Miércoles  18 de Julio de 2018

Las claves de la ley que impulsa Macri para transparentar aportes de campaña

A raíz del escándalo por lo aportantes truchos, el oficialismo respondió que busca que se transparente el financiamiento de la campaña. Bancarizanión, permiso a empresas, y registros, entre los puntos centrales.

Las claves de la ley que impulsa Macri para transparentar aportes de campaña

El proyecto de reforma electoral que presentó el Gobierno nacional en 2016 y que tiene media sanción en el Congreso volvió a tomar vuelo de la mano de la denuncia sobre aportantes “truchos” a la campaña de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos que hasta significó la renuncia de la recién asumida María Fernanda Inza como contadora general de la Provincia. 

El proyecto contempla la ampliación y fortalecimiento del cuerpo de auditores contadores, así como un procedimiento específico para sancionar los delitos electorales, dentro de los cuales aquellos vinculados al financiamiento tienen especial importancia. 

1. Bancarización del régimen de aportes  

Hasta hoy, gran parte de los aportes a los partidos se realiza en efectivo, lo cual dificulta el control de su origen y destino. En tal sentido, con esta propuesta se limitan los aportes en efectivo a fin de garantizar la trazabilidad del dinero y la identificación del donante. Ademas apunta a que el dinero de aportes y gastos sea registrado dando transparencia tanto al origen como al destino del dinero de la política. 

2. Habilitación de aportes de empresas, con topes 

La prohibición de los aportes de personas jurídicas no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad ni transparencia. Existe un fuerte consenso respecto a que la transparencia electoral requiere admitir estos aportes, estableciendo controles y topes para que ninguna persona –física ni jurídica– pueda “comprar” una campaña. El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, manteniendo el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. 

3. Registro de aportes y gastos en tiempo real

Se apunta a que los informes reflejen efectivamente lo que ingresa y egresa de las cuentas partidarias en materia de campañas. Para eso se crea un sistema de carga en tiempo real, donde los partidos deberán informar en una plataforma electrónica administrada por la Justicia Electoral los aportes recibidos y los gastos realizados, en un plazo no mayor a los 5 días de efectuada la operación. 

4. Registro de proveedores de bienes y servicios para campañas 

Hoy es muy difícil identificar la verosimilitud de los gastos que declaran los partidos en el marco de una campaña electoral. Por eso se propone que aquellas empresas o individuos que pretendan proveer bienes y servicios para el desarrollo de campañas electorales por un monto superior a los 10.000 módulos electorales (unos $ 94.000 en 2017) se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.

En materia de publicidad en vía pública deberán inscribirse todos quienes pretendan brindar este servicio, indepenientemente del monto de facturación.

De esta manera se busca hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, evitando la presentación de facturas apócrifas, la justificación de gastos no realizados, etc. 

5. Combate contra el dinero proveniente de actividades ilícitas: obligación de organismos financieros y de control de informar a la Justicia Electoral

Resulta crucial que quienes controlan el financiamiento de la política puedan acceder en forma expeditiva a la información que poseen diferentes organismos de control.

Para ello se propone regular la colaboración entre la Cámara Nacional Electoral y la UIF, PROCELAC, AFIP,  ANSES, IGJ, Of. Anticorrupción, y cualquier otro organismo que la Justicia estime conveniente.

Se establece la obligatoriedad para que estos organismos públicos compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.

6.Regulación de publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña 

Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.

Se trata de una histórica demanda necesaria para dar mayor equidad en el proceso electoral (esta misma propuesta está ya incorporada en el proyecto de reforma electoral, actualmente con media sanción en el Congreso).

En cuanto a la publicidad oficial, a la prohibición genérica de evitar elementos que promuevan el voto, se agrega la prohibición de incluir imágenes, nombres y voces de candidatos.

7.Sanciones para el uso de recursos públicos para fines partidarios

Se promueven sanciones para quienes utilicen recursos con los que cuentan en su calidad de funcionarios públicos para promover o perjudicar a un candidato, o para coaccionar a sus subordinados a participar de actividades de campaña, o que condicionen la prestación de un servicio a su cargo al apoyo político.

En varios fallos la Justicia electoral advierte sobre la necesidad de crear un tipo específico que penalice el clientelismo, y sobre todo aquel que se ejerce desde el estado.

En el proyecto de reforma electoral se incluyó un tipo general que penaliza a quien entregue beneficios particulares a cambio del voto.  

8.Aportes extraordinarios: restricción para partidos sancionados

Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones con motivo de la violación de normas vinculadas al régimen de financiamiento.  

9. Sitio web partidario obligatorio

Se establece la obligatoriedad para los partidos de contar con un sitio web, a los efectos de que publiquen allí sus estados contables. De esta manera se busca hacer más accesible la información sobre origen y destino de los fondos que se utilizan en la actividad política.

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