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La oposición dice que la medida es inconstitucional e irá a la Justicia

Desde todos los bloques opositores criticaron la resolución oficial y anticiparon que, si el Gobierno no da marcha atrás, pedirán a la Justicia su inconstitucionalidad

La oposición dice que la medida es inconstitucional e irá a la Justicia

"Aberración", "peligro", "animalada", "violatoria de la ley", "anticonstitucional". Y la lista podría seguir porque la oposición no ahorró ayer críticas a la resolución 166/16, que habilitó a la Jefatura de Gabinete a utilizar la base de datos de la Anses. La decisión oficial fue cuestionada desde todos los bloques políticos y, si el Gobierno no da marcha atrás, deberá intentar sostenerla en los tribunales, pues la diputada Graciela Camaño ya avisó que hará una presentación judicial al respecto.

"Es una aberración", definió el líder del Frente Renovador y ex director ejecutivo de la Anses, Sergio Massa, en un breve diálogo con El Cronista. El diputado, de visita en Filadelfia para participar de la Convención Demócrata que elegirá a Hillary Clinton como candidata presidencial, consideró que la resolución oficial viola la ley de protección de datos.

Por ello, la diputada de su bloque Graciela Camaño anunció que planteará la cuestión ante la Justicia. "Voy a hacer una presentación judicial. Esta resolución claramente viola el derecho de hábeas data, además de la ley 25.326 (de protección de datos personales) y el artículo 43 de la Constitución", detalló la legisladora a la agencia DyN.

Otra diputada del Frente Renovador, la especialista previsional Mirta Tundis, comparó además la iniciativa con el programa Fútbol Para Todos, utilizado por el último gobierno para canalizar la propaganda oficial. "Sabemos que esto se va a destinar a campaña política. Esta película ya la vimos y me hace acordar al Fútbol Para Todos", cuestionó. Además, Tundis se preguntó por qué el Gobierno no utiliza la base de datos para asignar la tarifa social a los jubilados que la necesitan, en vez de obligarlos a hacer un trámite para obtener ese beneficio.

Y es que la base de datos de la Anses tiene información fehaciente sobre unas 32 millones de personas e incluye detalles precisos sobre la composición del núcleo familiar, los ingresos y la vivienda de los beneficiarios de todos los planes sociales, las jubilaciones y las pensiones que paga el Estado. Su importancia es tal que los servidores que la contienen están protegidos contra cualquier contingencia, desde incendios o inundaciones, hasta accesos indebidos o sin autorización.

Por ello, la diputada del Partido Socialista Alicia Ciciliani no dudó en calificar de "peligroso" el uso de esa información por parte de la Jefatura de Gabinete. En sintonía, el legislador del PJ-Frente para la Victoria, Andrés Larroque, señaló que su espacio político sigue el tema "con profunda preocupación" y calificó a la resolución como "una amenaza clara y concreta a los derechos de los ciudadanos y por extensión a la democracia como tal".

A su vez, la diputada por Libres del Sur Victoria Donda reclamó que la información de la Anses sólo sea usada "para fines de políticas de Estado de carácter social" y advirtió: "Que el Gobierno lo use para políticas de publicidad de comunicación está mal, pero si encima tiene otra intención, que podría ser iniciar persecuciones internas, me parece peor y justifica otro tipo de intervención".

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, durante dos años la Anses remitirá periódicamente a la Secretaría de Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gabinete, su base de datos. Es decir, nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos.