Domingo  08 de Abril de 2018

Lula preso: la izquierda argentina, diferencias y coincidencias

En general comparten el repudio a la detención del expresidente de Brasil, pero algunas organizaciones son muy críticas con su figura, mientras que otras lo reivindican sin matices.

Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva leaves the metallurgic trade union, in Sao Bernardo do Campo, Brazil April 7, 2018. REUTERS/Leonardo Benassatto

“No hay que defender a Lula”. Así, duro, corto y, para muchos, sorprendente, es el título con el que “Izquierda Socialista” fijó su posición sobre la inminente detención, que finalmente se concretó ayer, de Inacio Lula Da Silva, el dos veces presidente de Brasil y uno de los líderes más reconocidos de la izquierda -hasta acá a secas, sin aditamentos en la clasificación- latinoamericana.

“Lula fue condenado por corrupción. Ante el debate sobre si hay que defenderlo o no, o si hay en curso un 'golpe de la derecha´, Izquierda Socialista sostiene que Lula es parte de los gobiernos capitalistas que defienden intereses de arriba con corrupción. Lula traicionó a la izquierda y a los trabajadores. Por eso la verdadera izquierda no lo puede defender”, amplió la organización, que integra el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y entre cuyos dirigentes más reconocidos se puede nombrar al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, el diputado Juan Carlos “El Gringo” Giordano o el economista José Castillo.

El planteo lleva la firma de Giordano, quien ante El Cronista amplió: “No hay un golpe en Brasil como dicen Lula, el kirchnerismo y, lamentablemente, parte de la izquierda. Lula fue condenado por corrupción por una mayoría de jueces nombrados en su propio gobierno. Llegó al poder con el prestigio de haber combatido a la dictadura y ser obrero industrial, pero terminó gobernando para los negocios capitalistas corruptos de Odebretch, Petrobrás y las multinacionales. Por eso ya están en la cárcel José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula y el tesorero del PT entre decenas de políticos del PT”.

La posición de Izquierda Socialista, por ejemplo, no es compartida por sus socios en el FIT, es decir el Partido Obrero y el PTS, que a su vez tienen sus diferencias entre ellos, que en todos los casos procesan abiertamente a través de cartas, artículos y documentos. El PO, algunos de cuyos dirigentes en el exilio estuvieron en los debates que terminaron en la fundación del PT, en 1980, sí considera que en Brasil se ha procesado un golpe. “La detención de Lula, precedida por una exigencia del alto mando militar, configura un verdadero acto golpista. La corrupción es sólo la excusa para una reconfiguración social completa, en beneficio del capital internacional. Quienes impulsan su proscripción cargan con denuncias de corrupción igualmente graves, y fueron parte del gobierno petista”, advirtió Marcelo Ramal, exlegislador porteño y miembro de la dirección nacional del Partido Obrero.

Ramal aclaró, sin embargo, que “luchamos contra este golpe con completa independencia de una experiencia política - la del PT- que desmoralizó a millones de trabajadores brasileños, por sus vínculos orgánicos con los Odebrecht y otros capitalistas”.

El PO tiene entre ceja y ceja al PT desde hace tiempo: "En junio de 2002, antes de las elecciones, en la 'Carta ao Povo Brasileiro´, la dirección del PT se comprometió con las leyes de ´responsabilidad fiscal´ y el superávit primario; el pago de la deuda externa; la sumisión plena al FMI. Esos compromisos facilitaron el apoyo de importantes sectores del capital a la candidatura de Lula, y su propia victoria electoral, después de tres derrotas sucesivas. En los últimos años, en la administración de municipios y estados, el PT y el Frente Popular se sometieron a fondo a las ´reglas del mercado´", sostiene en un articulo Osvaldo Coggiola, doctor en historia, profesor de la Universidad de San Pablo y militante de la organización.

