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La Provincia declaró la emergencia en infraestructura y servicios públicos

Así, el gobierno de Vidal podrá acelerar los procesos de licitación y adjudicación de obra. El kirchnerismo, que votó en contra del proyecto de ley en ambas cámaras, cuestionó fuertemente la medida.

La Provincia declaró la emergencia en infraestructura y servicios públicos

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó hoy la ley que declara por un año la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. El proyecto, que fue sancionado por la legislatura el 31 de marzo, busca acelerar los procesos de licitación y adjudicación de obra pública.

Desde el gobierno de María Eugenia Vidal, explicaron “la necesidad de realizar con la mayor premura posible obras de infraestructura y servicios públicos”, como de saneamiento, viales, hídricas y edilicias, entre otras.

La ley fue muy cuestionada por el kirchnerismo – votó en contra en las dos cámaras-, porque habilita a Vidal a intervenir las empresas del Estado provincial. Así lo comunica el artículo 9, que autoriza al Ejecutivo “a disponer por el plazo de un año, prorrogable por única vez y por igual lapso, la intervención de todos los entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Provincial”.

Las críticas del bloque del Frente para la Victoria también se centran en otro de los artículos del proyecto, que establece que “la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Asesoría de Gobierno tendrán siete días para expedirse sobre las adjudicaciones de contratos. Si en ese plazo no emiten dictamen se entenderá que no existen objeciones”.

Por otra parte, el segundo ítem de la norma autoriza a los ministerios y secretarías del poder Ejecutivo provincial “a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que las mismas requieran, cualquiera sea la modalidad de contratación”. Estas acciones serán exceptuadas de la publicación en el Boletín Oficial, aunque los obliga a “efectuar la publicación de anuncios en el sitio web que determine la reglamentación”.

En cuanto a los contratistas, la ley autoriza a “diferir el requerimiento de la constancia de inscripción en el Registro de Licitadores y a considerar cumplimentado tal requisito con la presentación del certificado de inscripción del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP)”.

La iniciativa agrega que los ministerios y secretarías pueden “rescindir, renegociar y aumentar o disminuir hasta un 35% las prestaciones y montos del contratista particular con relación a los contratos existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente”.