derecho de dichos usuarios: ejemplo parmesano, reggianito, fontina, gruyere, ginebra, entre otros. Solo en algunos casos icónicos de la UE, se han acordado plazos largos para el abandono del mismo lo cual permitirá la redenominación de los productos y su posicionamiento en los mercados", aclara. 

Otros agregados se observan en la página 9 del acuerdo, en el punto de “Bienes Industriales”. Hay un punto dedicado a autos, otro a textiles y otro a calzado, tres temas clave. “En relación con los automóviles, los aranceles de importación del Mercosur serán eliminados en un plazo de 15 años. Sin embargo, durante los primeros 7 años no se iniciará la disminución de aranceles. Adicionalmente, durante este período, regirá un arancel del 50% del arancel actual (35%) para una cuota de 50.000 unidades para todo el Mercosur, repartido de acuerdo a sus importaciones históricas”.

“Con respecto a la industria textil, se acordaron condiciones específicas: los sectores privados de ambas regiones convinieron una desgravación en un plazo de 8 años, salvo excepciones, como así también reglas de origen específicas. Por otra parte, para el
sector de calzado se estableció un proceso de desgravación en 15 años o excluido con reglas de origen que determinan que por debajo de € 35 por unidad el producto debe estar enteramente fabricado en la región, mientras que por encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona”, señala.

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