El PTS también habla de “golpe”, con “presión directa de sectores de las Fuerzas Armadas, grandes corporaciones mediáticas y, en general, la clase dominante de Brasil y el imperialismo estadounidense”. Christian “Chipi” Castillo, dirigente nacional de esta fuerza que nació en 1988 como un desprendimiento del viejo MAS, observa una continuidad entre la detención de Lula y “el golpe parlamentario dado anteriormente contra Dilma Rousseff. Con su encarcelamiento se pretende dejar a Lula fuera del proceso electoral, en el cual todas las encuestas lo daban como favorito. Es clara la parcialidad con la que ha actuado el poder judicial, ya que procesados por delitos mucho más graves por el que se condenó a Lula pertenecientes al PSDB y otros partidos de la derecha gozan de la más plena libertad”, según aseguró a este diario. Castillo también separa los tantos entre “rechazar esta medida de proscripción política” y “reclamar la libertad a Lula” para que “el pueblo brasileño pueda elegir a quien le parezca” y el “balance de los gobiernos de Lula y Dilma”, ya que “ellos gobernaron junto a la misma derecha que les dio después el golpe: Temer fue en dos elecciones el vicepresidente de Dilma y la bancada de la derecha evangélica era parte de la coalición oficialista en su gobierno. Henrique Meirelles, el ajustador y antiobrero Ministro de Economía de Temer, fue presidente del Banco Central con Lula y Dilma. Ella misma lanzó un brutal ajuste ni bien fue reelecta”.

El MST, de Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, también busca distinguir entre su reclamo contra el encarcelamiento de Lula y la posición más general del partido sobre la figura del dirigente máximo del PT, a la que le marcan críticas, pero desde una perspectiva menos dura que el PO, el PTS y mucho menos que sus antiguos camaradas de Izquierda Socialista, con quienes emprendieron rumbos distintos luego de integrar una fuerza común.

De hecho, el viernes, el MST realizó el viernes, junto a la coalición “Izquierda al Frente”, que comparte con el “Nuevo Mas”, un acto ante la embajada de Brasil, desde donde Bodart dijo:

Repudiamos la persecución y proscripción de Lula, que motorizan el gobierno reaccionario de Temer, su justicia adicta y los militares. Tal como la oposición por izquierda a Lula, que encarna el PSOL, nosotros fuimos y somos muy críticos de él, Dilma y las políticas de ajuste del gobierno del PT, pero rechazamos de plano que un presidente ilegítimo, corrupto y autoritario condicione la vida política del país y vete al candidato más popular.”

Bodart propuso que “Lula y todos los demás dirigentes políticos y empresarios brasileros acusados de corrupción se sometan a una comisión investigadora independiente, integrada por personalidades reconocidas e intachables. Es la única garantía de poder llegar a un veredicto realmente ecuánime, que no esté sujeto al poder político de turno como lo es la actual condena y proscripción a Lula”.

Tan corta y contundente, pero en un sentido contrario al lema de Izquierda Socialista, es la consigna del Partido Comunista Argentino. “Lula libre y... presidente”, abre su sitio en Internet. El Partido Comunista Argentino defiende abiertamente a Lula y “repudia el fallo en contra de Lula determinado por el aparato judicial brasileño, el que forma parte del entramado mediático judicial golpista que destituyera a Dilma Rousseff”, según señaló su secretario de Relaciones Internacionales, Jorge Kreyness.

“Lula simboliza hoy a los pueblos que han ganado derechos que siempre les fueron negados, como el de la seguridad alimentaria. Son millones los que por primera vez ejercieron ciudadanía a partir de las políticas públicas desarrolladas, en un Brasil que se integró a América Latina y el Caribe, contribuyendo a gestar las hoy paralizadas Unasur y Celac, y que, además, forma parte de los BRICs”, agregó.

De extracción maoísta y con inserción en el movimiento de desocupados a través de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) opina que la detención de Lula “se da dentro de un contexto de graves hechos que ponen en riesgo el proceso democrático de Brasil y que se corresponden con la política de ajuste y represión del gobierno de Temer”.

“Del mismo modo, estuvimos en contra y repudiamos el golpe institucional que derribó al gobierno de Dilma Rousseff. A partir de ahí se implementó una cantidad de medidas antipopulares, de las cuales una de ellas fue la liquidación de los derechos laborales. También quieren liquidar los derechos de la jubilación pero todavía no lo han logrado”, sostiene la organización que intregan el piquetero Juan Carlos Alderete y Amancay Ardura, entre otros referentes, a la vez que señala: “Nos oponemos a cualquier proscripción y repudiamos las amenazas de sectores de las Fuerzas Armadas contra el orden constitucional”.

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