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La Justicia limitó comisiones de alquileres mientras la oposición reclama regularlos

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario declaró ilegal el cobro de más de un mes de comisión. La Legislatura aún no trató varios proyectos

La Justicia limitó comisiones de alquileres mientras la oposición reclama regularlos

La Justicia porteña tomó una resolución que, al momento, no se animaron a efectuar ni los 60 ediles que tiene la Legislatura ni el Poder Ejecutivo de la Ciudad a través de sus múltiples organismos. Un fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario declaró ilegal una resolución que habilitaba a las inmobiliarias a cobrar más de un mes de comisión en los alquileres y fijó los honorarios de los intermediarios inmobiliarios en no más del 4,15% del valor total del contrato, siempre que se trate de inmuebles que servirán como vivienda única.


El fallo pone en línea al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), que a principios del año pasado había autorizado a las inmobiliarias a cobrar a los inquilinos, por su mediación en una operación de alquiler, hasta dos meses o más de comisión. Pero en paralelo, mientras la Justicia dirimía el asunto, en la casa de las leyes de la Ciudad se acumularon más de diez proyectos para regular la intermediación inmobiliaria o incluso ofrecer mejores condiciones para alquilar. Ninguno avanzó.


Según Javier Gentilini (FR), en el último año "no hubo voluntad del Ejecutivo por favorecer la situación de los inquilinos". El legislador massista sostuvo que la Comisión de Vivienda, de la que es vicepresidente, estuvo "casi frenada" por decisión de su titular, Lía Rueda (PRO), que solo convocó a reuniones cuando se debían tratar proyectos vinculados a la urbanización de las villas. A la espera de voluntad política, la mayoría de las fuerzas políticas presentaron proyectos sobre el tema:


- Tope a las comisiones a inquilinos: Adrián Camps (Socialista Auténtico) propuso modificar la ley 2340, que regula el corretaje inmobiliario en la Ciudad, de modo que no se pueda cobrar comisiones a inquilinos que alquilan viviendas administradas por inmobiliarias.


- Multa por abusos: María Rosa Muiños (Bloque Peronista) sugirió aplicar multas a los corredores que cobren comisiones por encima de lo establecido en la ley 2340. Estipulaba multas e incluso suspensiones.
- Boletas separadas: Magdalena Tiesso (FPV) pidió a la AGIP imprimir boletas diferenciadas de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) y del Impuesto Inmobiliario. Sucede que ambos tributos llegan juntos, lo que se presta a confusión y a abusos. El ABL es pagado por el inquilino, mientras que el Inmobiliario es un gravamen al propietario.


- Alquileres para ancianos: Roy Cortina (PS) presentó un proyecto de ley para crear el Programa Alquiler Mayor, de facilidades para jubilados con ingresos mínimos.


- Comisiones claras: Diego García de Vilas (Confianza Pública) propuso que se exhiban carteles referidos a los gastos de comisión de alquiler. Otro texto suyo pretende facilitar garantías para jubilados y pensionados.
- Derechos exhibidos: Natalia Fidel (Suma+) anunció el envío de un texto para poner tope a las comisiones y exigir que se exhiban en vidrieras los derechos de los inquilinos.


- Desdolarización del mercado inmobiliario: José Luis Acevedo (PRO) propuso que los corredores inmobiliarios publiquen sus ofertas de inmuebles en Unidades de Vivienda (UVI), creadas por el Banco Central, a fin de ir contra la dolarización del mercado, que es "contraproducente para los consumidores".


- Inmuebles ociosos: Gustavo Vera (Bien Común) insiste con crear un impuesto a las propiedades que no se habitan ni se alquilan, de modo de reducir la "especulación inmobiliaria".


Los proyectos en danza implican, en su mayoría, tocar los intereses del sector inmobiliario. Desde el oficialismo rechazan ciertos artículos de estos proyectos, argumentando que el mercado inmobiliario es uno de los principales sectores a la hora impulsar una reactivación económica, por lo que "una política coercitiva" sería "desalentadora de la actividad".


Por ahora, la mira del Gobierno está en los sectores medios bajos, a los que ofrece el programa Alquilar se Puede, con el que se dan soluciones a las típicas barreras de entrada: garantía propietaria, costos iniciales, ausencia de ingresos formales o los valores de renta por encima de lo que es posible pagar.