Las empresas deberán informar a la AFIP quiénes son sus beneficiarios finales

Así lo dispuso el Fisco. Establece que los sujetos alcanzados deberán identificar anualmente a quiénes posean capital o derechos de voto de una sociedad u organización. También reglamentó el registro de sociedades pasivas, que había sido sancionado por ley en la era Macri.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que las personas jurídicas deberán informar una vez al año quiénes son sus beneficiarios finales, a través de la resolución general 4697/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El nuevo régimen informativo establecido por el organismo tiene como objetivo identificar a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión.

La normativa representa un avance en materia de transparencia , afirmó la AFIP, al tiempo que precisó que reemplaza al régimen de información sobre participaciones societarias vigente que no requería a los contribuyentes la información referida a los beneficiarios finales.

La normativa del organismo establece que los sujetos alcanzados deberán reportar la información sobre todas las personas humanas que posean capital o derechos de voto de una sociedad, persona jurídica u otra entidad contractual o estructura jurídica, o que por cualquier otro medio, ejerzan su control directo o indirecto.

El especialista impositivo Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, resaltó que esta solicitud de información adicional se trata de una búsqueda del Fisco de disminuir la evasión fiscal y poder hacer un control cruzado con los sistemas, en diálogo con El Cronista.

Por su parte, el tributarista Iván Sasovsky explicó que esta norma busca alinear los regímenes de información locales a estándares internacionales para evitar lo que se conoce como "planificación fiscal nociva".

"Este tipo de instrumentos está dentro de la agenda de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Desde lo técnico la medida es correcta y actualiza un régimen de información que hoy ya es requerido por las entidades financieras de todo el mundo. Lo que sí es sumamente inoportuna; dado que esto no es algo nuevo y la AFIP puede esperar a terminar la cuarentena para hacerlo", explicó a este medio.

El especialista en impuestos Ezequiel Passarelli coincide y señala que esta norma responde "a lo que viene ocurriendo en el mundo con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y el intercambio de información fiscal de la OCDE".

Los datos sobre los beneficiarios finales deberán presentarse independientemente del porcentaje de participación que posean. La resolución no establece un umbral mínimo a partir del cual los sujetos alcanzados tienen que informar quiénes son sus beneficiarios finales.

En los casos que no sea posible identificar a las personas humanas que revisten la condición de beneficiarios finales, los sujetos obligados deberán informar como beneficiario final al presidente, socio gerente, administrador o máxima autoridad de la organización.

En esos casos, la AFIP mantendrá sus facultades para verificar y fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación de los beneficiarios.

 

Sociedades en el exterior

La normativa avanza también en la implementación del registro de entidades pasivas en el exterior. Se trata de un instrumento previsto en la ley 27.260 de 2016 que habilitó el blanqueo de activos.

El registro alcanza a los contribuyentes que posean más del 50% de la participación en sociedades del exterior que, a su vez, obtenga una renta pasiva, es decir, aquellas que obtengan rentas exclusivamente provenientes de dividendos, regalías, intereses, rentas de capital y alquileres.

La normativa establece que esos individuos estarán obligados a informar una vez por año los datos que identifiquen a dicha entidad, y su vinculación jurídica con la misma. A partir de lo establecido por la ley 27.260, los contribuyentes no sólo presentarán este año la información referida a 2019, sino que también deberán ingresar los datos correspondientes a 2016, 2017 y 2018.

"El registro ya había sido creado por la ley del blanqueo en el anterior gobierno y ahora se pone en vigencia de manera retroactiva debiéndose informar en el registro entidades dese el 2016, algo que en este momento vuelve a resultar inoportuno", comentó Sasovsky.

Passarelli, por su parte, indicó: "En el caso de las 'sociedades pasivas', esto se debería declarar al presentar la Declaración Jurada de Ganancias y tomar un criterio sobre si pagar por el 'devengado' o, por el contrario, esperar a que se distribuyan los respectivos dividendos. Por lo cual, mínimamente en este caso, entiendo que habría una duplicación del trabajo, como suele ocurrir con los Regímenes de Información existentes."

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