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Las resoluciones dictadas por los órganos de aplicación del Convenio Multilateral no son dogmas de fe

por  GERMÁN KRIVOCAPICH

Abogado (UBA).Especialista en Derecho tributario (UBA). Director y Docente de la Carrera de Especialización en Tributación Local, (UNTREF).Profesor adjunto Regular por Concurso y a cargo de la asignatura Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Carrera de Abogacía (UNLAM). Profesor adjunto Regular por Concurso de la asignatura Derecho Público en la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  Profesor de la asignatura Tributos Locales en la Carrera de Especialización de Derecho Tributario (UBA). Autor de varios artículos y coautor en libros de la especialidad. Asesor en temas tributarios de varios municipios de la Provincia de Buenos Aires y del Interior del País.

 

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Las resoluciones dictadas por los órganos de aplicación del Convenio Multilateral no son dogmas de fe

I. La cuestión procesal

El pasado lunes 10 de abril, Laura Karschemboin publicó un artículo en el Suplemento Fiscal y Previsional de El Cronista, donde desarrolla un análisis de la obligatoriedad de las resoluciones referidas en este título. Así, sostiene que “Las provincias y municipalidades están obligadas a acatar las decisiones de la Comisión Arbitral y Plenaria por la adhesión realizada al Convenio Multilateral. De la doctrina de la CSJN, surge que los municipios pueden accionar judicialmente si consideran que no se ajusta a derecho la decisión de los órganos citados.”

Intentaremos completar algunos aspectos presentados en el artículo referido precedentemente, que entendemos sustanciales para comprender el estado actual de la cuestión, y que hacen a la posición de los fiscos locales en las controversias relativas a lo que sustancialmente resuelven los órganos de aplicación del Convenio Multilateral.

En su trabajo, reflexiona sobre la naturaleza jurídica de las resoluciones de la "CA" y "CP", y del planteo de casos concretos, sobre su obligatoriedad y necesidad de su revisión judicial, analizando reciente doctrina legal de la CSJN, y de la justicia de la provincia de Buenos Aires, siendo de utilidad para contribuyentes que opten por discutir la correcta aplicación del art. 35 del CM.

A confesión de parte relevo de prueba. Está claro que se trata de un artículo destinado a contribuyentes.

Y en ese marco considera un riesgo que la Justicia Provincial avale la pretensión Municipal relativa a la aplicación del 3º párrafo del artículo 35º del CM cuando el contribuyente cuenta con resolución favorable de los órganos de aplicación del "CM" por aplicación del 2º párrafo.

Mi distinguida colega presenta como un interrogante dilucidar si existe un riesgo cierto respecto a que la justicia provincial haga lugar a la pretensión de una municipalidad de pretender cobrar a un contribuyente supuestas diferencias en la Tasa de Seguridad e Higiene ("TISH"), aun cuando este último posea una resolución favorable emitida por los órganos de aplicación del CM. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de los órganos del CM

Karschemboin sostiene que los órganos del CM revisten los rasgos típicos de tribunales administrativos con competencia materialmente jurisdiccional, toda vez que el contribuyente no solicita un mero control de la distribución de la base imponible de la imposición local, sino que actúa ante la CA y CP para defender sus derechos subjetivos.

Para echar luz sobre este punto, bien podemos remitirnos a las consideraciones del dictamen de Procuración en el precendente “Maxiconsumo”[1]. En  su apartado VIII  en el que se explica con claridad a la que me remito la singular conformación de la Comisión Arbitral y de la Comisión Plenaria, en tanto son una instancia de carácter administrativo, integrada por representantes de todas las jurisdicciones interesadas, especialistas en materia impositiva, lo que le otorga una naturaleza peculiar (arg. arts. 15 a 26 del CM).

Es decir que todas las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están representadas y expresan su opinión decisoria, para confluir en la resolución definitiva del asunto de que se trate.

La revisión de las resoluciones de los organismos de aplicación del CM

Estrechamente vinculado con lo anterior está el problema relativo a la revisión, administrativa o judicial, de lo actuado por dichos órganos, tema que lleva ínsitas dos cuestiones.

