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JUEVES 18/04/2019

Más políticos y familiares hasta tercer grado bajo la lupa por lavado de dinero

La UIF modificó la normativa que rige para los sujetos obligados, como escribanos, joyerías, auditores y síndicos, despachantes de aduana, transportadoras de caudales, empresar de juegos de azar, quienes deberán llevar matrices de riesgo de sus clientes

Más políticos y familiares hasta tercer grado bajo la lupa por lavado de dinero

La Unión de Información Financiera (UIF) incorporó una serie de nuevos funcionarios como Personas Políticamente Expuestas (PEP) y también a Personas Expuestas Políticamente familiares hasta el tercer grado y otras personas por cercanía o afinidad. 

A través de la Resolución 134/2018 modificó la norma que, hasta hoy, abarcaba solo para familiares hasta el primer grado de consanguinidad.

En diálogo con este medio, Alejandro Raíces, de ACR Consulting, explicó que la segunda y más significativa modificación es la que establece el análisis del nivel del riesgo. Este artículo establece que los Sujetos Obligados deberán determinar el nivel de riesgo al momento de iniciar o continuar con la relación contractual con una PEP.

"Esto se deberá basar en un enfoque basado en riesgo (EBR), lo que implica para la mayoría de ellos comenzar a utilizar la matriz de riesgo, tanto para su propia evaluación de riesgos como para la de sus clientes", añadió Raíces.

El GAFI emitió en 2013 una Guía acerca de Personas Expuestas Políticamente donde define que son PEP aquellas personas a quienes se les ha confiado una función pública prominente.

La relación con el cliente que ya no ejerce una función pública prominente debe estar basada en una evaluación del riesgo y no en un límite temporal preestablecido.

El enfoque basado en riesgo requiere que las instituciones financieras y las actividades y profesionales no financieras designadas evalúen el riesgo de lavado de una PEP que ya no ejerce una función pública prominente, y tomen medidas efectivas para mitigar esos riesgos.

Asimismo, la OCDE emitió en el mes de marzo de 2017 un reporte acerca de la implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en transacciones comerciales en el marco de la Fase 3 bis del proceso de membresía de la República Argentina

En ese reporte, la OCDE formuló algunas recomendaciones a nuestro país sobre la necesidad del fortalecimiento de las medidas de debida diligencia para las relaciones contractuales con PEPs, la inclusión de algunas categorías a la definición de PEP.

También el aseguramiento de que la debida diligencia sobre PEPs sea realizada con un enfoque basado en riesgo y no a partir de un criterio temporal desde la fecha de cese de la función pública prominente, explican los fundamentos de la resolución.

Por este motivo, la Resolución aprueba, en primer lugar, una nueva nómina de PEPs y dentro de ellas, PEPs familiares hasta el tercer grado y otras personas por cercanía o afinidad.

Para poder aplicar un EBR el sujeto obligado deberá confeccionar una Matriz de Riesgo basada en el tipo de clientes, zonas geográficas, productos y servicios que ofrece y canales de distribución, con los que está dispuesto a operar.

Esta es la autoevaluación del riesgo que ya se aplica en Entidades Financieras, Seguros y Mercado de capitales, indicó Raíces.

El resto de los sujetos obligados son, entre otros, escribanos, contadores que actúan como auditores y síndicos, despachantes de aduana, joyerías, marchants de obras de arte, transportadoras de caudales, empresas de juego de azar, y una extensa lista.

La tarea consistirá en confeccionar una matriz de riesgo para sus clientes que, según la resolución, deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos, enumeró Raíces:

  • Uso de efectivo en las transacciones.
  • Dificultad de identificar el beneficiario final.
  • Origen de los fondos o bienes involucrados.
  • Si el ejercicio de la función pública, guarda relación con actividades que poseen antecedentes de exposición a altos niveles de corrupción.
  • Una vez transcurridos dos años de la fecha del cese en el ejercicio de la función pública se deberá evaluar la situación del cliente o beneficiario final mediante un enfoque basado en riesgos.
  • Entre otros factores de relevancia para el análisis del nivel de riesgo, tener en cuenta el ejercicio de cargos sucesivos en la misma, o diferente jurisdicción, su nivel jerárquico y relevancia.

El hecho de tener que implementar controles de las operaciones y alertas automatizadas, para monitorear la ejecución de operaciones, su nivel de riesgo y las posibles desviaciones, implica una adecuada utilización de los recursos de los sujetos obligados para poder cumplir con estas exigencias, comentó Raíces.

En la mayoría de ellos se verán incrementados los costos asignados al área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, no solo en los aspectos referidos al control y a la automatización de las alertas.

Además, en la utilización o creación de niveles de aprobación para cada cliente PEP, sumado a que deberán guardar las evidencias correspondientes de la verificación realizada sobre la PEP o afinidad por vínculos con PEP, concluyó Raíces.

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