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Macri ascendió a Dujovne para darle autoridad en la negociación con el FMI

La designación de Dujovne como coordinador de nueve ministerios no sólo recoge sugerencias de todo el arco político sino que es requisito para los préstamos

Dujovne domina el Presupuesto y Hacienda, y tiene diálogo fluido con Lagarde

Dujovne domina el Presupuesto y Hacienda, y tiene diálogo fluido con Lagarde

El nombramiento del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como ministro coordinador del equipo económico está relacionado con la necesidad en la negociación con el FMI de mostrar a un responsable de cumplir de manera integral con los nuevos ajustes presupuestarios. Ese rol no podía ser ocupado por Jefatura de Gabinete ni por un gabinete de ministros fragmentado.

Se trata de la condición de "ownership", que surgió del reexamen interno que hizo el FMI en la década de 2000, que tiene como objetivo clave que cada país se adueñe de las políticas de ajuste y de las reformas estructurales acordadas con el Fondo. Y de que no haya políticos que le echen la culpa al organismo multilateral de las políticas impopulares incluidas en el programa.

De hecho, Christine Lagarde, la directora General del Fondo, declaró el viernes: "Se trata del programa económico de Argentina integralmente concebido por el presidente Macri y su gobierno".

El acuerdo con el FMI demandará ajustes de gasto público para acelerar el gradualismo fiscal reduciendo la meta de déficit fiscal para los próximos años. Esa negociación no puede llevarse adelante con cada ministerio, ni por los coordinadores en Jefatura de Gabinete (Mario Quintana y Gustavo Lopetegui), sino por la cartera que diseña y ejecuta el Presupuesto y las políticas macroeconómicas.

En negociaciones anteriores con el FMI, el país ya contaba con un fuerte ministro de Economía o un presidente del BCRA que representaba al país, pero la característica del gabinete de Mauricio Macri es que no cuenta con un superministro.

De hecho, la condición de "ownership" que pide el FMI es descripta en un paper del FMI de 2003 se titula "¿Who is in charge?", es decir, "¿Quién está a cargo?".

Define "ownership" como "la aceptación voluntaria de la responsabilidad por un programa de políticas acordado por el gobierno a cargo del país que pide prestado, que tiene la responsabilidad de formular y llevar adelante esas políticas, basado en el entendimiento de que el programa es alcanzable y que va en interés del propio país".

Según indica el FMI en ese paper, las autoridades de un país pueden preferir una asistencia financiera con condiciones "como un mecanismo de compromiso", "como una forma de superar la oposición interna", o "de incrementar la credibilidad de su programa".

Y agrega: "Dado que es el país, y no el FMI, el que debe implementar las políticas económicas acordadas, es esencial que el compromiso del país sea auténtico y suficientemente profundo y amplio".

Entiende que el "ownership" "no requiere que todos en el país apoyen el programa, pero el ownership usualmente debe ser más amplio que los funcionarios que negocian con el Fondo", porque "el apoyo amplio a lo largo de todo el país elevará la probabilidad de que el programa se implemente exitosamente". Y propone: "Lo que es esencial es que los funcionarios responsables y en control estén comprometidos y que la oposición pueda ser superada".

Reconoce que un gran obstáculo al ownership son las brechas entre lo que el Fondo considera necesario y lo que los funcionarios consideran factible. Pueden ser por dos motivos: técnicos o políticos. Entiende que si es por capacidad administrativa, las diferencias se pueden resolver con apoyo técnico. Pero si la brecha surge por consideraciones políticas, como una oposición parlamentaria o de las provincias, "será mucho más difícil de quebrar".

También admite que "el impedimento importante al ownership es la probabilidad de una dinámica dolorosa hacia un equilibrio favorable pero distante e incierto". Si se espera que caiga el PBI, suba el desempleo, entiende que "la combinación de una realidad adversa y un futuro incierto inevitablemente debilitará la propia resolución del gobierno para implementar las reformas propuestas".

Por eso indica que "no es suficiente" que "el país llegue libremente a la conclusión" que necesita las políticas del FMI, sino que "requiere encontrar formas de acomodar las preocupaciones legítimas en el círculo de opciones de políticas factibles".

Finalmente, la unión entre el programa del país y el apoyo del Fondo es la llamada Carta de Intención enviada al Director General del FMI y que normalmente firma el Ministro de Hacienda o el presidente del BCRA.