En primer término, cabría plantear si lo decidido por la Comisión Plenaria tras recurrir lo actuado por la Comisión Arbitral, en los términos del art. 24, inc. b), del CM, puede o no ser revisado. La respuesta es, indudablemente, afirmativa. En efecto, la vía que ofrecen los organismos de aplicación no es una mera opción para las partes y, por otro lado, si se tiene presente la jurisprudencia del Máximo Tribunal del precedente de Fallos: 247:646, no puede concluirse en que lo resuelto por ellos sea irrevisable por autoridad superior alguna. Ello llevaría a encumbrar a dichos organismos por encima de las más altas autoridades del Estado, al otorgar rango de cosa juzgada a su actuación, sustrayéndola del conocimiento de todo juez en la República, lo cual contraría las consideraciones de la lógica jurídica más elemental.

Además, esta conclusión vale tanto para el contribuyente como para los fiscos adheridos, ya que se vincula con fundamentales derivaciones del derecho a la defensa en juicio y a la revisión judicial suficiente.  

Hay que aclararlo pues hoy día alguna parte de la doctrina sostiene que la revisión solo le está reservada al contribuyente y no a los fiscos signatarios del CM pues se han sometido voluntariamente al mismo.

Contra esta postura, es un argumento irrefutable lo que también al respecto ha sostenido el dictamen de Procuración referenciado, al advertir que en el caso de los fiscos obedece también a una consideración añadida, vinculada con el principio de indisponibilidad del crédito fiscal. En efecto, las obligaciones tributarias, nacidas al amparo del principio de reserva de ley (arts. 4º, 17, 75, incs. 1º y 2º, y 99 de la Constitución Nacional), resultan de obligado cumplimiento para los sujetos pasivos, como de obligada recepción por parte de los sujetos activos del crédito. Si coligiéramos que una jurisdicción puede dejar librado lo relativo a la determinación de sus créditos fiscales a lo que resuelvan, en definitiva y sin posibilidad alguna de revisión ulterior, los organismos administrativos del CM, se estaría consagrando, de manera espuria, una inaceptable excepción al mentado principio de honda raíz republicana.

En cuanto a la segunda cuestión, vinculada con cual hubiera sido la sede judicial idónea para hacer efectivo la revisión, compartimos la conclusión del Dictamen que propuso la apertura del REF y la revisión de los pronunciamientos de la CA y CP por esta vía procesal.

Más la jurisprudencia actual de la CSJN a partir de “Automotores Fangio”, “Maxiconsumo” y “Avícola Soychú” eliminó esta posiblidad de modo que debemos aceptar el estado de cosas tal y como se presenta, generando las condiciones que garanticen a los contribuyentes la tutela jurisdiccional efectiva al tiempo que a los fiscos le permite garantizar la tutela de la hacienda pública que se le confía.

Sentada la necesidad de revisar lo actuado por estos organismos administrativos plurilaterales, debemos presentar el escenario en que se desarrolla hoy la mentada revisión.

Las resoluciones de los órganos de aplicación del CM son obligatorias para las partes una vez firmes o consentidas.

Laura Karschemboin  proclama que esta obligatoriedad no sólo surge del propio CM (art. 24 inc. b), sino de jurisprudencia de la CSJN, in re "Municipalidad de Morón c/ S.A. Deca, I. y C. y otra", del cual surge el principio de imperatividad de las cláusulas del CM respecto de las partes contratantes y sus municipios,

Pero es menester dejar establecido que los pronunciamientos de los órganos de aplicación del CM no son dogmas. Un dogma (del griego δογμα, a su vez de δοκειν, dokein, "parecer") de acuerdo al DRAE es una "proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable" ; es un principio o conjunto de ellos establecidos por una autoridad como una verdad incuestionable. Sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias y que no puede alterarse o descartarse sin afectar a todo el paradigma del sistema o la ideología en sí[2].

Cuestión que, si estas resoluciones no deben ser dogmáticamente aceptadas, y como refiere el dictamen de Procuración de “Maxiconsumo” , susceptibles de revisión judicial suficiente, entonces de ello se deduce sin mayor esfuerzo que los pronunciamientos de la CA y CP serán obligatorios para las partes una vez firmes – en sede administrativa o luego de su revisión judicial - o consentidos.

