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Luego de Avianca y el Correo, el Gobierno apura los decretos sobre conflictos de intereses

La crisis que generó el caso del Correo Argentino y la empresa aérea hizo que se publicaran borradores de la reforma que aplicará el Ejecutivo para contrataciones y juicios

Laura Alonso comanda la Oficina Anticorrupción (OA)

Laura Alonso comanda la Oficina Anticorrupción (OA)

El acuerdo fallido con Franco Macri por la deuda del Correo Argentino, la venta de la aérea de la familia del presidente MacAir a Avianca y la relación entre Quintana y la aérea Flay Bondi, y la estrecha relación con algunos contratistas del Estado aceleró el proceso que se tradujo en unos borradores de "Proyecto de Decreto de Integridad" para contrataciones y otro para juicios.

Así fue que ayer el Gobierno publicó en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) e inició una ronda de consultas abiertas de los decretos pertinentes hasta el próximo 15 de marzo. Se espera que, según confió un ministro a El Cronista, ambos decretos sean firmados y publicados antes de fin de mes.

Ayer la titular de la OA, Laura Alonso, informó que "se hizo una convocatoria a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y especialistas, que trabajan temas de integridad pública, transparencia y control", que "vieron los borradores de los proyectos de decreto para la autolimitación del Presidente y otros funcionarios, en materia de juicios del estado y contrataciones públicas"

"Se suscitan situaciones que merecen respuestas institucionales, para prevenir conflictos de intereses. Todo este proceso refleja el espíritu del propio Presidente, de no tener ganas de ser objeto de ningún tipo de acusación en el futuro",dijo Alonso.

La titular de la OA presentó los proyectos de Decretos de Integridad en Juicios y Contrataciones vinculados al Presidente, junto al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el Procurador General del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín; el Cippec, y las asociaciones AAEC y ACIJ, entre otros.

El proyecto sobre Juicios aplica al Presidente Macri y la Vicepresidenta, Gabriela Michetti, quienes deberán abstenerse en casos de "parentesco, pleitos, amistad o enemistad y carácter de acreedor o deudor".

Además, establece que en esos juicios el Estado será representado por "la Procuración del Tesoro de la Nación". Además, la oficina deberá publicar en su web "el listado de causas en las que aplica este decreto y el estado de las mismas".

El segundo decreto tiene que ver con las contrataciones y aplica al Presidente, el Vice, el Jefe de Gabinete, ministros, titulares de organismos descentralizados y/o titulares de empresas de propiedad estatal. Quedan exceptuados de este decreto el Poder Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Uno de los principales cambios es que los funcionarios deberán presentar declaraciones juradas de los bienes de sus cónyuges y su grupo familiar directo, además de que estarán "obligados" a brindar mayor información pública sobre antecedentes laborales.

Los especialistas vienen reclamando una reforma de la ley de Ética Pública más que decretos que funcionen como "parche" de la norma. Pero la necesidad del Gobierno de avanzar en temas como por ejemplo el caso Avianca, y la molestia que generó en Balcarce 50 que el propio Macri tenga que explicar públicamente el caso del Correo, apuró la resolución.

Respecto de este punto, Alonso dijo que "el Presidente tiene la facultad de mejorar esos estándares con nuevas normas dentro de su órbita; esta será una suerte de reglamentación propia en el ámbito del Poder Ejecutivo".