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"Los contratos público privados no deberían tener cláusulas secretas"

El referente anticorrupción de la ONU sugiere que el Estado debe acercar la mayor información posible sobre sus vínculos con el mundo empresarial

Detener la utilización del Estado para el beneficio de unos pocos requiere de gobiernos con metas claras y una sociedad civil dispuesta a no tolerar el statu quo. Así piensa el griego Dimitri Vlassis, secretario general de la División de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, de visita por Buenos Aires.

Aunque sin referirse en particular a la Argentina, Vlassis sugiere que los gobiernos deben ser "lo más transparente posibles" y evitar las cláusulas secretas en las contrataciones de obras y servicios públicos para el Estado o con empresas públicas. También subraya la independencia que debe tener la Oficina Anticorrupción (OA) respecto del poder de turno.

– ¿Cuáles son los principales desafíos para los estados en materia de corrupción?
– Hoy los desafíos están en asegurar que haya marcos jurídicos y un sistema adecuado para combatir la corrupción con medidas preventivas, pero también con la investigación de los casos y las consecuentes denuncias. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción lista las acciones que los países pueden desarrollar para prevenir el delito, reforzar su legislación o encontrar ayuda contra el crimen transnacional organizado.

– ¿Encuentra la ONU voluntad del país para adaptar su legislación?
– La Argentina ha completado satisfactoriamente el mecanismo de revisión para la implementación de la Convención contra la Corrupción. Se han visto buenas prácticas y también retos que afrontar. Se está encarando el proceso de una manera muy seria.

– ¿Desde su experiencia, cuáles los fraudes típicos en la vinculación del Estado, o sus empresas, con el sector privado?
– Uno de los grandes desafíos está en la contratación pública. El Estado es visto como un "cliente" muy muy grande por empresas proveedores de bienes y servicios y es allí donde ocurren muchos de los casos de corrupción.

– Algunos acuerdos público–privados van acompañados por cláusulas secretas...

¿cuál es la recomendación de Naciones Unidas para estos casos?
– La Convención habla de ser lo más transparente posible. De hecho, se considera una buena práctica que los contratos público–privados no tengan cláusulas secretas, sean transparentes y permitan que el público acceda a la mayor cantidad de información para saber, al final del día, en qué se usa el dinero.

– ¿Es suficiente una Oficina Anticorrupción para prevenir y penalizar?
– Tiene que haber un esfuerzo común de todo el Gobierno. Es un esfuerzo colectivo y cada parte tiene un rol específico que desarrollar. El desafío está en mantener el equilibrio y lograr una mayor coordinación entre áreas.

– ¿Qué perfil deben tener los responsables de la Oficina Anticorrupción, según la ONU?
– Se necesitan perfiles especiales, gente capaz de realizar investigaciones y seguir las denuncias. Nosotros subrayamos el nivel de independencia respecto al Gobierno que deben tener las autoridades de las oficinas anticorrupción.

– ¿Recomienda o no que su titular pertenezca al partido gobernante?
– Lo que tenemos que ver es si la Oficina Anticorrupción está en condiciones de operar apropiadamente, con los recursos necesarios. Para mí, el elemento más importante es la independencia, en asegurar que el trabajo se hace, sin importar la persona o la ubicación de la oficina en el organigrama.

– ¿Las sociedades han tolerado demasiado la corrupción?
– Para mí, la corrupción no es una cuestión cultural. Es un problema de la sociedad, que vive en una especie de resignación más que de tolerancia. Ahí está el desafío de todos nosotros: debemos hacer a la gente entender que las cosas no tienen por qué ser así.

– ¿Hay algo concreto que los gobiernos puedan hacer para detectar el tráfico de influencias, especialmente cuando hay familiares de miembros del gobierno con contratos públicos?

Si la legislación otorga las habilidades adecuadas para la aplicación de justicia, eso debe ser suficiente para detectar y ejercer un control adecuado sobre posibles delitos.