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SÁBADO 23/03/2019

La Justicia ordena la detención de trapitos y manteros hallados 'in fraganti'

La Fiscalía general de la Ciudad estableció que los cuidacoches y vendedores ambulantes podrán ser detenidos por "resistencia a la autoridad", una vez llamados a cesar en su accionar. Este jueves, la Legislatura porteña vota endurecer las penas

La Justicia ordena la detención de trapitos y manteros hallados 'in fraganti'

La Justicia porteña instruyó a la Policía de la Ciudad para que detenga y encarcele a los cuidacoches y vendedores ambulantes que, luego de ser advertidos y llamados a cesar en su actividad, sean encontrados nuevamente en flagrancia.

El fiscal general adjunto a cargo de la fiscalía general, Luis Cevasco, emitió la semana pasada la resolución 552/2018 en la cual esclarece el proceder de las fuerzas policiales para con los manteros y trapitos, a los que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pretende erradicar de la capital federal.

Al momento, según el artículo 79 del Código Contravencional porteño, solo puede detenerse a un "trapito" cuando se demuestra que "exige retribución" por el estacionamiento o cuidado de un coche en la vía pública. Eso podría cambiar este jueves, cuando la Legislatura trate una modificación del código promovido por el Poder Ejecutivo para punir a quien "ofrece" el cuidado del vehículo o vende bienes en las veredas.

Anticipándose a la segura aprobación de los cambios, Cevasco estableció que "las personas que incurren persistentemente en conductas contravencionales flagrantes", como los trapitos, manteros y otros vendedores ambulantes, a las cuales no se podía detener, sean ahora sometidas a lo dictado por el artículo 239 del Código Penal, de alcance nacional, que establece la "prisión de 15 días a un año al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones"

Según la norma instruida por el fiscal, "cuando se verifique que personas incurren en flagrantes conductas contravencionales en la vía pública, además de iniciar la actuación correspondiente, se las deberá intimar a no reiterarla bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia y en caso de advertirse la persistencia en la conducta en cuestión, deberá procederse en los términos del artículo 239 del Código Penal", que estipula la detención. 

En el caso específico de los trapitos, Cevasco estableció que "quien ejerce la actividad de cuidacoches en el espacio público de manera lucrativa" queda alcanzado por el artículo 84 del Código Contravencional, que castiga la ocupación de la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa, y resolvió que "se deben labrar actuaciones según el artículo 149 bis del Código Penal", que fija pena de seis meses a dos años de prisión, ampliable a cuatro años si se "hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

La disposición del fiscal general adjunto se hizo pública un día después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, resolviera la puesta en vigencia del reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, lo cual levantó la crítica de organismos de derechos humanos e incluso aliados de Cambiemos.

Resistencias al proyecto

La bancada de Unidad Ciudadana y el Bloque Peronista de la Legislatura porteña emitieron un dictamen de minoría pidiendo el archivo del proyecto de Rodríguez Larreta por considerar que lo que se planea tratar este jueves "constituye una de las modificaciones más regresivas de la normativa contravencional porteña promulgada en el año 2004".

El dictamen de minoría también alerta sobre la "mayor discrecionalidad" que se otorgaría a la Policía de la Ciudad a la hora de intervenir y critica "el perfil represivo que ha adquirido esta fuerza", a la vez que "deja al descubierto la definición del Poder Ejecutivo de reforzar el mandato punitivista".

En tanto, Omar Guaraz, secretario del "Sindicato de Vendedores Ambulantes", que se identifica con la CTA de Hugo Yasky, criticó la resolución de Cevasco por considerar que el fiscal "considera delincuentes a los miles de vendedores callejeros y trabajadores informales que despliegan a diario estas actividades como único media de subsistencia", y apuntó contra Larreta por "ocasionar el vandalismo y terror estatal".