Jueves  07 de Febrero de 2019

Macri quiere aumentar el control migratorio y pide datos a Perú y Colombia

El Presidente está enfocado en ahondar en la agenda de seguridad y endurecer las barreras para ingresar al país de quienes tienen antecedentes penales. 

Macri quiere aumentar el control migratorio y pide datos a Perú y Colombia

El presidente Mauricio Macri recibió con agrado el decreto de Chubut para expulsar y prohibir el ingreso a los extranjeros que delinquen y el Gobierno ahora quiere profundizar esa línea. En la reunión de gabinete, la Casa Rosada celebró que el gobernador Mariano Arcioni coincida con esta postura de Nación, aunque cuestionaron que el decreto provincial es inaplicable ya que las provincias no tienen potestad para esas medidas. 

No tenemos aduanas internas así que no tiene sentido el decreto de Chubut, pero nos pone contentos porque está en la misma línea que nosotros”, comentó el ministro de Defensa, Oscar Aguad. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también resaltó que con esa medida Arcioni comparte “la filosofía” del Gobierno, aunque también le restó importancia a la validez del decreto provincial.

Pero lo cierto es que en el Gobierno entienden que tiene apoyo "popular" para seguir por esa línea y Macri bajó la orden de endurecer la política migratoria. Para eso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está negociando con Colombia y Perú para que le envíen el historial de los delincuentes de esos países que migraron hacia la Argentina. “Cuando los delincuentes cumplen la condena o prescribe el delito, Colombia y Perú anulan los antecedentes penales y no comparten ese archivo con otros países. Estamos trabajando en un convenio para que nos abran esos datos”, comentaron en Casa Rosada.

El presidente Macri tendría que sellar este paso con sus pares, el colombiano Iván Duque y el peruano Martín Vizcarra. Es posible que lleguen a un acuerdo, ya que ambos mandatarios tienen coincidencias con el líder de Cambiemos. Por ejemplo, los tres trabajan dentro del Grupo de Lima para empujar la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. 

“Perú y Colombia tienen leyes que aseguran a sus ciudadanos que, quienes dejan la violencia (guerrillas o narcotráfico), pueden asumir otra identidad. Entonces cuando vienen acá, algunos llegan con otro nombre y sin antecedentes penales. Por eso queremos los antecedentes penales reales de quienes vienen al país”, comentó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman. A su vez, el director nacional de Cooperacion Internacional de la Seguridad, Gastón Schulmeister, precisó que en el Gobierno ya firmaron acuerdos con la policía de Colombia, pero que están trabajando para mejorar la "implementación"; mientras que no hay ningún acuerdo aún con Perú y buscan avanzar en ese sentido.

El Gobierno está decidido en poner la política de seguridad en primer plano, justo en un año electoral. Un eje que usó el año pasado Jair Bolsonaro para ganar Brasil, la potencia de la región. El 31 de enero Macri tuiteó: “Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance”. Este tipo de pasos están totalmente estudiados en el PRO, en línea con los resultados de las encuestas de opinión que recibe el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

El jefe de Gobierno poteño, Horacio Rodríguez Larreta, ayer también embistió contra la jueza Patricia Susana Guichandut. Además, a la Casa Rosada le vino como anillo al dedo que la agrupación K, Justicia Legítima, saliera a respaldar a la magistrada. Es que este año Macri quiere polarizar con el kirchnerismo para ganar la reelección.

 

De los tres pilares de la campaña de Cambiemos, además de Macri y Larreta, la gobernadora María Eugenia Vidal todavía no se expidió al respecto. La política migratoria que quiere endurecer Macri le puede traer un dolor de cabeza interno. Elisa Carrió no está de acuerdo con forzar esa línea y menos con darle tanta autoridad a Patricia Bullrich. Ya se lo planteó a Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta. Se quedó conforme con sus respuestas, pero puede volver a diferenciarse si el Gobierno avanza con una campaña que se enfoque en la criminalidad de la población inmigrante. 

En esta misma línea, la reunión de gabinete también levantó el pulgar a la ley que aprobó la provincia de Jujuy. En la tierra del aliado Gerardo Morales, la cámara de Diputados convirtió en ley el cobro del acceso al servicio de salud pública a ciudadanos extranjeros en tránsito por la provincia. “A difererencia de las fronteras, la salud es potestad de cada provincia”, resumía la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tras la reunión de gabinete. 
 

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