Medios: ahora el Gobierno espera un fallo después de las elecciones

Tras la segunda jornada de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, los jueces no tienen plazo para expedirse. El kirchnerismo prevé una resolución adversa

Durante seis horas y cincuenta minutos, en dos jornadas, se esgrimieron los argumentos, a favor y en contra de la Ley de Medios, frente a la Corte Suprema. Con preguntas de los jueces a representantes de ambas partes, abogados del Grupo Clarín y del Estado, sólo resta un fallo del máximo tribunal sobre la constitucionalidad o no de cuatro artículos de la norma para zanjar una disputa iniciada hace casi cuatro años, apenas el Congreso la sancionó.


El Gobierno, en especial a través del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, último orador ayer de la audiencia pública organizada por el cuerpo, presidido por Ricardo Lorenzetti, se cansó de reclamar celeridad para el final de la historia. No obstante, apostando la mayor parte de sus fichas a un fallo en contra, en los despachos de la Casa Rosada aguardan ver el escrito para después de las elecciones, el 27 de octubre. “Sería un golpe a la institucionalidad. No es un opositor que gana una elección sino el Poder Judicial invalidando una ley aprobada por el Legislativo”, evaluaban ayer un eventual escenario adverso.


Por eso, si bien dentro del kirchnerismo, algunos reclamaron bajar los decibeles en los reclamos contra el Tribunal, expresados en especial en las palabras de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la bajada de línea oficial es ubicar la democracia en riesgo. En su alegato final, que duró 10 minutos en lugar de los 30 que planteó originalmente la Corte como regla de juego, causando indisimulable malestar en ambas partes, Sabbatella tocó ese punto. El ex intendente de Morón denunció que Clarín “quiere tener una empresa para definir el rumbo del país, para manipular la opinión pública y para poner y sacar presidentes”.


En Tribunales el hermetismo es total. Por lo pronto, el viaje del juez Raúl Zaffaroni a Alemania, dilata por tres semanas cualquier definición. En Balcarce 50 creen que será en el corto plazo. “Con la audiencia pública, la propia Corte alimentó el clímax, como hicieron cuando fijaron el 7D”, analizaban ayer, en referencia al fallido pasado 7 de diciembre, fecha en que la Ley de Medios debía entrar en vigencia en su totalidad. Si bien fue el Alto Tribunal quien lo inventó, el kirchnerismo lo motorizó simbólicamente convocando, incluso, a un festival en Plaza de Mayo.


A diferencia de la primera jornada de la audiencia, en la que se escucharon a los “amigos del Tribunal” (en realidad, de cada parte), ayer los jueces interrogaron a representantes de Clarín y del Estado. En los hechos, sólo preguntó Lorenzetti (aunque todos los ministros aportaron) y fueron 17 consultas para el multimedios y 36 para el Gobierno.


La ronda comenzó con el demandante. Por Clarín, respondieron los abogados Damián Cassino, Alejandro Carrió y María Angélica Gelli. La tropa negó que exista una situación monopólica del Grupo, afirmando sufriría pérdida de sustentabilidad en caso de tener que adecuarse a la cuestionada ley y que está en juego la libertad de expresión. El staff del Estado lo integraron, Daniel Larrache de la Afsca, Graciana Peñafort (que redactó parte de la ley cuando trabaja en el organismo de contralor) y el economista Horacio Seillant. Fundamentalmente, el equipo negó que puedan perderse puestos de trabajo al aplicarse la ley. “No hablamos de desinversión sino de adecuación, y eso permite que otros jugadores posibles tomen ese bien”, argumentó Larrache.


Hubo momentos de debilidad en ambos. Los representantes de Clarín cuando se les consultó si la libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del multimedios. “No entiendo la pregunta”, trastabilló Peñafort luego de justificar que el Estado no tiene “una facultad discrecional” pero “puede restringir el ejercicio de la licencia” y Lorenzetti le pidiera era el motivo por el cual el Estado podría quitar una licencia.

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Revista Infotechnology