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La Oficina Anticorrupción denunció sobreprecios de 2600% en la UIF

Es en las obras de refacción realizadas en 2014 en un edificio de la Unidad de Información Financiera.

La Oficina Anticorrupción denunció sobreprecios de 2600% en la UIF

La Oficina Anticorrupción  denunció hoy presuntos sobreprecios de 2.600 por ciento en las  obras de refacción realizadas en 2014 en un edificio de la  Unidad de Información Financiera (UIF) ubicada en el centro  porteño.

El organismo dirigido por Laura Alonso realizó la presentación  ante la C mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y  Correccional Federal luego de recibir la información de parte del  actual presidente de la UIF, Mariano Federici, y de la  vicepresidenta, María Eugenia Talerico, sobre la contratación  llevada a cabo durante la gestión de su antecesor, José Sbatella.

Según precisó la OA, en septiembre de 2013 la Unidad de  Información Financiera alquiló dos pisos del edificio ubicado en  Cerrito 264 por 120 mil pesos por mes. En 2014, realizó una licitación para refaccionar ese lugar  por un total de 27 millones de pesos, que fue adjudicada a la  empresa Bebanato SA.

Federici y Talerico manifestaron a Alonso que “las obras no  fueron terminadas y que los precios contratados fueron  injustificadamente superiores a los de mercado, llegando al 2.671,22 por ciento de sobreprecio”.

Las obras debían finalizar en mayo de este año cuando el  alquiler finalizaba en septiembre, por lo que la OA apuntó que “las autoridades de ese momento no tuvieron en cuenta que se  invertirían 27 millones de pesos para usar el edificio renovado  durante sólo cinco meses”.

Finalmente, las actuales autoridades de la Unidad de Información Financiera señalaron que por convenio las obras de  refacción debían ser auditadas por la Universidad Nacional de La Plata y denunciaron que la casa de altos estudios “no estimó el costo de las contrataciones pese a haber cobrado por el trabajo”.

La OA consideró que los hechos denunciados “constituirían una  defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la  administración pública o, al menos, un incumplimiento de los  deberes de funcionario público”.