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Marijuan pidió que citen a declarar a Cristina y Kicillof por encubrir a Lázaro Báez

Los acusa de participar de una maniobra en la que habrían ocultado operaciones bancarias que hizo el empresario. La denuncia surgió tras una investigación promovida por holdouts

Cristina Fernández de Kirchner sumó ayer una nueva preocupación judicial, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara que se presente a declaración indagatoria bajo la sospecha de que participó de una maniobra de encubrimiento de operaciones bancarias relacionadas al empresario Lázaro Báez. La misma solicitud se extendió al ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
El pedido, que incluye la prohibición de salida del país para ambos ex funcionarios, se produjo en el marco de un expediente que se abrió dentro de la causa por la cual se encuentra detenido el empresario que gestó su fortuna como concesionario de obra pública y que está acusado por presunto lavado.
El requerimiento de Marijuan está contenido en un dictamen que deberá analizar el juez federal Sebastián Casanello, quien, según fuentes judiciales está esperando el resultado de una serie de de medidas de prueba vinculadas a otros imputados en la causa como la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
Marijuan acusó a Cristina y a Kicillof de haber recibido y ocultado información sobre movimientos financieros sospechosos vinculados con el detenido Báez, producida por una investigación promovida por fondos buitre durante su proceso de litigio con Argentina.
La causa se inició el 10 de junio a partir de un informe presentado por el actual procurador del Tesoro, Carlos Balbín, sobre el denominado proceso Discovery, iniciado por el fondo NML de Paul Singer para rastrear activos, por ejemplo de Báez, en los Estados Unidos.
Los fondos buitre buscaban información financiera de empresarios y otras personas con presuntos vínculos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del litigio internacional que mantenían con Argentina en relación a la deuda externa. Del informe presentado por Balbín, se desprendía el estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP con sede en Nueva York, que representaba a la Argentina, que en 2013 comenzó recibir la información relacionada con Báez y que fue girada a Abbona.
Para Marijuan, tanto Cristina como Kicillof tenían que estar al tanto de la información recibida porque estaba vinculada con el pleito con los fondos buitre, un hecho que consideró de máxima importancia para la gestión kirchnerista, por lo que los acusa de encubrir a Báez.
Marijuan y Casanello llevan adelante el expediente conocido como "La ruta del dinero K", que investiga desvíos millonarios al exterior a través de la Rosadita, la financiera por la que Báez habría girado esos fondos, la mayoría de la obra pública.