La Justicia suspende las regulaciones de la IGJ a las SAS a través de una medida cautelar

Un fallo judicial hizo lugar a un pedido de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que argumentó que las regulaciones violaban la Constitución. Anula siete resoluciones generales de la dependencia del Ejecutivo, entre las que destaca la suspensión de trámites digitales, multas y limitaciones a administradores extranjeros.

La Justicia suspendió las siete regulaciones impuestas por la Inspección General de Justicia (IGJ) que afectaban la constitución y el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), más conocidas como sociedades exprés, a través de una medida cautelar tomada a partir de un pedido de amparo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

La decisión fue tomada por el juez Horacio Robledo, titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Comercial N°24, tras el pedido elevado por la organización en mayo que solicitaba limitar el accionar del IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, y, por ende, del Poder Ejecutivo.

ASEA argumentó en aquella oportunidad que las normas de la IGJ "no respetaba la división de poderes", dado que el Poder Ejecutivo "no puede derogar o modificar una ley votada en el Congreso Nacional".

Según sostiene el amparo de los emprendedores, las resoluciones de la IGJ violan 17 artículos de la Constitución Nacional, con lo que representa "un exceso reglamentario e inconstitucional".

Entre las resoluciones generales (RG) de la IGJ afectadas se encuentra la suspensión de los trámites digitales, los libros on line y la vuelta al papel; la imposición de multas; la limitación a administradores extranjeros, y la imposición de requisitos no dispuestos por ley. El fallo regirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

"Esta medida cautelar es sumamente importante para todas las pymes y emprendedores, ya que restablece la aplicación de la Ley de los Emprendedores, aprobada por unanimidad en 2017 y suspendida de forma ilegal por la Inspección General de Justicia", resaltó Alejandro Ramírez, responsable de Políticas Públicas de ASEA.

La Ley de Emprendedores fue aprobada en el Congreso en marzo de 2017, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en busca de desregular el segmento. Desde entonces se registraron alrededor de 30.000 empresas bajo el traje legal de SAS, que entre otras cosas permitía consumar su apertura en apenas 24 horas, y generaron más de 47.000 puestos formales.

Puntualmente, la medida cautelar suspende los efectos de las siguientes resoluciones generales:

El fallo

 

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