Domingo  09 de Febrero de 2020

La Justicia investiga cómo ingresó al país un hombre de Maduro sobre el que pesaban sanciones

Jorge Rodríguez estuvo presente en el traspaso de mando, a pesar de que la Argentina había tomado un compromiso internacional de impedirle el tránsito. La gestión saliente hizo la vista gorda a pedido de Alberto.

La Justicia investiga cómo ingresó al país un hombre de Maduro sobre el que pesaban sanciones

La Justicia federal lanzó una investigación para establecer las responsabilidades y la eventual comisión de algún delito en referencia al arribo al país de un funcionario del gobierno de Nicolás Maduro con ocasión de la ceremonia de traspaso de mando presidencial e inicio del mandato de Alberto Fernández.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, investiga cómo fue que se le permitió entrar al país a Jorge Rodríguez Gómez, ministro para la Información y la Comunicación de Venezuela, sobre el que pesaba una restricción de ingreso que el Gobierno, por entonces ejercido por Mauricio Macri, había puesto en vigencia en marzo, y que se había reforzado días antes del traspaso de mando.

Jorge Rodríguez fue incluido el 3 de diciembre de 2019 en una "lista negra" de personajes del chavismo a los que la Argentina y otros países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) -entre ellos, Estados Unidos, Brasil, Chile y Paraguay- se comprometieron a restringirles el tránsito y congelarles activos en entidades financieras de su jurisdicción.

De allí que su asistencia a la ceremonia de traspaso generara revuelo e incluso la abierta crítica del asesor del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien se encontraba en Buenos Aires para la ocasión, y se retiró antes de tiempo en señal de protesta.

En verdad, el Frente de Todos había anunciado públicamente durante la etapa de transición que no habría invitados de Venezuela, siendo que la anterior gestión había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado mientras los que llegaban iban a retirarle poco después ese status, ni de Bolivia, por el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales.

Sin embargo, Rodríguez y otras figuras del régimen -entre ellas Stella Lugo, que funge como embajadora de Venezuela sin reconocimiento oficial- llegaron al Aeropuerto de Ezeiza el 9 de diciembre por la noche, a bordo de una aeronave de una empresa turca que cubre regularmente la ruta Caracas-Estambul.

El Cronista pudo saber que Venezuela había requerido oficialmente el 1° de diciembre permiso de sobrevuelo del espacio aéreo argentino para tres aeronaves militares, dos Airbus 319 y un Embraer 190, que transportarían diversas figuras para la jura. Pero advertidos de las sanciones fijadas en el TIAR, la nación caribeña decidió retirar la solicitud. De allí que se especule en que el periplo adoptado se haya acordado a último momento.

La presencia del venezolano en la jura hizo que el enviado de los Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, se retirara antes de tiempo, indignado.

Habiéndose radicado la denuncia anónima el 19 de diciembre, la fiscalía a cargo de la investigación libró exhortos cuatro días después a la Cancillería y a Migraciones, según supo este diario por fuentes judiciales, políticas y diplomáticas.

El ministerio de Exteriores informó que no le fue requerida ninguna gestión para el ingreso de los venezolanos, si bien aclaró que el 5 de diciembre, antepenúltimo día hábil de la gestión Macri, notificó a Migraciones de la nueva sanción acordada a nivel regional.

En tanto la Dirección Nacional de Migraciones, pese a haber transcurrido más de 40 días, no dio aún respuesta al requerimiento judicial. Quien fue director de Migraciones hasta el 10 de diciembre, Horacio García, se negó a comentar el episodio a este diario, mientras que en la actual conducción se limintaron a reconocer que "se hizo el registro informático de su ingreso al territorio nacional conforme al protocolo general vigente aquel 9 de diciembre". 

Cerca del exministro del Interior, Rogelio Frigerio, de quien dependía Migraciones, admitieron que se obvió la restricción en base a una decisión "totalmente política del gobierno entrante", y sumaron: "El presidente quería que Rodríguez estuviera presente".

En Casa Rosada, los encargados las invitaciones aseguraron que ni el canciller Felipe Solá, ni el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, ni la vicepresidenta Cristina Kirchner intervinieron en el tema. Más bien, apuntaron al chileno Marco Enríquez-Ominami, asesor en las sombras en materia de política exterior y gestor del Grupo de Puebla, como el encargado de ejecutar el deseo presidencial.

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Revista Infotechnology