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JUEVES 13/12/2018
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Los interventores de Oil Combustibles piden acelerar el proceso de quiebra

El juez que instruye en la causa, Javier Cosentino, citó -en forma urgente- a una audiencia a realizarse el próximo jueves, 5 de abril, a las 10.30.

Los interventores de Oil Combustibles piden acelerar el proceso de quiebra

Los interventores judiciales de Oil Combustibles le pidieron al juez de su concurso preventivo, Javier Cosentino, que acelere los plazos y avance hacia el cram-down o, en caso de no haber interesados, la quiebra de la petrolera. Por tal motivo, el magistrado citó, en forma urgente, a una audiencia a realizarse el próximo jueves, 5 de abril, a las 10.30 de la mañana. Ordenó que comparezcan los accionistas de la sociedad -es decir, Cristóbal López y Fabián de Sousa-, "bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública, en caso de incomparecencia". También, deberán concurrir los tres administradores que había designado el magistrado -Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva-, los síndicos, representantes de la Afip -el principal acreedor de Oil- e Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, las caras visibles de OP, que gestionaron la compañía entre noviembre y la semana pasada, cuando Cosentino decidió apartarlos de la conducción.

En su escrito, los interventores le pidieron a Cosentino que, dada la magnitud de la crisis que atraviesa la empresa, y la inviabilidad de hacer frente a sus deudas, renuncie al período de exclusividad -el plazo previsto hasta agosto, durante el cual Oil debía realizarle una propuesta a sus acreedores- e inicie el procedimiento previsto en el artículo 48 de la Ley de Sociedades Comerciales (24.522), "con la mayor agilidad posible o, en su caso, decretar la quiebra ante las imposibilidades señaladas".

Este artículo, prevé la posibilidad de un cram-down (salvataje). Es decir que, en caso de no haber obtenido las conformidades necesarias para reestructurar el pasivo durante el concurso preventivo, no se declare la quiebra automáticamente, sino que se abra un registro de acreedores, la cooperativa conformada (o en formación) por trabajadores de la empresa y otros terceros interesados en la adquisición total o parcial de la compañía, quienes deberían elaborar una nueva propuesta de acuerdo dentro de los 20 días posteriores a la fijación del valor de esos activos por parte del juez. Si nadie se inscribiera, o no se alcanzara acuerdo luego de iniciado este procedimiento, el magistrado quedará habilitado para declarar la quiebra.

El principal acreedor de Oil es la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la que le debe $ 8000 millones en concepto de no pago del impuesto a los combustibles líquidos. Además, la empresa generó otros $ 2000 millones de pasivo posconcursal, de los cuales $ 1500 millones también corresponden a deuda con el organismo.

Por ello, en las últimas horas, empezó a circular entre conocedores del caso comercial la posibilidad de que el Gobierno condujera una salida al conflicto, a través de la constitución de un fideicomiso, hasta la aparición de un candidato -o candidatos- para los activos de la compañía. 

Por lo pronto, el abogado de López, Carlos Beraldi, informó a Julián Ercolini -juez penal que lo investiga por la retención sistemática del impuesto a los combustibles líquidos entre 2011 y 2015-, que Rosner y Dellatorre le informaron a su cliente -es decir, a López- que tomaron la decisión de renunciar al período de exclusividad y, a su vez, solicitar la apertura del procedimiento de salvataje, el último salvavidas disponible antes del hundimiento del buque insignia de las 170 empresas que componen el grupo Indalo.

Esto habría sido presentado así, ya que -al estar vigente la inhibición de bienes que Ercolini dictó sobre los empresarios patagónicos- López y De Sousa no están en condiciones legales de tomar una decisión de esta importancia relacionada con su patrimonio.

Los interventores justificaron su pedido urgente a Cosentino en que la crítica situación de Oil la deja expuesta al pedido de quiebra de cualquiera de sus acreedores, tanto concursales como posconcursales, y la compañía no tendría liquidez para evitarlo. “Por otro lado, está claro que la deudora no podrá obtener las conformidades a un plan de pagos que pueda afrontar, especialmente, en relación a las obligaciones fiscales pre-concursales. Y, finalmente, también es manifiesta y objetiva la imposibilidad de Oil Combustibles S.A., en la situación actual, de superar su crisis financiera”, destacaron, tras recordar que, en su audiencia del pasado lunes, la AFIP manifestó que el único plan de pagos que aceptaría la empresa –que tiene su actividad productiva y comercial paralizada– sería de no más de 12 cuotas, por la deuda generada antes del concurso preventivo. Esto equivaldría a $ 1000 millones mensuales, “cifra que aparece como de pago imposible para la deudora”, que actualmente no llega a cubrir sus gastos fijos, que ascienden a $ 56 millones cada 30 días. La empresa, alertaron, carece de fondos para pagar impuestos y deudas comerciales, y sólo podría cumplir con los sueldos de marzo y ya no con los de abril.

Según los interventores, Oil carece de fondos para pagar impuestos y deudas comerciales, y sólo podría cumplir con los sueldos de marzo y ya no con los de abril.

“La continuación del período de exclusividad en los términos actuales carece de toda utilidad final y sólo provoca perjuicios a la propia deudora, a los acreedores, a los trabajadores, y a clientes y proveedores, en general”, explicaron. “Procede entonces, renunciar al período de exclusividad y, en su caso, iniciar con la mayor agilidad posible el período del proceso previesto por la ley 24.522 (artículo 48) o, incluso, decretar la quiebra sin más trámite”, expresaron.

Impacto patrimonial

Manifestaron, no obstante, que no solicitan directamente la quiebra por una serie de razones. Fundamentalmente, los impactos patrimoniales “muy relevantes” que implicaría.

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Cristóbal López, titular de Oil

“Cuando es manifiesta y objetiva la imposibilidad de obtener conformidades de un acuerdo preventivo, cuando la quiebra luce objetivamente inexorable ante la imposibilidad de afrontar el pago de obligaciones post-concursales y pre-concursales, y cuando, a la vez, aguardar algún desenlace procesal sin iniciar el proceso del artículo 48 o, en su caso, sin decisión de quiebra, genera un previsible deterioro de los activos de la empresa que son resguardo de los créditos de los acreedores, un incremento del pasivo post-concursal y un mayor riesgo de que eso activos no se reinserten en el circuito de producción bajo otra conducción, iniciar dicho procedimiento del artículo 48 o decretar directamente la quiebra pueden ser decisiones que se pueden adoptar sin esperar la finalización del período de exclusividad”, argumentaron. “Lo contrario implicaría la sujeción a las formalidades del proceso que sólo provocaría perjuicios a los propios activos, a los acreedores, a la fuente productiva y a la continuidad del empleo”, aclararon.

“Si se decretara la quiebra de Oil Combustibles S.A., sus accionistas actuales serían desapoderados del patrimonio de la sociedad, los bienes de la sociedad serían incautados y todos los actos anteriores podrían ser instados por el juzgado directamente”, plantearon. “Por otro lado, si la empresa fuera comprada por un tercero (se descarta que la propia deudora pueda alcanzar un acuerdo con sus acreedores) en el marco del procedimiento del artículo 48 de la ley 24.522, también se interrumpiría el deterioro descripto”, añadieron.

No obstante, recordaron: “No se ha presentado un esquema concreto y garantizado que asegure una financiación inmediata de la empresa que permita el pago de sus gastos fijos, los impuestos, los costos financieros y el inmediato pago de los créditos post-concursales exigibles –en las condiciones de exigibilidad establecidas por la ley y los acreedores respectivos–, así como un plan concreto y garantizado de pago de la deuda pre-concursal”.

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