Lunes  15 de Julio de 2019

Los jueces de la Corte suman casi $ 100 millones de patrimonio

Luego de varios años, el máximo tribunal aceptó -por primera vez-  dar información sobre sus bienes. 

Los jueces de la Corte suman casi $ 100 millones de patrimonio

Por primera vez –y luego de 5 años de cruces de pedidos de acceso a la información, cartas, obstáculos técnicos, rechazos y faltas de respuestas–, los jueces de la Corte de Justicia Suprema de la Nación (CJSN) accedieron a revelar su patrimonio. La excepción, hasta ahora, había sido Horacio Rosatti que ya publicaba sus declaraciones juradas en su sitio web desde antes que la Corte resolviera hacer lugar al reclamo que interpuso la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ).

Las declaraciones juradas se basan en los formularios de Ganancias y Bienes Personales presentados ante la AFIP para los períodos 2015, 2016 y 2017. Desde ACIJ explicaron que también fueron pedidas las de los años anteriores a 2015 –excepto para el presidente de la Corte, Calos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que aún no formaban parte de la Corte–, aunque no fueron entregadas ni se explicitaron los motivos de ello. Por otra parte, las de 2018 no habían sido presentadas al momento de darse a conocer la información.

En 2017 el patrimonio de Rosatti cerró en $ 6.985.504.82, un aumento del 91 % frente a 2016 ($ 3.646.642.46). Durante ese año adquirió un departamento de 117 m2 en Recoleta –en base a un crédito UVA del Banco Ciudad y dólares ahorrados–  y vendió un inmueble de 61 m2 ubicado en Punta del Este. Además de estos bienes se suma otro departamento de 45 m2 en el barrio de Palermo y una casa de 199 m2, 4 departamentos (tres de los cuales comparte la titularidad con su cónyuge, Ana María Costa de Rosatti y uno fue donado en vida por su madre) y una cochera, todos ubicados en la provincia de Santa Fe.

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, declaró $ 39.501.973.58  en bienes, mientras que el expresidente, Ricardo Lorenzetti, tenía un patrimonio de $ 25.720.397,70 

Elena Highton de Nolasco también registró un incremento notorio, 65 %, y cerró en $ 13.215.094,50. Sin embargo, Rosenkrantz, superó ampliamente a los otros magistrados con un patrimonio  de $ 39.501.973.58.  Lo sigue Ricardo Lorenzetti –presidente de la Corte hasta el año pasado– con un patrimonio valuado en $ 25.720.397,73. Finalmente, Juan Carlos Maqueda –que también tuvo uno de los incrementos más altos, 57% respecto a 2016– es el juez de la Corte que registra el menor patrimonio: $ 6.717.140,09.

Si bien desde ACIJ destacaron que “la decisión de la Corte sienta un precedente de mucha importancia para la agenda de transparencia y acceso a la información pública en el Poder Judicial”, también advirtieron que “tal como fue entregada, la información no permite satisfacer con los objetivos del mecanismo de publicidad de las declaraciones juradas. La falta de detalle y la escasez de información no permiten un control adecuado de su evolución patrimonial ni de potenciales conflictos de intereses o conductas inadecuadas”.

En este sentido, desde ACIJ explican que los anexos públicos “son copias de los formularios F.711 de Impuesto a las Ganancias y F.762/D de Impuesto a los Bienes Personales. A partir de la información que obra en estos no es posible conocer la titularidad, ubicación, superficie, valuación y fecha de ingreso al patrimonio de los bienes, sino que la información se presenta sólo en forma sumamente agregada”.

Esto se suma al hecho de que los formularios de Ganancias y Bienes Personales utilizan valores históricos y fiscales, respectivamente, lo que hace más difícil inferir si los incrementos en los patrimonios se justifican con los ingresos de los jueces. Además, la modificación de los formularios por parte de la AFIP en 2017 también afectó la información disponible al, por ejemplo, simplificar en montos totales los bienes que puedan estar dentro y fuera del país, así como los exentos, por lo que se hace más complicado obtener un conocimiento más detallado sobre ellos.

Los primeros pedidos de ACIJ para acceder a esta información se remontan al año 2012. Ya en 2014 la Corte estableció un formulario online para solicitar las DDJJ de los magistrados. Sin embargo, y pese a reiterados intentos desde la asociación denuncian que la documentación nunca fue entregada. El 15 de febrero de este año ACIJ volvió a realizar un pedido de acceso a la información pública –amparándose en la Ley 27.275 que había sido aprobada en 2016– y, finalmente, el 24 de junio pasado la Corte resolvió permitir el acceso al contenido público de las declaraciones de todos sus miembros.

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