Martilleros bonaerenses aseguran que la Ley de Alquileres alienta suba de precios

El Consejo de la Provincia lanzó un informe que demostró la estabilización de los precios del mercado frente a los de CABA para justificar la no intervención estatal. 

El proyecto de Ley de Alquileres podría tratarse el miércoles 21 en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones respecto al planteo original, pero sigue dividiendo las aguas dentro y fuera del Congreso, debido a que los inmobiliarios y demás "puristas" del mercado argumentan que la intervención estatal terminará aumentado el piso de todos los alquileres por diferentes mecanismos de compensación

Entre estas instituciones, el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires comunicó hace algunos días su desacuerdo con la reforma impulsada por el oficialismo y presentó a Daniel Lipovetzky, diputado del bloque PRO, un relevamiento que da como resultado una pérdida de valor real de los alquileres en el acumulado del año, en base a una muestra de 1000 viviendas mensuales tomadas en los principales centros urbanos de la Provincia. 

El informe mostró que, en el acumulado de los primeros diez meses del año, el alquiler promedio tuvo un aumento de 26% frente a una inflación de 39,6% y un salto del dolar del 95%. Así, el promedio de alquiler pasó de $ 7500 en enero a $ 9500 en octubre, un monto menor a los $ 11.500 que promedió la Ciudad de Buenos Aires (CABA). 

"Queremos advertir que, si este proyecto se convierte en ley, va a pasar lo mismo que sucedió en la Ciudad  donde tenía valores similares a Provincia hasta que se sancionó la Ley 5859, y hoy los precios han crecido hacia los $11.500", aseguró Juan Carlos Donsanto, presidente de los martilleros bonaerenses.  Y reforzó: "En un mercado donde el Gobierno no intervino, los precios se mantuvieron estables y ya se está viendo el traslado de inquilino de CABA hacia la Provincia". 

Para el funcionario, el principal mecanismo de traslado a precios se daría por el punto del proyecto que exhorta a los dueños a asumir el total de gastos de inmobiliaria y administrativos. "Cuando se pone en la cabeza del locador el total de gastos, el locador no lo va a querer absorber porque tiene un rentabilidad baja anual, entonces lo va a volcar al precio del alquiler", vaticinó Donsanto. 

Otro aspecto desfavorable que analizó el Consejo mediante el informe tiene que ver con la recuperación de inversión de un inmueble que se utilizará para alquilar. Con los alquileres promediando los u$s 250 en octubre (estaban en u$s 350 en enero), un propietario tardará en reponer un desembolso de u$s 120.000 en casi 39 años, 12 años más de lo que necesitaba en enero de este año. 

Donsanto afirmó que la consecuencia de esta caída del retorno esperado viene desincentivando la oferta de vivienda, una tendencia que podría profundizarse en caso de sancionarse la ley y que le pone presión a los precios. "Nosotros creemos, por los sondeos que hacemos a través de la oficina, que de sancionarse esta ley vamos a tener un 20% de caída de la oferta, que es mucho", dijo. 

Por otro lado, son dos los puntos de coincidencia con respecto al proyecto oficialista. El primero tiene que ver con la alta carga inicial que debe asumir hoy en día un inquilino al entrar en un alquiler. Para este, Donsanto insistió en quitar el depósito de garantía, que "no alcanza para cubrir ningún gasto si el inquilino incumple con deuda de servicios y expensas". También se presentaron a favor de la fórmula de ajuste de los contratos, que consta de un porcentaje intermedio entre la inflación y el aumento salarial

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