El incumplimento acarrea una sanción

Contrariamente a la afirmación que emana del artículo que nos permitimos contestar, en el sentido de no encontrar una  sanción administrativa por el incumplimiento de las resoluciones de los órganos de aplicación del CM, es indudable que los fiscos provinciales y municipales pueden ejecutar las decisiones de la CA y CP en el marco de sus procedimientos determinativos de oficio y conforme se prevea en los distintos ordenamientos procesales locales. En tanto que el contribuyente que cuenta con un pronunciamiento firme o consentido de la CA y CP podrá promover las denuncias a que refiere el artículo 9 inciso d y f de la ley de coparticipación federal de impuestos 23.548.

La actual doctrina legal de la CSJN en materia de revisión de pronunciamientos de la CA y CP

Compartimos con nuestra Némesis, que en su más reciente jurisprudencia in re "Frigorífico de Aves Soychu", "Maxiconsumo", "Automotores Juan Manuel Fangio", la CSJN sostuvo que las resoluciones de la CP son revisables por el Poder Judicial, pero deberán ventilarse ante los tribunales locales competentes por las vías que las normas procesales respectivas dispongan. Así declaró formalmente improcedente los Recursos Extraordinarios Federales interpuestos tanto por contribuyentes como por los fiscos.

 

II.  La cuestión de fondo

Los casos concretos refieren a supuestos de ahuecamiento de base por aplicación de la doctrina establecida por la CA y la CP desde “Supermercado Mayorista Yaguar”

El marco en el que Laura Karschemboin presenta la cuestión supone que “el contribuyente ve afectado sus derechos subjetivos debido a que, a pesar de haber ingresado el 100 % de la correspondiente base imponible un fisco puede no estar de acuerdo con lo tributado en su provincia o municipio -producto de la distribución realizada por el sujeto de sus ingresos y gastos entre las jurisdicciones en donde ejerce actividad-, y en consecuencia le determinará la diferencia a su favor. Es por ellos que el planteo del "caso concreto" consiste en una herramienta útil para solucionar esta situación, y de hecho se encuentra previsto con ese fin”.

Debemos decir que no es el caso que ha originado las controversias que llegaron a los estrados judiciales. Tanto las citadas por la autora como las que se han omitido.

Es que convalidar la aplicación del 2º párrafo del artículo 35 del CM implica ahuecar la base imponible provincial y limitar el tope fijado por el 1º párrafo del artículo 35º que permite distribuir hasta el 100% de la base imponible provincial entre los municipios en los que el contribuyente cuente con habilitación. No podemos obviar esta cuestión sustancial para comprender cabalmente que de lo que se trata es de extraer porciones de base imponible que por aplicación de la doctrina “Yaguar” quedan lisa y llanamente sin gravar.

La Comisión Arbitral se avocó al tema en discusión. En el precedente "John Deere SA" se introdujo un antecedente que de tan novedoso se ha vuelto peligroso para la estabilidad jurídica. Vale la pena transcribir algunos pasajes centrales del pronunciamiento: "... cuestión muy distinta es la problemática del local, que es un espacio físico, normalmente edilicio, donde se realizan tareas fabriles, comerciales o de servicios. Es posible carecer de local y quedar sujeto a la potestad tributaría de un fisco, porque el gravamen recae sobre la actividad, aunque esta se realice desvinculada de un espacio físico cierto; y por el otro lado, también puede darse que se disponga de un local, pero allí no realice actividad alguna, en cuya hipótesis, el sujeto podrá ser contribuyente de un tributo distinto, a la propiedad, por ejemplo, pero no al que grava el ejercicio de actividades económicas habituales".

De modo alarmante, luego remata la Comisión Arbitral con esta conclusión: "Es decir haya o no local, el tributo procederá en la medida del ejercicio de actividad gravada en un territorio cierto. Obviamente, debe preexistir la norma legal que instituye el tributo"…"Que en la presente causa no existe local de Industrias John Deere SA en la ciudad de Victoria, hecho que de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, carece de relevancia. Ello es así porque ese requisito no es exigido por las normas municipales que instauraron la tasa ni por el art. 35 del Convenio Multilateral cuyo párrafo de manera implícita, alude a la posibilidad de distribución aunque no haya local." 

El dislate se consuma al tenerse por resuelto en la causa referida, que al probarse por parte de la municipalidad de Victoria, que existe sustento territorial en la actividad ejercida por John Deere en el ejido mediante gastos, queda sometida así la apelante a la imposición local.

