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La UIF ya no coordinará más las políticas contra el lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) deja de ser el organismo coordinador de las Políticas contra el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y se crea una nueva área para atender "las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI)".
La creación del Programa fue dispuesta mediante el Decreto 360/2016 publicado ayer en el Boletín Oficial.
Así la UIF pierde la coordinación en el orden nacional, provincial y municipal, con facultades de dirección respecto de los organismos públicos y los restantes del orden nacional, para lo cual se nombrará un nuevo Coordinador Nacional.
Esas funciones las adquirió por decretos en 2011 y ahora se anularon esas normas porque la UIF hizo muy poco también en materia interinstitucional, dijo Alejandro Raíces, de RSM.
Las funciones del nuevo funcionario serán las siguientes:
n Coordinar el desarrollo de políticas públicas de los distintos organismos del sector público y personas o entidades del sector privado que tienen responsabilidades en la materia de prevención, detección y represión del lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación, con el objetivo de promover el funcionamiento de un sistema nacional efectivo.
n Realizar los análisis interinstitucionales a efectos de entender las modalidades e impacto de los delitos financieros vinculados.
n Elaborar los proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la efectividad del sistema nacional anti lavado y contra la financiación del terrorismo.
n Publicar indicadores que faciliten la revisión periódica de la efectividad del sistema anti Lavado de Activos y contra financiación del terrorismo.
n Capacitar y concientizar sobre la materia a los organismos del sector público y entidades o personas del sector privado.
n Fomentar acuerdos intersectoriales con el objetivo de identificar activos o bienes vinculados al crimen organizado y el terrorismo y proyectar un sistema de recuperación y administración de activos ilícitos.