Domingo  10 de Marzo de 2019

La futura Ley de Defensa del Consumidor: más exigencias a empresas

La futura Ley de Defensa del Consumidor: más exigencias a empresas

La comisión Justicia 2020 presentó el anteproyecto de ley de defensa del consumidor (LDC), que impone importantes exigencias a las empresas, especialmente en el rubro de crédito de consumo, donde el propio proveedor de crédito es responsable de evitar que el consumidor caiga en el sobreendeudamiento.

La comisión trabaja en el ámbito del Ministerio de Justicia y presentó su trabajo a los ministros Germán Garavano, y a su par de Producción y Tabajo, Dante Sica.

Es una reforma de tal calibre que supondrá un desafío para las empresas. Estas deberán adaptar prácticas a estándares y reglas novedosos y muy exigentes, indicó Matías Ferrari, del estudio Cerolini & Ferrari.

Algunos de los cambios más relevantes incorporados en el anteproyecto, detalló Ferrari, son los siguientes:

Dispone de manera expresa que las reglas sobre información, publicidad, prácticas abusivas y seguridad son aplicables a quien se encuentra expuesto a una relación de consumo.

Incorpora el concepto de consumidores hipervulnerables, para quienes se acentúa el principio protectorio.

Deber de información. La regulación es más detallada y exhaustiva que la ley actual, ya que incorpora nuevo contenido a la información que debe suministrarse. Por ejemplo, información sobre riesgos, incertidumbres y cuestiones ambientales en tanto fueren pertinentes; sobre garantías y servicios de postventa y asistencia técnica; entre otros, e incluyendo nuevos deberes para el proveedor.

La sobreinformación, con cláusulas difíciles de comprender por el consumidor, se considera que también vulnera el deber de información que exige la Ley.

Trato digno y equitativo. El anteproyecto profundiza este concepto e incluye un catálogo de prácticas abusivas. Así, se catalogan como tales subordinar la provisión de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición o contratación simultánea de otro; ejecutar servicios sin la previa elaboración de presupuesto y autorización expresa del consumidor; negar o condicionar injustificadamente la adquisición de bienes o la provisión de servicios; entre otros.

Garantías. Entre las principales reformas, se exige que la voluntad del consumidor al contratar y extinguir la relación de consumo debe surgir de manera expresa y clara; se amplía el catálogo de cláusulas que se consideran abusivas; se reformula el sistema de garantías por la venta de productos y servicios, y se profundiza su regulación.

En ese sentido, se eleva el plazo de la garantía por los vicios en la calidad del producto o servicio a 6 meses cuando se trate de bienes muebles usados, y a un año cuando sean bienes muebles nuevos, y se articulan las garantías legales con las convencionales, entre otras modificaciones.

Además, una vez vencida la garantía, de todos modos el proveedor tiene obligación de poder proveer partes y repuestos por un plazo razonable según la naturaleza del bien.

En materia de conexidad contractual explicita otros efectos a los previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación, como incluir la posibilidad de que el consumidor exija la prevención del daño al tercero no contratante.

Operaciones de crédito

El anteproyecto introduce un catálogo de presunciones de existencia de contratos de crédito para consumo; se incorpora el principio de préstamo responsable a fin de prevenir el sobreendeudamiento, que impone un conjunto de deberes al proveedor de crédito; por ejemplo, indagar acerca de las necesidades del consumidor y asesorarlo; al tiempo que se regula el pagaré de consumo.

Se define el sobreendeudamiento del consumidor como la situación caracterizada por la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles, que compromete el acceso y el goce de bienes esenciales, y se exige a las autoridades que diseñen políticas para solucionarlo.

Los contratos de crédito para el consumo deberán celebrarse por escrito o en cualquier soporte electrónico. Las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están incluidas se tiene por no escritas. En principio, los intereses no son capitalizables, aún en caso de ejecución del crédito por vía judicial.

Según las circunstancias, constituirá una práctica abusiva el hecho de no imponer al consumidor de un desembolso inicial obligatorio en la operatoria de crédito y las autoridades deberán establecer políticas activas para neutralizar las prácticas empresarias que estimulen indebidamente el endeudamiento, dice el texto.

Derecho al pago anticipado. El consumidor puede ejercer, en cualquier tiempo, el derecho a la cancelación anticipada total o parcial del crédito o financiación acordados, sin que se acepten comisiones o compensaciones cuando haya transcurrido la cuarta parte del plazo original o 180 días corridos.

Se establece una prescripción de 3 años para todas las acciones judiciales y administrativas emergentes de la LDC.

Daño punitivo

Desde 2015 la multa por daño punitivo comenzó a superar por mucho los $ 50.000 en muchas sentencias, Y ahora el anteproyecto de LDC amplía la legitimación de los sujetos habilitados a solicitar su aplicación.

Por ejemplo, incorpora al Ministerio Público Fiscal y pueden ser aplicados de oficio por el juez. Además, pueden ser solicitados en el marco de procesos colectivos, se amplían los montos máximos de la sanción y se fija un mecanismo de actualización, a diferencia del régimen actual, donde la sanción es un monto fijo.

El daño punitivo es una sanción en dinero que un juez puede imponer al que ha incurrido en conducta grave que denote indiferencia o menosprecio por los derechos de terceros.

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