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Más control aéreo en la frontera y antidrogas

El Ministerio de Defensa y el Gobierno de Formosa acordaron instalar un nuevo radar en la localidad de Pirané, a 250 kilómetros de Asunción del Paraguay, para detectar aeronaves que operen ilegalmente de un lado y del otro de la frontera.
Las autoridades de la cartera que conduce el radical riojano Julio Martínez y los hombres del gobernador Gildo Insfrán también resolvieron mejorar el funcionamiento de otro radar ubicado en la localidad de Ingeniero Juárez, en el noroeste provincial, que actualmente funciona en condiciones precarias y se abastece de energía con generadores termoeléctricos.
Los convenios interadministrativos, firmados ayer por la mañana, fueron catalogados, según fuentes castrenses, como "un gran paso" para la custodia aérea del cordón norte de la frontera, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
El Ejecutivo formoseño se comprometió a preparar el terreno para la instalación del nuevo radar en un plazo máximo de cinco meses, mientras que la mejora de condiciones en el segundo dispositivo tendrá que resolverse en los próximos 45 días, según lo acordado en la mesa de negociaciones de las que también participaron figuras del Ministerio de Seguridad y de la Fuera Aérea.
Con estos convenios, Formosa tendrá a mediados de año tres radares activos (hay uno en funciones en la localidad de Las Lomitas) y se convertirá en la provincia que cuente con más dispositivos de vigilancia del espacio aéreo.
La firma de los convenios coincidió con la publicación, por parte de la Cancillería, de un comunicado en el que se subraya que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), máxima organismo en el control de drogas, ve positivamente "el accionar del Gobierno frente a la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico", y destaca la "determinación para abordar el problema de las drogas en el país y su labor en la lucha contra el lavado de activos".
La JIFE vino en misión al país en mayo de 2016 y entrevistó a las autoridades de una decena de organismos del Ejecutivo nacional involucrados en la aplicación y el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de fiscalización de drogas.