Con este criterio, si se demuestra por parte del ente local – municipalidad - que la empresa — sujeto de convenio—  realiza gastos u obtiene ingresos en la jurisdicción local, sea mediante agencia, local, representante, mandatarios, fax, o medios electrónicos, queda sometida a la imposición de la tasa, sin considerar o analizar el elemento legitimador del gravamen, cual es la contraprestación de un servicio público potencial o efectivo.

Sin embargo, la mayoritaria corriente doctrinaria, avalada en este tema por varios fallos judiciales, sostiene la ilegalidad de gravar la actividad sin contar con local o sucursal habilitada, e invocan un aspecto normativo esencial cual es el artículo 9 inciso b) acápite II de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos N° 23.548, que obliga a aplicar tasas de servicios efectivamente prestados, integrando esta norma el conocido derecho intrafederal.

Es decir que con la hipótesis fáctica de ausencia de local o sucursal habilitada, toda vez que la comuna no pueda satisfacer la exigencia natural de acreditar un servicio individualizado a un bien individualizado, no tendrá facultad o potestad tributaria para gravar la actividad comercial desplegada en la comuna.

La cuestión se complicó en los últimos años, con la emisión de algunos pronunciamientos de la Comisión Arbitral, que luego del caso “John Deere”, vinieron a dar una suerte de aval a los municipios de las Provincias de Córdoba y Entre Ríos, en su afán por imponer tasas sin servicio ni local, como alguna vez se las llamó.

Hubo distintas resoluciones de Comisión Arbitral en donde se ha interpretado que resulta imprescindible la existencia de una norma de rango provincial, que cumpla el requisito establecido en el tercer párrafo del artículo 35 del CM (es decir que, sólo permita la percepción de los tributos en aquellos municipios donde exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada)

Sin embargo, este criterio parece haberse revisado a partir de lo resuelto por la Comisión Plenaria en la Resolución (CP) 26/2007 "Supermercado Mayorista Yaguar SA c/ Municipalidad de Avellaneda".[3]

Lo considerado a partir del precedente “Supermercado Mayorista Yaguar” fue a contramano de un criterio pacífico, reiterado e inveterado de la Comisión Arbitral, que sostenía que la norma en cuestión debe ser una ley provincial, más precisamente la Ley Orgánica de las Municipalidades (L.O.M.).

Invariablemente se mantuvo esa tesitura hasta la Resolución 08/2004 (CA) en “Akapol c/ Municipalidad de San Martín” Pero es a través de la Resolución 26/2007 (CP) “Supermercado Mayorista Yaguar SA c/ Municipalidad de Avellaneda", que abandona ese criterio para pasar a considerar que en Buenos Aires no existe tal norma y que consecuentemente cualquier Municipio en el cual se verifique la actividad, puede exigir la tasa.

En conclusión no se ha judicializado una discusión sobre el sexo de los ángeles. Se ha puesto en tela de juicio una doctrina de la CA y CP, instaurada en 2007 y que aún rige – llamativamente – para los períodos anteriores al 1º de enero del 2013.

Anticipamos que la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, es unánime, pacífica y abrumadora, sosteniendo de modo recurrente a lo largo de al menos las últimas 3 décadas siempre el mismo criterio. En tal sentido son de destacar los pronunciamientos causa A. 71.396, "Y.P.F. S.A. contra Municipalidad de Vicente López sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" del 9 de septiembre de 2015 y causa B. 65.396, "Esso Petrolera Argentina S.R.L. contra Municipalidad de Quilmes. Demanda contencioso administrativa" del 22 de junio del 2016, en los que la SCBA confirmó que contrariamente a lo establecido por los organismos de aplicación del CM, en la Provincia de Buenos Aires siempre fue de aplicación lo previsto por el tercer párrafo del artículo 35º del CM.

El estado actual de situación en la Provincia de Buenos Aires

Esto es exactamente lo que ocurrió en el caso citado por Laura Karschemboin  que involucra al fisco de Vicente López, “La Segunda”. Recurrido el pronunciamiento de la CP ante la CSJN por vía del REF, con sustento en el claro dictamen de procuración del caso “Maxiconsumo”, el mismo fue rechazado a la par que se sustanciaba en correspondiente juicio de apremio, en cumplimiento de la manda legal de tutelar los recursos de la hacienda pública municipal. Esta particular situación procesal impidió promover la pretensión anulatoria puesto que haber elegido la vía procesal del REF era incompatible con la acción de impugnación en sede local. En la casuística particular de cada controversia tenemos que ser muy claro, pues de lo contrario estaríamos llamando a confusión al lector, quien podrá verse influenciado por una interpretación sesgada o limitada del estado actual de la cuestión relativa a la revisión judicial suficiente de las resoluciones de la CA y CP.

