La emergencia alimentaria puede costarle al fisco más de $ 10.000 millones

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),  el monto de la erogacón depende de cómo se interprete un artículo del proyecto unificado opositor. En otra de sus variantes,  podría ser de $ 4061 millones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el establecimiento de la "Emergencia Alimentaria" que reclaman distintas organizaciones sociales y la oposición legislativa le costará al Estado más de 10.000 millones de pesos, según un documento al que tuvo acceso El Cronista.

Exactamente, el trabajo cifra en $ 10.489 millones el costo, a partir de un cálculo que parte del artículo 4 del proyecto de ley unificado que la oposición presentó antes de ayer y que dispone “un incremento de emergencia, como mínimo, del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición .

La OPC es un organismo desconcentrado del Congreso de la Nación, que tiene entre sus funciones y responsabilidades “realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a solicitud de dichas comisiones .

Según el organismo, depende de cómo se interprete el proyecto que ingresó la oposición, el costo fiscal de la medida podría ser de $ 4061 millones o $ 10489 millones. “De la lectura del artículo (4° del proyecto) podrían surgir dos escenarios posibles: 1. Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $ 10.489 millones. 2. Si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $ 4061 millones , indicó la OPC.

Desde ya que la Casa Rosada va a pelear desde mañana para que se interprete el menor costo fiscal. "Durante el debate va a haber interpretaciones distintas hasta el último minuto. La idea será llegar a un monto intermedio", comentaron desde el Gobierno. Otros creen que será más cercano a los $ 4000 millones, gracias a la reasignación de partidas presupuestarias.

La Casa Rosada planea llegar al debate este jueves con bajo perfil, ante la presión que ejercen los movimientos sociales que quieren acampar en la 9 de julio. Así lo acordaron los legisladores oficialistas tras reunirse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Hernán Lacunza (Hacienda) y Carolina Stanley (Desarrollo Social). “Terminaremos reasignando partidas por lo que no va a significar un incremento del gasto importante… No queremos aumentar el déficit , comentó el jefe del bloque PRO, el diputado Álvaro González. De hecho, esperan que este jueves tenga la aprobación de la Cámara Baja.

En cierto modo, el oficialismo busca que los gobernadores tomen partida en esa disputa, a fin de moderar el reclamo. Así lo resaltaron este martes en Casa Rosada los principales funcionarios del Poder Ejecutivo, en reserva, a los medios. Esta puja ocurrirá mientras el clima sobre la avenida 9 de julio entró en ebullición este miércoles, con enfrentamientos entre la Policía e integrantes de movimientos sociales que buscaron acampar a metros del Ministerio de Desarrollo Social. 

Tras la caída en las PASO, Macri tuvo que ceder con políticas sociales como eliminar el IVA de once productos de la canasta básica o esta semana de prometer un bono para trabajadores públicos y privados.

Pero estas medidas alejan cada vez más a Macri de sus compromisos asumidos ante el FMI, en especial, de bajar el déficit fiscal. Más aún, mientras espera que el Fondo anuncie el VI desembolso por u$s 5400 millones.

Según la Casa Rosada, cumplieron con todos los criterios del Stand-By Arrangement para este VI desembolso. Ahora bien, desde el 11 de agosto que Macri toma más medidas que van a contramano del programa, y el Fondo además necesita negociar con quien tiene más chances de llegar al sillón de Rivadavia: Alberto Fernández. Por eso será clave escuchar al vocero del FMI este jueves, quien dará indicios sobre cómo continúa el programa con la Argentina.

Para controlar este costo fiscal, el Gobierno recordó hoy (a través del informe de la OPC) que “por medio del artículo 6° se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional . Por consiguiente, “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’ . Por consiguiente, el oficialismo apostará a las reasignaciones presupuestarias pero querrá hacerlo en conjunto con la oposición, para que pague un costo.

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