La incertidumbre política amenaza con hacer caer el acuerdo Mercosur-UE

Comienza febrero y los funcionarios de diferentes ministerios comienzan a moverse en preparación a una nueva ronda de negociaciones a partir del 11 de marzo en Buenos Aires entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para arribar a la firma de un acuerdo de asociación estratégica en materia económica, política y de cooperación.

Pese a la reanudación de las discusiones, con Argentina en la presidencia del bloque sudamericano, la amplitud y sensibilidad de los temas que restan por resolver a nivel técnico, con impacto sobre diversas fuerzas económicas a un lado y otro del Atlántico, y la incertidumbre e inestabilidad política que vive tanto Latinoamérica como Europa, hacen difícil que se pueda esperar un resultado satisfactorio cuando las partes lleguen a la mesa.

El encuentro de marzo servirá para confirmar que de ambos lados sigue habiendo voluntad política para continuar las deliberaciones, sobre todo luego del recambio de gobierno en Brasil y la llegada de Jair Bolsonaro a escena.

Los europeos esperan ver una posición consolidada dentro de la unión aduanera, algo que no constataron durante la última ronda, el 17 y 18 de diciembre pasado en Montevideo. Si bien tomaron nota de la reunión bilateral del presidente Mauricio Macri y su gabinete con Bolsonaro y equipo, todavía demandan “coherencia entre los que dicen los políticos y traducen los técnicos, afirmaron diversos oficiales del bloque de 28 países en sus oficinas centrales en Bruselas.

“Hemos tomado nota del progreso hecho hasta el momento, pero aún hay temas pendientes muy difíciles que requieren arbitraje al interior del Mercosur , dijeron a El Cronista las mismas fuentes, que reclaman a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no llevar una posición común a las negociaciones.

Del otro lado, el Mercosur se halla en una posición de debilidad frente a la intransigencia europea, que considera haber presentado una muy buena oferta de mercados y cuotas, al tiempo que mantiene negociaciones abiertas con otros bloques competidores, como lo son Australia y Nueva Zelanda. Un pronto acuerdo con los oceánicos complicaría las cosas para la región.

Argentina presidirá las conversaciones que se inician el 11 de marzo

A las complicaciones habituales de una negociación de este calado se añaden diversos factores de inestabilidad e incertidumbre.

La UE se halla totalmente pendiente del efecto que tendrá el inminente Brexit, es decir, el retiro del Reino Unido de la mancomunidad europea. Sin un acuerdo adoptado por el Parlamento británico, todo indica que el 29 de marzo habrá una “salida dura con un claro impacto para Londres, pero también para la Europa continental, que perderá un socio clave por su desarrollo militar, su capacidad nuclear y su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A la vuelta de la esquina vienen las elecciones al Parlamento Europeo, en mayo. Cunde una profunda preocupación en Bruselas acerca del nivel de participación de los comicios, que viene a la baja y en esta ocasión podría quedar por debajo del 50% de la población habilitada a votar. Eso desprestigiaría aún más a las instituciones supranacionales, de por sí criticadas por su relativa eficacia y, también, por desconocerse su impacto directo en la vida diaria.

Por lo pronto, es improbable que en marzo haya acuerdo, y una nueva negociación tendría que suceder luego del verano europeo, ya con una nueva Comisión Europea (CE) a cargo . Pero entonces la Argentina y Uruguay comenzarán sus campañas electorales.

En Europa hacen apuestas acerca las chances de Macri y Cambiemos de reelegir, y evalúan qué podría pasar hacia adelante en caso de retornar al poder el kirchnerismo o alguna vertiente peronista.

Los servicios marítimos son uno de los temas pendientes del acuerdo

Entre muchos aspectos, los grandes temas por cerrar tienen que ver con las indicaciones geográficas de alimentos y bebidas, entre ellos los lácteos y bebidas alcohólicas; el resguardo de la propiedad intelectual en términos de licencias y patentes; las reglas de origen aplicadas a productos industriales, y el permiso o bloqueo de los servicios marítimos, entre otros. Este es el panorama:

• Indicaciones geográficas: Los europeos quieren por todos los modos evitar que entren a su mercado de 500 millones de habitantes productos con denominaciones o referencias a producciones locales. Una lista de 300 denominaciones en conflicto fueron reduciéndose a unas 30 que aún siguen siendo un obstáculo, como la comercialización de bebidas bajo el nombre “champagne , “cognac o “prosecco , exclusivos de bebidas de Francia o Italia. El tema de los quesos abruma, sobre todo, a los productores uruguayos.
• En materia de propiedad intelectual, afloran las sensibilidades de laboratorios y otras industrias del conocimiento. La UE reclama un uso exclusivo de los datos de pruebas que se elaboran para homologar, por ejemplo, un medicamento, lo que limitaría en la práctica el desarrollo de productos biosimilares o genéricos, hasta devenir en un cuasi monopolio de grandes corporaciones. Por ahora, el Mercosur reiteró que no avalará un cambio en la legislación que resguarda las patentes, los datos de prueba, los secretos comerciales y demás.
• Reglas de origen: lo que hace al comercio de manufacturas, sobre todo maquinaria, hay una gran distancia respecto a cómo aplicar reglas de origen que, básicamente, consisten en determinar cuándo un producto se considera sudamericano o europeo, y eso se mide –usualmente- según el porcentaje de piezas hechas en una u otra región. El Mercosur quiere impedir la triangulación de insumos de mercados más baratos, pero la UE sostiene que “las cadenas de valor son globales para justificar su postura.
• Servicios marítimos: el viejo continente quiere un libre acceso de sus buques de transporte de mercancías a los puertos sudamericanos. Pero el Mercosur excluye la chance de que naves de otras banderas trasladen bienes hacia y desde los países miembros, lo cual asegura un cierto monopolio y la supervivencia de la industria de la marina mercante en los cuatro países. Bruselas sostiene que eso contraría los estándares internacionales.