Crónica de un final anunciado.

Los casos “La Segunda” y “Cerámica Cerro Negro” no son representativos del estado actual de la cuestión vinculada a la revisión judicial de los pronunciamientos de la CA y la CP.

Pero si deben considerarse, a la hora de evaluar una acción por el contribuyente, los fallos resueltos en cuanto al fondo de la cuestión y aquellos que han sido admitidos en primera Instancia y que actualmente se encuentran en etapa de sustanciación.

Nos referimos, en lo sustancial, al Caso  Petersen Thiele y Cruz s.a. de construcciones y mandatos c/Municipalidad de Vicente Lopez s/ pretensión anulatoria. Nº de Causa: A – 72480, sentenciada por la SCBA el 15 de marzo de 2017. [4]

En esta línea de discusión, se encuentran en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 1, las causas 39815, 39816, 42478, 42479, 40891, 40882, y 40881 y ante el Juzgado del mismo fuero No 2, causas 6187, 7240, 7239, ambos del Departamento Judicial de San Isidro, donde la Municipalidad de Vicente López, ha promovido sendas pretensiones anulatorias contra resoluciones de la CP, citando como terceros obligados al proceso a los contribuyentes involucrados en cada actuación ante los organismos de aplicación del CM.

En todos los casos ha sido admitida la competencia por el Juez de grado y actualmente se encuentra en trámite un recurso de apelación ante la Cámara del Fuero con sede en San Martín, articulado por la representación letrada de la CA y CP contra la decisión de admitir la competencia. Es de esperar que por aplicación de la doctrina de la CSJN de “Maxiconsumo” se confirme el decisorio de grado.

A esta altura consideramos equivocado que  en el marco del trámite de las pretensiones anulatorias promovidas por el Fisco municipal contra las resoluciones emanadas de la CA y la CP y hasta tanto no se dicte sentencia definitiva por parte de un órgano judicial, los fiscos no podrían pretender el cobro compulsivo de la supuesta deuda que pretenden reclamar, como concluye Laura Karschemboin . Esta afirmación es errónea. Con sustento en la doctrina de la SCBA en los casos “ESSO” y “PETERSEN”, no existiría óbice para perseguir el cobro de los tributos en cuestión, por la vía de apremio.

Es más, en los casos promovidos por la Municipalidad de Vicente López, como pretensiones anulatorias contra resoluciones de la CA y la CP no se han otorgado medidas cautelares a favor de los contribuyentes involucrados, y esto es de toda lógica, puesto que no existe verosimilitud del derecho invocado sostenido en  resoluciones no firmes de los órganos de aplicación del CM, cuando controvierten la doctrina de la SCBA que viene interpretando exactamente lo contrario en la aplicación del artículo 35º del CM con jurisprudencia de abrumadora vigencia y actualidad.

Una última reflexión. Al margen de lo novedoso de la cuestión, que se circunscribe sobre la revisión judicial de los pronunciamientos de la CA y la CP en sede local, y sobre la base de los antecedentes ya referidos, entendemos que puede ser de gravedad para la credibilidad de estos organismos que se pronuncie la Justicia local de la Provincia de Buenos Aires, dejando sin efecto las resoluciones en que se interpretó que hasta el 31 de diciembre de 2012 era de aplicación el 2º párrafo del artículo 35º del CM en lugar del 3º como ratificó permanentemente la SCBA.

Tal vez sea el momento de revisar esta doctrina por los propios organismos de aplicación del CM y anticiparse a lo que suponemos es la crónica de un final anunciado.

 

[1] MAXICONSUMO SA C/ PROVINCIA DE MISIONES (RECURSO EXTRAORDINARIO) M.921, L. XLII

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Dogma

[3] Textualmente, se sostuvo en dicha resolución: "Que no existe una disposición de orden provincial que establezca la obligación de que el tributo municipal se aplique exclusivamente cuando exista local habilitado.

