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La Justicia suspendió la audiencia por la tarifa del subte y se frena el aumento

El encuentro para tratar el precio del boleto estaba previsto para mañana y la idea del Gobierno era que la suba comenzara regir el 1 de abril. Según los legisladores opositores que presentaron el amparo, en los hechos queda momentáneamente aplazado el incremento.

La Justicia suspendió la audiencia por la tarifa del subte y se frena el aumento

La Justicia porteña hizo hoy lugar a una medida cautelar presentada por legisladores de la oposición de la Ciudad y dispuso suspender la realización de la audiencia pública convocada para mañana, donde se resolverían los valores de las tarifas técnicas y la modificación del cuadro tarifario para el servicio de subterráneo.

La medida la tomó el juez Guillermo Scheibler, subrogante del juzgado Nº 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, debido a que “la difusión de la convocatoria a audiencia pública fue realizada de un modo parcial e incompleto, omitiendo la fecha, lugar y horarios para consultar relevante información necesaria para que los interesados puedan ejercer su derecho a una participación plena y en igualdad de condiciones”.

El Gobierno porteño tenía previsto subir, a partir del 1° de abril, a 11 pesos, desde los actuales 7,50, el boleto de subte. El plan era llevarlo en junio a 12,50 pesos, es decir un aumento total de 66%.

La decisión del magistrado se circunscribe solamente a los defectos de la convocatoria, en correspondencia con el objeto de la cautelar. No tiene alusiones de ningún tipo sobre los aumentos, su razonabilidad, o algún otro aspecto referido a la tarifa.

Sin embargo, el legislador del PTS - FIT en la Legislatura porteña, Patricio Del Corro, uno de los autores, junto con Miryam Bregman, también legisladora del PTS - FIT, del amparo, aseguró a El Cronista que el aumento, que se pensaba comenzara a regir el 1° de abril, quedará en los hechos suspendido: "Seguramente el Gobierno va a apelar, pero aún así, con las observaciones del juez sobre los defectos de la convocatoria, no hay tiempo material para que logren subir el valor del boleto para la fecha que pretendían".

Desde Sbase, (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado),  la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, aseguraron a El Cronista que la "medida se apelará".

"Vamos a apelar y como mucho el aumento se dará de una sola vez con perjuicio a los impuestos de los vecinos que subsidian el servicio", advirtieron fuentes de Sbase. 

Del Corro dijo, a su vez, que no aspiran a frenar el aumento del subte con cautelares. Consciente de una experiencia que indica que, en otras oportunidades, las cautelares sólo aplazaron por un tiempo el aumento, el legislador advirtió que la "idea con la medida que impulsamos es que acompañe un proceso de movilización social; queremos también ayudar a una discusión pública sobre cuestiones de fondo, como por ejemplo, en manos de quién debe estar el servicio, si es necesario que lo gestione un privado, con qué costos, con qué ganancias".

Además de Bregman, acompañaron a Del Corro en la presentación Brenda Hamilton, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras;  Marilina Arias, integrante de la comisión directiva del sindicato de docentes porteños, Ademys, y Claudio  Dellecarbonara, de la directi va del Sindicato del Subte (Metrodelegados).

Para apoyar su decisión, Scheibler recordó -según citan extractos en el portal Ijudicial- un fallo reciente de la Corte, “que en esta materia la participación de los usuarios debe ser garantizada en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación de las tarifas de los servicios públicos”.  Y recordó que según el Máximo Tribunal de Justicia “recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial es un elemento fundamental del derecho de los usuarios, en tanto presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que se adopten por parte de las autoridades públicas en relación con la tarifa de los servicios públicos”. En esta línea, la Corte Suprema también recalcó que “esos elevados fines institucionales presuponen condiciones de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente se persigue es profundizar el fiel ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática, y no acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal de instituciones nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente aumentan sus credenciales democráticas y que solo pretenden legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad”.

Entre otras cosas, Scheibler criticó “que la convocatoria efectuada por el decreto 32-GCBA-2018 prevé dos lugares y dos plazos distintos para consultar información diversa”, porque “esta sola particularidad constituye ya de por sí un engorro para quienes deseen participar de la audiencia pública pues deben concurrir a lugares distintos en fechas distintas para acceder a la información que les permita un intervención plena y en igualdad de condiciones”. El magistrado sostiene que “la normativa constitucional y legal aplicable a la materia impone “facilitar” la participación y no convertirla en una carrera de obstáculos”.

“Sin embargo, lo que constituiría (…) un vicio grave en el procedimiento de la audiencia pública está dado por el hecho de que en toda la difusión realizada a fin de poner en conocimiento de la ciudadanía la realización de la audiencia pública se ha omitido todo tipo de información acerca de cómo, cuándo y dónde acceder a la información y documentación de los componentes de la tarifa técnica. Esto es, que ésta relevante información y documentación se encontraba disponible en Agüero 48 los días 24 y 25 de enero de 2018 y 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de febrero de 2018 de 10 a 16 horas”, resaltó el magistrado.

De acuerdo a lo que consigna el magistrado en su fallo, en su defensa, el Gobierno porteño y Sbase no se refirieron a la sustancia de la cautelar sino que se limitaron a exponer “sobre la inconveniencia” de adoptarla, ya que “de dictarse –afirman– se traduciría en la afectación del interés general, ya que se imposibilitaría ejecutar nuevas obras de mantenimiento y cuidado que garanticen la prestación de un servicio público adecuado”. 

Sin embargo, como relata el juez, el GCBA consideró en su descargo que “actuó siempre de acuerdo a la normativa vigente, habiendo ceñido sus procesos y procedimientos a la normativa vigente. Entiende que no se verifica acto u omisión alguna de su parte que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos de raigambre constitucional”.


 

 

Hace Lugar a Medida Cautelar Autonoma by Cronista.com on Scribd

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Comentarios1
Walter Martinez
Walter Martinez 05/03/2018 07:05:31

que siga la joda de los llorones de los porteños en el interior pagamos 11 pesos el colectivo