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Las pymes pueden defenderse de los "carteles" que no las dejan entrar a algunos mercados

Las pymes acosadas por "acuerdos de caballeros" de las grandes firmas que las dejan afuera de determinados mercados tienen distintas vías para defenderse, administrativas, penales y civiles.

Nicolás, Federico, Martín, Mauricio y Tomás son productores de una materia prima de la industria de alimentos. Son los únicos proveedores y abastecen a todo el país. Ven necesario "cuidar y proteger el valor de su producto". Para esto, deciden convenir un "pacto de caballeros" y sostener el precio de su producto en un piso determinado, además de no superponerse en determinados mercados geográficos.

Para gestionar el acuerdo, crearon una cámara, en la cual se obligan a intercambiar información sobre precios y stock de mercadería, entre otras cuestiones. De esta manera, han configurado un "cartel" y desde la órbita de Defensa de la Competencia, sus prácticas podrían ser consideradas anticompetitivas. Dichas conductas, en efecto, podrían tener la entidad suficiente para distorsionar la competencia en un mercado determinado y generar un perjuicio concreto para el interés económico general, ejemplificó Laura Bierzychudek, del Estudio Trevisan.

La autoridad de Defensa de la Competencia ha sancionado diversos carteles, en los cuales se han observado conductas similares a las descriptas en el ejemplo. En este sentido, se han sancionado acuerdos de precio y reparto de mercados (sobre cemento y oxígeno líquido medicinal), discriminación y abuso de posición de dominio (con gas licuado), imposición a supermercados de márgenes de precios a fin de impedir u obstaculizar que el producto de la competencia se ofrezca a un precio reducido de comercialización (caso lavandinas), abuso de posición de dominios y barreras a la entrada o restricciones para contratar directamente (colegios profesionales en materia de servicios de salud), analizó Bierzychudek.

Las acciones y remedios que surgen frente a un cartel son los siguientes, según enumeró Bierzychudek:
- Reclamo administrativo.
- Denuncia penal.
- Reclamo en el fuero civil.

En sede administrativa, cualquier persona o empresa puede presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), para lo cual debe describir el objeto de la denuncia, los hechos y derechos en que se funda. Ante la citación de la CNDC, debe ratificar la denuncia.

Si la denuncia no cumpliera con todos los requisitos o los hechos no hubieran sido claramente expuestos, por ejemplo, pero la autoridad considera que existen indicios suficientes, ésta cuenta con facultades para darle curso igual.
La autoridad también puede iniciar una investigación de oficio, lo que sucede a veces como consecuencia de investigaciones de mercado efectuadas por la Secretaría de Comercio.

Los proyectos de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, que se encuentran actualmente en la Cámara de Diputados, también contemplan la posibilidad de que un miembro del cartel "delate" las conductas del grupo, brindando información y documentación útil para la investigación, pudiendo recibir por ello un beneficio de excusión o reducción de las penas, o sea, un programa de clemencia o del arrepentido, comentó Bierzychudek.

El trámite que se inicia a partir de la denuncia o de oficio por la autoridad, ante la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia y el Secretario de Comercio, tendrá sanciones administrativas, en caso de confirmarse las conductas anticompetitivas denunciadas.

Pero, sin perjuicio de los trámites administrativos, el Código Penal tipifica dentro de los Delitos contra la Fe Pública, el fraude al comercio y a la industria, estableciendo que serán reprimidos con pena de prisión de 6 meses hasta 2 años, aquellos que hicieran alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. Los proyectos que se encuentran actualmente bajo estudio también prevén incorporar sanciones penales dentro de la ley especial.

Por último, la Ley de Defensa de la Competencia prevé que las personas físicas o jurídicas damnificadas por conductas anticompetitivas puedan ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia. En este último supuesto, estamos frente a una acción civil cuyo objetivo es la reparación del daño a las personas damnificadas por aquellos actos que se encuentran prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia, señaló Bierzychudek.

Esta acción tiene muy pocos antecedentes en Argentina. La primera decisión en un reclamo de daños y perjuicios por conductas anticompetitivas en el país tuvo lugar en el caso Auto Gas, con sentencia de primera instancia dictada en 2009. Allí se hizo lugar al reclamo de la persona privada considerando que las conductas de YPF, sancionadas en sede administrativa y confirmadas en sede judicial, habían causado daños a Auto Gas. Las conductas probadas consistían básicamente en abuso de posición de dominio y discriminación de precios entre el mercado doméstico y el de exportación.

Además, existen las acciones de clases que pueden nuclear damnificados con situaciones similares y la acción de tutela preventiva, incorporada por el nuevo Código Civil y Comercial.

Las siguientes conductas podrían ser consideradas prácticas restrictivas de la competencia, sí y solo sí se restringe el mercado y de ello resulta un perjuicio al interés económico general:
- Fijar, concertar o manipular el precio.
- Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes.
- Repartir entre competidores zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento.
- Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos.