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Macri lanzó libro blanco militar con foco en el crimen organizado

El apoyo a operaciones de seguridad y el rastreo de drogas ilícitas toma protagonismo en la nueva visión que el Gobierno pretende imprimir a las fuerzas

Macri lanzó libro blanco militar con foco en el crimen organizado

El Gobierno dio a conocer la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), una suerte de "libro blanco" que fija las prioridades que regirán el accionar de las fuerzas armadas, en el marco del proceso de reforma encarado por la Casa Rosada.

Con la firma del presidente Mauricio Macri, el Boletín Oficial reflejó ayer un nuevo decreto que anula disposiciones de 2009 y 2014 de la ex comandanta en jefa de las fuerzas, Cristina Fernández, y sienta nuevas directrices acordes a "los riesgos del actual contexto internacional".

El documento de 40 páginas abunda en reflexiones sobre las "nuevas amenazas" a la integridad territorial y centra la atención en los "fenómenos de carácter transnacional". Evocando el mantra cambiemita de "la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos", y ante la "baja probabilidad a futuro de ocurrencia de conflictos militares interestatales", estipula que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea entrarán "en colaboración con otras áreas estatales" para operaciones de "apoyo a la seguridad", a la comunidad y a la política exterior.

En tiempos de paz, el Gobierno pretende que los militares hagan "vigilancia y control fronterizo" mediante una "adecuada sinergia con las fuerzas de seguridad", a la vez que colaboran con la "protección de eventos de carácter estratégico". Para esto ya se han movilizado cerca de 500 militares hacia el norte, y se estima una vital cooperación para los eventos que restan hasta fin de año por el G20.

En diversos tramos, el libro blanco hace referencias a "organizaciones del crimen organizado" y "redes delictivas" que participan del narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y "eventualmente" del terrorismo. También que operan mediante "acciones no militares dirigidas a desestabilizar a la población y los gobiernos". El Gobierno interpreta que los militares deben tomar cartas en el asunto, pese la definición imprecisa, casi difusa. Esto mismo hace sospechar a los organismos de derechos humanos y a la oposición sobre un trastorno del marco legal para otros fines. De allí la intención de la oposición de refrenar los cambios con una sesión convocada en Diputados para el 8 de agosto.

Antes de pisar terreno agreste, como lo es la cámara baja, el jefe de gabinete, Marcos Peña, remitió un informe en el que precisa que la cooperación militar en Seguridad "refiere al aporte de medios en materia de transporte, mejora de caminos y construcción de puentes y accesos". Peña reiteró que el ámbito castrense "no combatirá el narcotráfico o el crimen organizado", sino que "solo brindará apoyo logístico". Por ahora, las aclaraciones no satisfacen. Además, el Gobierno pretende que los militares se involucren aún más en operaciones de paz al abrigo de las Naciones Unidas, el apoyo a la comunidad ante catástrofes naturales, y la generación de conocimiento científico.

Reforma puertas adentro

La DPDN instruye al Ministerio de Defensa a adecuar el despliegue militar a la actual coyuntura, "abandonando el criterio de ocupación territorial". Este punto tiene su arista económica, si se atiende que al cierre de cuarteles se compagina con el interés de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) por vender territorios en poder militar, buena parte de ellos en la Patagonia.

El plan maestro prevé la "conformación de unidades conjuntas" del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo cual lleva implícito el cierre de cuarteles y la "eliminación de estructuras que puedan producir superposiciones". En términos económicos, la DPDN fija que "el Poder Ejecutivo mantendrá un presupuesto militar con relación al PBI conforme a las prioridades", y que Defensa "deberá redistribuir progresivamente el gasto militar, con el objetivo de incrementar los porcentuales presupuestarios a operaciones militares y mantenimiento de medios". En la actualidad, más del 80% del presupuesto de Defensa se destina al pago de salarios.