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Los entes de control deben contener el reclamo tarifario para evitar el freno judicial

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por  HERNÁN DE GOÑI

Director Periodístico

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Desde que la Argentina se hundió en el default de 2001 y provocó la fractura de los contratos de concesión de la mayoría de los servicios públicos, la discusión de la política tarifaria quedó atrapada en los laberintos de un país que adoptó la emergencia económica como un escudo razonable y la transformó luego en un refugio confortable. Durante la gestión de Eduardo Duhalde, su ministro de Economía, Roberto Lavagna, inició un proceso de renegociación con los prestadores privados, pero siempre encontró barreras para aplicar una actualización de las tarifas.

La situación de indefinición se prolongó en los primeros años de la presidencia Kirchner, con un reiterado denominador común: cualquier porcentaje de aumento acordado, fuera alto o bajo, encontraba siempre a un juez dispuesto a habilitar una medida cautelar que permitiera revisar lo hecho. En 2007, cuando la inflación volvió a ser un problema más serio que el déficit fiscal, la pretensión de salir del congelamiento tarifario fue reemplazada por subsidios que escalaron a magnitudes imprevisibles.


El Gobierno actual se propuso revertir este esquema sin haber generado un consenso previo sobre qué precios debía adoptar para la energía, el sector más atrasado. La falta de un colchón político hizo que el pleito terminara en la Corte Suprema, que ahora tiene en sus manos un resorte clave del plan oficial. Está claro que a los jueces les faltan elementos de juicio para resolver una ecuación de esta magnitud. Pero el Ejecutivo debería habilitar una instancia administrativa en los entes de control que contenga los reclamos, ya sea por tarifas mal aplicadas o por problemas de pago. Cada actor tiene que cumplir su rol, pero sin caer en una
parálisis que a la larga perjudica a todo el conjunto.