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Los holdouts deberían aceptar la oferta que hizo la Argentina

Apenas catorce años después de que la Argentina cayera en lo que entonces era el mayor default soberano de la historia, quizás se vislumbre la perspectiva de una resolución para los tenedores de bonos.
El gobierno de Mauricio Macri, el presidente argentino desde diciembre, ofreció a los holdouts cerca de u$s 6500 millones para saldar los reclamos por u$s 9000 millones de los acreedores que se negaron a participar de las reestructuraciones de 2005 y 2010.
La propuesta, que implica una quita cercana a 25%, es más generosa que las anteriores. Eso refleja la sólida posición legal que tienen los holdouts, quienes obtuvieron fallos de tribunales norteamericanos que han aislado a la Argentina de los mercados de capitales globales hasta que sus deudas sean canceladas.
Aunque debe ser molesto pagar un rescate, el gobierno de Macri hace bien en presentar la oferta. Todavía no queda claro cuántos acreedores, y particularmente si el combativo Elliott Management, aceptarán los términos o algo que se les asemeje. Si insisten en que quieren el pago total o una quita mucho menor, la posición de Macri se vuelve más difícil.
Que la Argentina haya llegado a este punto refleja un fallo de un juez de Nueva York sobre las cláusulas pari passu en los bonos soberanos que fue creativo rozando lo estrafalario. Ese fallo y el alcance extraterritorial del derecho estadounidense distanciaron a la Argentina de los inversores de bonos internacionales.
Definitivamente Buenos Aires, incluso una vez cancelada su deuda, no debería entusiasmarse y volver a acumular endeudamiento. Pero la normalización de su posición en el sistema financiero internacional es un gran avance en su viaje de regreso a la cordura económica.
Aunque los esfuerzos que hace Argentina con los holdouts no son nuevos, hay más en juego ahora que en casi cualquier momento de los últimos 14 años. Desde que Macri asumió, el país experimentó quizás el estallido más notable de sensatez en política económica desde la unificación de la República en 1853.
Su Gobierno rápidamente eliminó los controles de capital, permitiendo que el peso argentino se devalúe cerca de 30%, y restituyó la independencia al politizado banco central y a la también politizada agencia de estadísticas nacionales. Con coraje también empezó a desmantelar los explosivos y mal orientados subsidios a la energía que contribuyen a un déficit fiscal que el año pasado llegó a casi el 8% del PBI.
Por el momento, pese al sufrimiento que causan esas medidas, el gobierno de Macri sigue teniendo gran aceptación. Pero no hay dudas de que pagar el valor total reclamado por los holdouts que chantajean a Buenos Aires hace más de una década sería costoso desde el punto de vista tanto político como financiero. Los inversores externos también se preguntarían, con toda razón, por qué desafiantes bonistas con mayores recursos financieros y legales deberían cobrar mucho más que aquellos que han cooperado desde un principio.
Por primera vez desde el default de la deuda en 2001, la Argentina tiene un Gobierno sensato con el que los inversores pueden negociar. De hecho, los tribunales norteamericanos que les entregaron una arma tan poderosa lo hicieron teniendo en cuenta, en parte, la irracionalidad de las anteriores administraciones argentinas. Esos tenedores de bonos, y los tribunales que los respaldaron, deberían reconocer el cambio de enfoque de Buenos Aires y llegar a un acuerdo en torno a la propuesta actual.
La política económica argentina en el pasado iba de la desmesura a medidas cómicas. Pero eso no justifica que la Argentina sea chantajeada, en particular en un momento en que un nuevo Gobierno quiere colocar la política económica sobre una senda sólida y legítima. Macri hace bien en presentar su oferta. Los holdouts deberían aceptarla.