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Marijuán imputó a Macri por la inclusión de familiares en el blanqueo

El fiscal hizo lugar a una denuncia contra el Presidente, Prat-Gay y Peña por la norma que permite a padres, cónyuges e hijos de funcionarios acceder al sinceramiento fiscal

Marijuán imputó a Macri por la inclusión de familiares en el blanqueo

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al presidente Mauricio Macri por permitir, mediante decreto, que los familiares de funcionarios públicos accedan a los beneficios del blanqueo de capitales.

El fiscal hizo lugar a la denuncia de los diputados Victoria Donda, Federico Masso y Graciela Coussinet (Libres del Sur) contra el primer mandatario, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien ayer volvió a defender la norma cuestionada y dijo que los funcionarios tienen "una enorme tranquilidad" sobre la legalidad de sus actos.

Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal. "Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica la reglamentación de la ley aprobada en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", expresó Donda. "Nuestra denuncia es sólida y por eso el fiscal Marijuan imputó a los funcionarios", evaluó más tarde en Twitter.

Por su parte, Peña aseguró tener "plena convicción" de que lo que hecho con el decreto 1206/2016, que modificó la implementación de la ley de blanqueo de capitales aprobada por el Congreso, "no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal", y reafirmó su "enorme tranquilidad" con la medida adoptada por el Gobierno.

La denuncia de los legisladores sostiene que el cuestionado decreto del Poder Ejecutivo modificó el espíritu de la ley, que en su redacción consensuada en el Parlamento excluía del blanqueo a familiares de funcionarios, algo que el Ejecutivo desoyó al permitir que cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios públicos puedan participar del sinceramiento fiscal.

El dictamen de Marijuán no es formalmente una imputación, sino el impulso de la investigación por la presunta comisión de un delito de acción pública, que en este caso se insinúa como "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad". En concreto, se invoca el artículo 248 del Código Penal, que prevé "la prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales".
 

Marijuán pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba, entre ellas copias certificadas de la ley, el decreto en cuestión, y las versiones taquigráficas de las reuniones conjuntas de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda.
Conocido el decreto del Ejecutivo, varias voces opositores criticaron la medida y anunciaron acciones judiciales contra el Presidente.

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá, por quien se incluyó explícitamente el artículo 83 de la ley de blanqueo de capitales, advirtió que acudiría a la Justicia para resolver la cuestión de fondo. Máximo Kirchner, del FPV, afirmó entonces que si el kirchnerismo hubiese firmado un decreto similar, la oposición "estaría sudando moral y buenas costumbres".