Que la Municipalidad de Avellaneda tiene instituida la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para actividades económicas que se desarrollen en locales, establecimientos o instalaciones; y además, contiene una norma que establece que no será requisito para configurar el hecho imponible de dicha Tasa la circunstancia de que el prestador de los servicios posea local, establecimiento comercial, industrial u oficina habilitada en jurisdicción del Municipio.

Que a ello se debe agregar que aquellos prestadores de servicios o quienes ejerzan actividad lucrativa en el ámbito del partido de Avellaneda, que carezcan de oficina comercial, según el Decreto 1687/97, deben inscribirse en un registro especialmente creado al efecto, debiendo los obligados liquidar la tasa en iguales condiciones que los contribuyentes comunes.

Que lo antes expuesto hace que no sea de aplicación el tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral, debiéndose considerar para la determinación de los coeficientes de distribución de los ingresos brutos que correspondan a la Provincia de Buenos Aires, la totalidad de las jurisdicciones municipales en que el contribuyente desarrolle actividades aún sin tener local habilitado, y en las cuales pueda convertirse en sujeto pasivo de la tasa en cuestión".

[4] La firma, inscripta en el régimen del convenio, asegura desarrollar la actividad de construcción dentro del ámbito territorial correspondiente a distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, como los de La Matanza y Avellaneda, pero sólo en Vicente López cuenta con un local habilitado, más precisamente un depósito destinado a la guarda de materiales. Ante esa situación, la autoridad administrativa del caso ha estimado aplicable lo dispuesto por el tercer párrafo del art. 35 del convenio en cuestión y -en virtud de ello- ha asignado a la Municipalidad de Vicente López, única comuna donde la contribuyente cuenta con local habilitado, el 100% del monto imponible atribuible al Fisco de esta Provincia. Tal como acertadamente lo expresara la Cámara, dicha conclusión se ajusta a la doctrina sentada por esta Suprema Corte en las causas B. 54.620, "Compañía Argentina de Seguros Providencia", sent. del 28-V-1996 y B. 56.058, "Molinos Río de La Plata", sent. del 13-IX-2000. En efecto, también allí se consideró aplicable -en supuestos análogos al de autos- el citado art. 35, 3er. párr. del Convenio Multilateral, precisándose además que la circunstancia de 4/4/2017 14/20 que no concurran otros municipios no desplaza la posibilidad de gravar en un ciento por ciento (100%) los ingresos provinciales, ya que la falta de participación tributaria entre más de una comuna autoriza el gravamen del ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial. Para más y como se adelantara, en ocasión de decidirse la causa B. 65.396, "Esso", sent. del 22-VI-2016, dicha doctrina fue recientemente ratificada. b. No altera el criterio que ha sido expuesto el argumento basado en lo establecido por la primera parte de la regla en cuestión. En su tercer párrafo, el art. 35 del Convenio Multilateral reza: "Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al fisco provincial". De allí la recurrente extrae que el precepto transcripto se encuentra supeditado a una condición (la existencia de normas locales que sólo permitan la percepción del tributo cuando haya local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada) y según lo interpreta ésta no se verifica en la 4/4/2017 15/20 Provincia. Mas no es cierto que la preceptiva aplicable en dicho ámbito autorice el cobro de una tasa de seguridad e higiene como la aquí discutida aún en ausencia de local, establecimiento u oficina. Por el contrario, sin la concurrencia de este extremo el tributo mencionado no podría siquiera configurarse, porque las municipalidades no se encontrarían en condiciones de prestar efectiva o potencialmente el servicio de inspección destinado a preservar la seguridad, salubridad e higiene que opera como presupuesto del gravamen (conf. causa B. 56.454, "Pecom", sent. del 17-XII-2003).

Para más y como se lo precisara en la ya citada causa B. 65.396, la ley 14.393 (B.O. 19-XI-2012) ha venido a aclarar la cuestión abordada, pues ha modificado el art. 226 inc. 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, puntualizando que entre los recursos municipales se encuentra el gravamen de "inscripción e inspección de seguridad, salubridad e higiene en establecimientos u oficinas, en los que se desarrolle actividades comerciales, industriales, servicios, científicas y toda otra actividad, cuando exista local, establecimiento y/u oficina habilitado o susceptible de ser habilitado, situado dentro del ejido del Municipio".