Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
U$D
/
MERVAL

Ley de Migraciones: habrá expulsiones exprés en no más de 60 días

El decreto que prepara el Gobierno reduce 50% la permanencia precaria e impone un modelo por el cual se revoca la residencia, se lo deporta y se prohibe por 8 años su entrada

Ley de Migraciones: habrá expulsiones exprés en no más de 60 días

En la Casa Rosada ya están analizando el borrador del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el cual el Gobierno buscará modificar la ley de Migraciones 25.871. El encargado de llevar adelante el análisis del texto, que llegará a las manos del presidente Mauricio Macri en los próximos días, es Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, pero desde el Gobierno estimaron que como es un trabajo interjudireccional –Justicia, Cancillería y Seguridad– llevará no menos de un mes su publicación.

Según explicaron fuentes oficiales a El Cronista, los principales cambios a la norma están dados por dos puntos fundamentales. El primero reduce en un 50% el plazo para la "autorización de permanencia precaria", que es la que obtienen los extranjeros que iniciaron los trámites para obtener algún tipo de residencia en el país (laboral, estudiante, etc.). Según la norma actual ese plazo es de "180 días corridos" renovables, y la que intención del Ejecutivo con la reforma es reducirlo a "90 días corridos". Las fuentes explicaron que es "un modelo similar al europeo".

Pero el cambio más drástico tiene que ver con los tiempos de expulsión de aquellos extranjeros que cometieran delitos.

La modificación que buscará llevar adelante el Gobierno implica que, una vez que la Dirección Nacional de Migraciones le haya solicitado a la Justicia la detención "aún cuando la orden de expulsión no se encuentre firme"; el plazo para retener a un extranjero y materializar su expulsión "será de 30 días corridos prorrogables por otros 30" sólo si lo pide un juzgado.

Así, un extranjero que cometa un delito doloso de cárcel efectiva en el país –todos aquellos que tienen una pena mayor a los tres años– pasará por un proceso penal que da lugar a la revocación de la residencia, lo que deriva en un trámite "exprés" para la expulsión en un plazo no mayor a los dos meses y, además, tendrán una restricción de 8 años para entrar al país en el caso de los delitos mencionados y de 5 años para otro tipo de expulsiones.

La medida que aún no vio la luz y que el Gobierno planea poner en marcha vía DNU ya está generando controversia con organizaciones ligadas a los derechos humanos y a los inmigrantes.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta ayer al jefe de Gabinete, Marcos Peña, con copia a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en la que solicita una "reunión urgente" con el objetivo de plantear la "preocupación y desconcierto" por la decisión de modificar por decreto la Ley de Migraciones. Además de asegurar que la decisión es "absolutamente infundada" dice que el DNU es un "avance" contra las facultades del Congreso, el CELS acompaña la carta con la firma de 130 organizaciones locales e internacionales DDHH y migrantes.

Mientras en Casa Rosada se recibía ayer el borrador del DNU, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el director de Migraciones, Horacio García, presentaron oficialmente un sistema que endurece los controles migratorios en los aeropuertos.

El denominado Sistema de Información Anticipada de Pasajeros apunta a determinar si una persona que ingresa o egresaes requerida por la Justicia local o su país de origen.

El ministro señaló que cuando se detecte que un viajero tiene causas con la Justicia habrá una "comunicación con el país que lo requiere, con la justicia de ese país, y ahí se determinará qué hacer".

Más notas de tu interés