Viernes  01 de Diciembre de 2017

La seguridad del evento, con más interrogantes que definiciones

Dentro y fuera del Gobierno existe preocupación por la creciente conflictividad las posibles protestas y las dificultades que hay para cumplir con los estándares globales

La seguridad del evento, con más interrogantes que definiciones

El Gobierno tiene sincronizada la organización del G20 en la mayoría de las áreas, salvo en un aspecto fundamental. Asegurar la integridad de los más de 20.000 participantes motivó la conformación de una mesa tripartita, a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con participación del Ministerio de Defensa y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la que poco se sabe y sobre la cual aún hay más incógnitas abiertas que certezas.

La responsabilidad de brindar protección a los 20 líderes mundiales que llegarán a la cumbre programada para el 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 es un desafío que no tiene tan claro como abordar la Casa Rosada, todavía dañada por la represión fatal ocurrida hace días en Bariloche.

El Gabinete nacional estuvo debatiendo este año si el cierre del foro debía hacerse fuera de la capital nacional. De esta manera, reducían la posibilidad de protestas masivas y las chances de un atentado.

No es casualidad que Alemania haya elegido como sede del encuentro máximo la ciudad de Hamburgo, o que China optara por llevar a los líderes del mundo a Hangzhou, a más de 1200 kilómetros de la capital Pekín. Los anfitriones del G20 deben velar por un ambiente seguro, alejado de las perturbaciones que puedan producir grupos anarquistas y globalófilos, sin descuidar logística y condiciones de acogida.

Desde el inicio, el Gobierno planteó que el lugar de la cumbre debía ser Buenos Aires, pese a ser el escenario principal de la vida política y social del país, y donde tienen lugar expresiones de todos los sectores.

Se evalúa el complejo Costa Salguero como el mejor espacio para la concreción de la cumbre de líderes. La capital de los festejos electorales del PRO está alejada del centro, de las zonas residenciales y de trabajo, lo que le permitirá contener con mayor facilidad cualquier protesta que pudiera presentarse. La única contra es la cercanía que hay con el Aeroparque metropolitano, que se descuenta que cerrará sus puertas durante esos días.

Con graves problemas de abastecimiento en las fuerzas armadas y un presupuesto discreto para Defensa, el Gobierno enfrenta otro gran problema, que es asegurar las condiciones mínimas de seguridad, para lo cual requerirá, inexorablemente, de asistencia de las potencias invitadas. No será fácil encontrar el equilibrio ante los posibles recelos que pueden existir entre Estados Unidos, China, Rusia o el Reino Unido. En Casa Rosada no tienen definido cómo asumir ese rol. De hecho, prefieren no hablar del tema.

Otro asunto es que en Nación no ven tan factible que los activistas globales irrumpan en Buenos Aires durante la cumbre de líderes, tal como hicieron este año al chocar con la policía alemana en julio. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó esta perspectiva ayer en conferencia de prensa al recordar que la Argentina está "bien al sur".

Otros funcionarios, en diálogo con El Cronista, suscribieron la teoría del ministro coordinador y consideraron improbable la llegada de activistas extranjeros. Sin embargo, esto no es lo que expresan los activistas transnacionales en las redes.

El poder de estos grupos no se puede despreciar si se tiene en cuenta un antecedente central: en 1999, 40.000 activistas protagonizaron una contracumbre de la OMC en Seattle, Estados Unidos.

La protesta revolucionó las calles y llevó a un fracaso la cumbre, en la que Estados Unidos tomó protagonismo y cuestionó las normas laborales de los países en desarrollo así como los subsidios proteccionistas de la Unión Europea. Más acá en el tiempo y en latitudes, persiste en la memoria colectiva Ia tercera Cumbre de los Pueblos, llevada a cabo en Mar del Plata en 2005, en rechazo a la frustrada cita del ALCA.

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